Planes sociales: una docente que cobraba una ayuda, el rol de un centro de estética y los autos alquilados

El juicio por el escándalo de los planes sociales en Neuquén sigue arrojando datos reveladores que exponen el presunto uso indebido de fondos públicos, en una estructura de desvíos que habría beneficiado a funcionarios, proveedores y supuestos intermediarios del área de Desarrollo Social.

Uno de los casos que más llamó la atención, de acuerdo a las escuchas y la información de la audiencia, es el de Valeria D’Angelo, una docente con cargo directivo en el sistema educativo provincial, que figuraba como beneficiaria de un plan social; a pesar de que este tipo de ayuda está destinada exclusivamente a personas sin ingresos formales ni relación laboral con el Estado. El dato fue revelado en la duodécima audiencia en el juicio por estafas con planes sociales, realizada este último martes.

El allanamiento realizado en su domicilio dejó al descubierto una serie de elementos que llamaron la atención de los investigadores. Una notebook del programa estatal “Aprender Conectados”, tarjetas del Banco Provincia del Neuquén (BPN), tarjetas del Ministerio de Educación, y un sobre con 13 billetes de $1.000 en efectivo. La computadora tenía la inscripción “COMPU JARDÍN”, lo que indicaría que estaba asignada a una institución educativa.

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En una de las escuchas que involucra a Pablo Sanz reveló que "le hicieron una cama" y sospechó hasta del los propios imputados en la causa.

Claudio Espinoza

Otro allanamiento en el domicilio de Carolina Hernández, también involucrada como una de las reclutadoras, arrojó el secuestro de tarjetas de débito a su nombre y el de otras personas.

Estafa con planes sociales: autos alquilados y peleas

En paralelo, se conoció que Isabel Montoya, pareja de Pablo Sanz e imputada -sindicado como uno de los organizadores de la maniobra-, levantó un centro de estética en el barrio Bella Vista de Centenario.

La sospecha es que fue financiado con dinero de los planes, aunque eso no lo demostró aún el Ministerio Público Fiscal y se esperan la declaración de la mujer a lo largo del juicio. En su casa, la Justicia secuestró varios recibos vinculados a la empresa Troya Amoblamientos, lo que reforzaría la hipótesis de que parte de los fondos públicos se usaron para montar el emprendimiento.

Las escuchas telefónicas también expusieron fuertes internas entre los involucrados, especialmente por el manejo de los vehículos que usaba el área de Planes Sociales, que eran alquilados a Adrián Meza. En una conversación entre una de las imputadas y el propio Meza, proveedor de autos alquilados para Desarrollo Social, saca a la luz el conflicto.

“Se pinchó todo con Adrián”, dice, refiriéndose a Meza, quien era el que alquilaba vehículos como un Toyota Etios y un Fiat Cronos para la cartera social.

En otra de las comunicaciones, Sanz señaló: “Me están haciendo una cama y están todos contra mí, espero que vos no estés en esto (por Valeria Honorio)”, mientras que Meza reclama que Sanz tiene deudas con él y que el Fiat Cronos ‘está preso’, en alusión a que el vehículo fue secuestrado por la Justicia.

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La defensora oficial Carolina Johansen es una de las que más interviene en el juicio, junto al abogado alfredo Cury.

Claudio Espinoza

Todo esto se dio luego de que los autos fueran retenidos en el marco de la investigación. Honorio le exigía a Meza que le entregara una Renault Kangoo para poder moverse, ya que los vehículos oficiales estaban fuera de circulación. Las unidades, sin embargo, no estaban a nombre del Estado, sino del propio proveedor, lo que constituye otro punto crítico de la causa.

Neuquén: la investigación de la presunta estafa

El expediente acumuló pruebas materiales, testimoniales y escuchas que muestran una trama sistemática donde fondos destinados a los sectores más vulnerables se habrían utilizado para montar emprendimientos privados, cubrir gastos personales y hasta solventar disputas internas.

A medida que avanzan las audiencias, el juicio revela que detrás de los planes sociales operaba una red paralela, con su propia economía informal, sueldos disfrazados, autos de lujo y una estructura que, de confirmarse las imputaciones, habría traicionado el objetivo más básico de la política social: asistir a quienes más lo necesitan.