Planes sociales: arranca el juicio de cesura y el fiscal Vignaroli va por penas más duras sin el foco en el MPN
Desde este martes y hasta el 1 de diciembre, se define la pena de los 12 condenados. La fiscalía busca prisión efectiva y logró sumar 12 nuevos testigos.
El fiscal jefe Pablo Vignaroli y la asistente letrada Agustina Jara.
Comenzó en Neuquén este martes la etapa de cesura del histórico juicio por la estafa con planes sociales, dejó más de mil millones de pesos desviados de la asistencia estatal. Será la instancia en la que se definan las penas que deberán cumplir los 12 condenados por “administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública”.
La audiencia se extenderá hasta el lunes 1 de diciembre y estará nuevamente a cargo de los jueces Juan Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, quienes condujeron las más de 30 jornadas del juicio oral, uno de los más extensos de la historia judicial neuquina.
La novedad es que, tras las quejas e impugnaciones del fiscal jefe Pablo Vignaroli, un tribunal le dio finalmente la razón y autorizó la incorporación de 12 nuevos testigos, pese a la resistencia explícita de todas las defensas, que también aportará los suyos. Con esta evidencia adicional, la fiscalía buscará elevar las penas -incluso con prisión efectiva- para los principales responsables.
Juan Manuel Kees, el juez de la estafa con planes sociales, argumentó técnicamente porqué no correspondía el delito de asociación ilícita a los 12 condenados.
El veredicto dejó afuera la figura de asociación ilícita, pero declaró culpables a 12 personas por distintos grados de participación en la maniobra. Por coautores de la estafa, quedaron el ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, Tomás Siegenthaler, Ricardo Soiza, Luis María Gallo, Laura Reznik, Julieta Oviedo, Pablo Sánz, Y en cuanto a partícipes primarios están Valeria Honorio, Isabel Montoya, Marcos Osuna, Emmanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury.
Las defensas estarán a cargo de los abogados particulares Pablo Gutiérrez, Gonzalo Rodríguez, Fabián Flores, Carlos Fernández Alfredo Cury, además de los defensores públicos Laura Giuliani, Carolina Johansen y Juan Pablo Piombo.
Estafa con planes sociales: la discusión de atenuantes y agravantes
El Código Penal fija un mínimo y un máximo para cada delito. Durante la cesura se evalúan los atenuantes y agravantes que permitirán ubicar cada pena dentro de ese rango. Para la fiscalía, uno de los agravantes centrales es la extensión del daño causado, especialmente por tratarse de fondos destinados a sectores vulnerables.
Para acreditar esta línea, declarará Vanina Barrionuevo, subcontadora de la Contaduría General de la Provincia (estuvo abajo de Esther Ruiz). Su testimonio apuntará a mostrar cómo los recursos desviados mes a mes estaban directamente vinculados con el deber estatal de asistencia social.
Parte del los defensores del juicio por los planes sociales en Neuquén.
Para la Fiscalía de Estado, en representación del adjunto Gustavo Kohon hubo perjuicio para los más vulnerables, en tantgo que Barrionuevo detallará el impacto administrativo que tuvo la sustracción sistemática de fondos públicos.
En el juicio principal, los jueces rechazaron que los acusados se hubieran enriquecido con la estafa y concluyeron que el dinero se destinó a financiar actividades político partidarias del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Sin embargo, Vignaroli cambió su estrategia.
Las peritos contables Agustina Martínez y Melisa Benítez Jacood volverán a declarar para aportar datos sobre las inversiones, bienes y movimientos financieros de algunos imputados. La hipótesis de la fiscalía ahora es que quienes tenían altos niveles de gasto e inversión no tenían necesidad económica de delinquir.
Ese razonamiento también se aplicará a los viajes al exterior de Siegenthaler y Cury, sobre los que declarará personal de Migraciones. Vignaroli aclaró que no se busca probar que dichos viajes se financiaron con dinero ilícito, sino que reflejan un nivel económico incompatible con la supuesta necesidad de cometer delitos.
Los antecedentes personales: el dinero de los cheques
En la cesura también se incorporarán policías que participaron en una vieja denuncia presentada por Soiza contra Isabel Montoya y el fallecido dirigente social Héctor “Zapallito” Molina. Según el fiscal, Montoya y Molina eran pareja -algo que ella negó en el juicio- y en 2016 irrumpieron de manera violenta en una entrega de cheques a beneficiarios en Centenario. Montoya recibió una probation, lo que no implica condena, pero sí constituye un antecedente relevante.
“Queremos acreditar que ya desde esa época estaba involucrada en situaciones relacionadas con planes sociales y ciertas conductas de presión”, sostuvo Vignaroli.
Con 12 condenados, más de mil millones de pesos desviados y una trama que vinculó a exfuncionarios, dirigentes barriales y operadores políticos, el juicio de cesura será decisivo para cerrar una causa sacó a la luz funcionamiento interno de una red de manejo fraudulento de planes sociales en Neuquén.
La fiscalía pedirá penas más altas y prisión efectiva para los jefes de la maniobra. Las defensas, en cambio, buscarán morigerar los agravantes y discutir la pertinencia del nuevo paquete de testigos.
Todo se definirá en seis días de audiencias que prometen ser tan tensas y reveladoras como el juicio principal.
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