Planes sociales, el juicio de cesura: 33 testigos podrían agravar las penas a los condenados

En una nueva audiencia del juicio por las estafas con planes sociales en Neuquén, el fiscal del caso Juan Narváez, junto con las asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid, expusieron la postura del Ministerio Público Fiscal en el inicio del debate destinado a fijar la pena que corresponderá imponer a las personas declaradas responsables por el tribunal.

La Fiscalía de Estado, que comparte la acusación, intervino a través del abogado querellante Gustavo Kohon.

Durante la jornada de este martes, hubo tiempo para los alegatos de apertura y, de ese modo, anticipar la prueba que se producirá en los próximos días. Antes, el tribunal rechazó una serie de planteos de una de las defensas.

Planes Sociales - Cesura (10)

Respecto de la prueba que presentará la fiscalía, parte de ella había sido rechazada inicialmente por un juez de garantías. No obstante, tras una impugnación presentada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, el Tribunal de Impugnación anuló esa resolución al considerar que no se le había permitido al Ministerio Público Fiscal responder a los planteos de la defensa durante la audiencia en la cual se definía la prueba para esta etapa del proceso. La semana pasada, otro juez de garantías, Lucas Yancarelli, admitió la prueba objetada y habilitó su incorporación al juicio de la pena.

Estafa con planes sociales: el período de investigación

En total, el Ministerio Público Fiscal tendrá 33 testigos, entre ellos las dos contadoras de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, quienes realizaron parte de las pericias técnicas utilizadas durante la investigación y que resultaron relevantes para la acusación.

Cuando se debatió la responsabilidad, los jueces Juan Guaita, Luciano Hermosilla y Juan Manuel Kees concluyeron que, en el marco de las imputaciones por estafas con planes sociales. Al mismo tiempo, los integrantes del tribunal descartaron la figura de asociación ilícita propuesta por el Ministerio Público Fiscal.

Al inicio de la jornada, el tribunal debió resolver varios planteos presentados por Alfredo Cury, el abogado de Ricardo Soiza en cuanto las medidas cautelares de su defendido y la solicitud de una suspensión de juicio a prueba, planteos que finalmente fueron rechazados por el tribunal.

Al momento de los alegatos de apertura, y considerando que la escala penal para este delito tiene un mínimo de dos años y un máximo de seis, la fiscalía anticipó que en todos los casos solicitará penas de cumplimiento efectivo, es decir, de más de tres años de prisión. Por su parte, las defensas plantearon que solicitarán que las penas no se aparten del mínimo de dos años de ejecución condicional y subsidiariamente de 3 años (también de cumplimiento condicional).

En la jornada de este miércoles comenzará la producción de prueba y se prevé que esta etapa del juicio se extienda hasta el lunes 1 de diciembre.

Para esta instancia, se reservaron fechas de audiencia hasta el 5 de diciembre, ya que cada una de las partes presentará su prueba testimonial y documental con el fin de sostener sus respectivos pedidos de pena, que serán formulados durante los alegatos de cierre. Según lo adelantado en audiencias previas, la fiscalía requerirá penas de prisión efectiva, mientras que las defensas intentarán ubicarse en los mínimos legales con el objetivo de obtener penas de ejecución condicional.

SFP Juicio Estafa Planes Sociales tarjetas (26)

Las maniobras defraudatorias se cometieron entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022, por un monto histórico de $153.377.900, a partir de la administración y cobro indebido de asignaciones creadas para atender situaciones de desempleo.

Los cobros se realizaban mediante el uso de tarjetas de débito otorgadas a beneficiarios de los programas sociales. En algunos casos colaboraban, pero en otros ni siquiera sabían que figuraban como titulares. La maniobra comenzaba con el reclutamiento de beneficiarios, a quienes luego se les retenía la tarjeta. Estas personas se quedaban con una fracción del subsidio -en algunos casos alrededor de 49 mil pesos- y el resto se destinaba, de acuerdo con la teoría fiscal, a referentes políticos del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

El funcionamiento de la maniobra requería un entramado administrativo y operativo en el que participaban distintos integrantes con roles definidos.

Condenas previas: zafaron y colaboraron

Antes del juicio fueron condenadas nueve personas, quienes reconocieron su participación en la organización y optaron por no discutir la imputación. Aceptaron haber realizado tareas como retirar dinero de cajeros automáticos o cobrar cheques para luego entregar la recaudación a quienes tenían mayor jerarquía.

Se trata de Gustavo Roberto Mercado, Aarón Escobar, Carolina Beatriz Hernández, Pamela Alejandra Rivera, Gesel Roxana Tarifeño, Pamela Alejandra Cea, Rodolfo López, Adrián Meza Lizama y Omar Ulises Rodríguez Quezada. Todos fueron condenados a 3 años de prisión condicional, reglas de conducta y el pago de sumas a instituciones de bien público. En uno de los casos, se reparó la totalidad de la suma reclamada.