La Legislatura de Neuquén retomó su actividad con tres proyectos de Figueroa

La Legislatura de Neuquén dio ingreso en la sesión de este miércoles a tres proyectos de ley enviados por el gobernador Rolando Figueroa. Dos de ellos son para que se lo autorice a tomar créditos, destinados a obras de infraestructura, por hasta 150 millones de dólares cada uno.

Además, la Cámara prestó acuerdo a las designaciones de Rocío Rivero como fiscal del caso de Neuquén capital y de Emilia Mayer como defensora pública civil de San Martín de los Andes.

De los tres proyectos girados por Figueroa, uno es la ratificación del acuerdo con las operadoras del sector hidrocarburífero para la pavimentación de 51 kilómetros del bypass de Añelo, que conectará las rutas provinciales 8 y 17. La iniciativa fue derivada para su tratamiento a las comisiones de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte (F), Asuntos Constitucionales y Justicia (A), y Hacienda y Presupuesto (B).

También ingresaron dos proyectos del Ejecutivo para pedir autorización a la Legislatura a realizar dos operaciones de crédito público con organismos internacionales. Uno es para obras viales destinadas al desarrollo turístico y el otro para infraestructura urbana, por hasta 150 millones de dólares cada uno. Ambas iniciativas recibirán tratamiento parlamentario en las comisiones A y B.

Legislatura 1

El monto del préstamo con el BID se destinará al Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat que afrontará obras de infraestructura urbana: servicios básicos, espacio público y equipamiento; obras viales, de movilidad sostenible y de equipamiento de transporte público, y proyectos de regularización dominial de la tierra y la propiedad en barrios populares, capacitaciones y mejora de las herramientas e instrumentos de planificación y reglamentación urbana.

Detalles

El articulado de la autorización contempla la posibilidad de incrementar en 100 millones de dólares la autorización de endeudamiento dispuesta por la ley 3434, a fin de restituir el monto utilizado para la operación de crédito público concertada con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobado por decreto, quedando su límite máximo nuevamente fijado en 500 millones de dólares.

En tanto, la suma adquirida a través de la operación con el BIRF se destinará al Proyecto Infraestructura Resiliente para el Desarrollo Económico Regional y la Creación de Empleo -Fase 1– orientado a fomentar el desarrollo económico regional y la creación de empleo en el turismo y sectores relacionados. El mismo apunta a optimizar la conectividad y el acceso a destinos claves, la mejora de ciertos sitios turísticos y fortalecer la capacidad institucional para el desarrollo del turismo.

Legislatura 2

Además, la propuesta faculta al Ejecutivo a modificar el destino de los montos a fin de aplicarlos, todos o parcialmente, a responder a una crisis o emergencia elegible, definida como "un evento que ha causado, o es probable que cause de manera inminente, un impacto económico y/o social adverso importante asociado con crisis o desastres naturales o provocados por el hombre”.

En cuanto a los términos y condiciones, en ambos casos se prevé un plazo total (incluido el plazo de gracia para el pago de capital) de hasta 32 años a partir de la fecha de entrada en vigencia del instrumento; un plazo de gracia para el pago de capital de hasta siete años y una tasa de interés y comisiones que serán aquellas que se convengan en los instrumentos que concreten las operaciones, de acuerdo con los criterios usuales utilizados y publicados por dichos organismos para la línea de crédito de que se trate.