Un policía de Ciberdelitos contó que en el celular de una arrepentida de la causa había conversaciones "para ir a los bancos". Sugestivas capturas de pantalla.
La investigación por los presuntos manejos irregulares en el sistema de planes sociales en Neuquén hizo foco en cómo trabajaron en el análisis de la apertura de algunos teléfonos celulares de los imputados y el seguimiento de las redes sociales. Los chats, audios y algunas capturas de pantalla sobre mensajes que se intercambiaban, para hacer salidas de extracciones, los bancos, y listados de beneficiarios.
Algo que llamó la atención, pese a que llamó la atención, fue algunos listados de beneficiarios hallados en los teléfonos con leyendas "mejoramiento" "cobra-te saco". Es decir, se interpreta que era parte del dinero retenido de los subsidios.
En la audiencia del juicio oral, declaró el cabo Lukas Zabala, especialista en análisis digital de la División de Ciberdelitos del Departamento de Delitos Económicos. El policía hacía también análisis de las redes sociales y brindó detalles sobre el contenido extraído de los teléfonos de algunos de los imputados, entre ellos Paola Zeballos, una de las arrepentidas en la causa, y las conversaciones con Pablo Sanz.
Zabala trabaja en la fuerza desde 2021 y forma parte de la división especializada, creada hace apenas un año. Su tarea es realizar informes digitales que incluyen análisis de redes sociales, comparación de imágenes, fotogramas, y transcripción de audios interceptados, por pedido de los jueces a las fuerzas federales en Buenos Aires.
Planes sociales: un informe del contenido digital
Para esta causa, el cabo elaboró dos informes. Uno de ellos, finalizado el 18 de agosto de 2023 y confeccionado durante dos meses, se centró en el teléfono de Zeballos. Utilizando el programa Celebrite, y el análisis se dividió en distintos apartados: imágenes, contactos, conversaciones, audios y documentos. El programa de origen israelí es usado por las fuerzas del orden en muchos países y hasta permite, en algunos casos, acceder a la información eliminada de los celulares.
Entre los hallazgos más importantes, Zabala identificó tres tickets del Banco Provincia del Neuquén (BPN) con distintos montos, además de capturas de pantalla de supuestos cobros a beneficiarios de planes sociales. En algunas imágenes se observaba la palabra “mejoramiento” acompañada de cifras que daban cuenta de descuentos aplicados a los beneficiarios. “Cobraban $8.000 y le sacaban $2.000”, se interpreta del mecanismo.
Pero fue en los mensajes de WhatsApp donde apareció el núcleo del funcionamiento de la organización. En uno de los chats, Pablo Sanz le escribió Zeballos:
—“Hola Paola, vamos todos al banco de nuevo y mañana también”.
En otro, la conversación fue aún más directa:
—“Mañana a las 9.30 los espero en El Faraón (restaurante de Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales) así me dan una mano”.
Y también surgió el mensaje:
—“Buenas, ya retiré lo de Quilodrán”, en alusión a otro posible beneficiario o colaborador dentro del esquema.
El análisis del también mostró imágenes vinculadas a viajes al exterior, con una cuenta de redes sociales a nombre de “Isabela Glamour”, en la calle Costa Rica y Nicaragua de Centenario, atribuido a la imputada Isabel Montoya, pareja de Sanz. Hay sospechas de que parte de ese negocio fue levantado con dinero de los planes sociales, de acuerdo a los alegatos de apertura del Ministerio Público Fiscal, pero el policía de ayer solo se remitió juntar información de las redes sociales, a pedido de los jefes.
Durante el contrainterrogatorio, la abogada defensora de Sanz, Laura Giuliani, consultó a Zabala sobre la existencia de un grupo de WhatsApp del los empleados del ministerio de Desarrollo Social y sobre personas que habrían acordado su sobreseimiento con la fiscalía. El cabo dijo no recordar los apellidos de algunos miembros de ese grupo, salvo los que actualmente están imputados y concurren a las audiencias.
Datos a tener en cuenta
El abogado Alfredo Cury, por su parte, apuntó a la falta de precisión en los informes. Le cuestionó al testigo que no haya detallado si las tarjetas mencionadas en los chats eran específicamente de planes sociales. Zabala respondió que solo pudo dejar asentado que se trataba de “tarjetas usadas”, sin datos concretos sobre su origen, pero que eso podría ser de interés para la fiscalía.
A través de los teléfonos se pudo identificar el flujo del dinero, la organización de las visitas al banco, los contactos entre los implicados y hasta los porcentajes retenidos a los beneficiarios, algo que sustenta una de las principales acusaciones del caso: el uso indebido de recursos públicos destinados a asistencia social. Sin embargo, no fue un informe preciso.
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