¿Cómo pinchaban los teléfonos? La trama detrás de las escuchas que destaparon el escándalo de los planes sociales

Una simple denuncia por la falta de dinero de los planes sociales fue el punto de partida para desarmar una compleja red de manejos irregulares en Neuquén, que terminó con funcionarios, referentes sociales y operadores políticos imputados por delitos de fraude y asociación ilícita. Los imputados, ya sabían que sabían lo que hacían por las escuchas telefónicas, pero mucho nos se cuidaron. Sobre todo, en los meses de agosto y septiembre de 2022, cuando estalló el escándalo.

En el juicio que se lleva adelante por este caso, y durante duodécima jornada, uno de los testimonios más reveladores fue el del subcomisario Gerardo Oviedo, especialista en el área de Estafas y Defraudaciones del Departamento de Delitos Económicos. Oviedo tiene una vasta experiencia, ya que participó en más de 400 allanamientos y al menos 50 intervenciones telefónicas judiciales.

Fue él quien explicó con detalle cómo se intervinieron los teléfonos de los investigados, quién autorizaba esas acciones, cómo se accedía a la información y cómo los propios imputados podían sospechar que estaban siendo escuchados. Los escuchaban por diez días, las 24 horas. Y si era necesario, se renovaba la autorización para ampliar el período.

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El subcomisario Gerardo Oviedo del Departamento de Estafas y Defraudaciones de Delitos Económicos. Realizó un extenso y detallado análisis de más de 10 escuchas telefónicas.

Claudio Espinoza

Todo comenzó con la declaración de una joven beneficiaria de un plan social, quien relató que había ingresado a un programa destinado a estudiantes. El contacto surgió en el marco de una situación familiar y, tras aceptar el beneficio, fue obligada a asistir a reuniones políticas.

Planes sociales: un grupo de WhatsApp y una denuncia

La mujer gestionó la tarjeta de débito del plan en una sucursal del Banco Provincia del Neuquén, ubicada en un local lindante a un mayorista sobre la Ruta 22, en la ciudad capital. Retiró la tarjeta y la clave del cajero automático días después, pero notó que el dinero no le llegaba completo. Parte de los fondos, cobrados en efectivo, desaparecían.

En paralelo, formaba parte de un grupo de WhatsApp llamado “Grupo 2021”, coordinado por Gisselle Tarifeño, referente del movimiento y encargada de administrar los cobros y de canalizar a los beneficiarios. El grupo operaba desde un domicilio donde supuestamente funcionaba un merendero.

Uno de los integrantes del grupo también denunció que el dinero de los planes no se entregaba completo. Ese testimonio aportó datos fundamentales, como números telefónicos, ubicaciones geográficas, y descripciones físicas de los referentes. Esto permitió armar un legajo judicial que derivó en intervenciones telefónicas.

Las escuchas: cómo se pincha un teléfono en Argentina

“Una intervención telefónica dura diez días corridos, las 24 horas. Luego, debe ser renovada por la Justicia. En la causa de los planes sociales se hicieron más de diez escuchas”, explicó el subcomisario Oviedo ante el tribunal, compuesto por Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita.

Las grabaciones no se hacen en la provincia Neuquén. Se realizan en oficinas especializadas ubicadas en Buenos Aires, bajo la coordinación de las fuerzas federales. Antiguamente, las grabaciones se enviaban en CDs a Telefónica, que luego las entregaba al juez interviniente. Hoy, el proceso cambió.

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Una caja azul de los secuestros de evidencia durante los allanamientos en la causa de los planes sociales.

Claudio Espinoza

Neuquén enviaba a un efectivo policial a Buenos Aires, que se quedaba 30 días corridos para facilitar el acceso en tiempo real a las escuchas. “Ese agente se presentaba diariamente para agilizar el tráfico de información, así los investigadores podían actuar más rápido”, dijo Oviedo. Pero por razones logísticas, esa práctica se discontinuó después de la pandemia.

A partir de entonces, las grabaciones volvieron a ser volcadas en CDs, que se enviaban por transporte aéreo a la ciudad de origen. “Una vez que llegaban a destino, los CDs eran retirados en una oficina administrativa de Telefónica. Allí, los efectivos autorizados debían presentarse con DNI, credencial, y el número de legajo de la intervención”, detalló el subcomisario.

La información incluye los datos incluyen el número llamante, el número receptor, la fecha y hora del llamado, el tipo de red utilizada (4G o 5G), la antena que permitió la conexión, y su ubicación geográfica exacta. En zonas urbanas, esto se expresa con calles. En áreas rurales o sin ordenamiento, se indica con latitud y longitud.

“También se obtiene el radio de cobertura de la antena, lo que permite triangular la ubicación del emisor o receptor de la llamada”, agregó Oviedo. Esta precisión es clave para vincular conversaciones con movimientos físicos y ubicar a los implicados en tiempo y espacio.

El número que activó la causa

La primera línea intervenida fue la del abonado denunciado por la mujer. La intervención fue autorizada desde el 19 de agosto hasta el 7 de septiembre de 2022. Ese número permitió reconstruir el entramado detrás de la operatoria con los planes. Desde allí se coordinaban cobros, altas, bajas y distribución de tarjetas de débito.

Las escuchas revelaron que había un circuito paralelo al sistema oficial, donde se exigía asistencia política a cambio de los planes. Además, se retenían tarjetas, claves y dinero. Todo bajo la administración de referentes barriales y sociales, que se valían del acceso a datos sensibles de los beneficiarios.

Oviedo no dio detalles precisos sobre cómo los imputados podían sospechar que estaban pinchados, se sabe que algunas personas perciben cambios en la calidad de audio, cortes o silencios en las llamadas. Sin embargo, los sistemas actuales son más sofisticados y difíciles de detectar.

El hecho de que algunos implicados cortaran comunicaciones, cambiaran de números o intentaran “hablar en código”, también fue detectado por los investigadores. E incluso cortaban para llamarse por WhatsApp.

A pesar del avance tecnológico, buena parte del proceso sigue siendo manual y burocrático: los CDs, los envíos físicos, los horarios limitados de atención y los traslados entre oficinas judiciales y telefónicas hacen que la agilidad dependa, en gran medida, de la voluntad de quienes trabajan en la causa.

El juicio recién empieza, pero ya mostró que, detrás de los planes sociales, funcionaba un sistema paralelo de recaudación y control político. La estructura incluía a beneficiarios, referentes sociales, operadores políticos, intermediarios, y una red aceitada para captar, administrar y retener dinero.