¿Qué pasa si un funcionario provincial da positivo en un examen toxicológico?: las sanciones y los "eximidos"

En un avance significativo hacia mayores estándares de transparencia y responsabilidad institucional, la Comisión de Desarrollo Humano y Social de la Legislatura neuquina emitió despacho favorable al proyecto que obliga a los funcionarios públicos de los tres Poderes del Estado a realizarse exámenes toxicológicos. Al final, lo que se busca es que las personas que toman decisiones por el conjunto de los neuquinos y neuquinas no consuman drogas.

El dictamen llegó tras un debate intenso, en el que se discutieron aspectos clave como la periodicidad de los controles, el alcance de los mismos y las sanciones en caso de que un funcionario dé positivo en el test.

Si bien aún restan detalles por definir, el paso dado por la comisión representa un giro firme hacia una exigencia creciente de parte de la ciudadanía: que el poder público se someta a controles claros y efectivos.

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¿Qué pasa si un funcionario da positivo?

Uno de los puntos más discutidos fue el mecanismo sancionatorio. El diputado Francisco Lépore (Avanzar) dejó clara la postura mayoritaria: ante un resultado positivo, habrá suspensión automática sin goce de sueldo, y si la situación se confirma en la contraprueba, se procederá a la remoción del cargo, bajo los procedimientos constitucionales ya establecidos. "No hay otra manera de que no sea así", sostuvo Lépore, dejando en claro que no se contemplan salidas paralelas ni interpretaciones laxas.

No todos coincidieron con ese criterio. Marcelo Bermúdez (PRO–NCN) fue más tajante y reclamó que la ley contemple directamente la destitución como sanción, sin etapas intermedias. "¿Por qué contempla suspensión y posterior sanción, si el objetivo es la remoción directa?", cuestionó, y criticó el riesgo de que el proceso termine sin consecuencias concretas. "Acá ya se probó, no hay ningún juicio político que valga", disparó con firmeza.

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Desde otro ángulo, el diputado Federico Méndez (Comunidad) advirtió sobre posibles inconstitucionalidades si no se garantiza el debido proceso. Además, pidió que el Ministerio de Salud participe del diseño técnico de los controles: qué sustancias se analizarán, cuánto duran en el organismo y en qué plazos se puede hacer una contraprueba válida.

También evalúan exámenes psicotécnicos

La consideración de votarlo y continuar su tratamiento así en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) devino de los diputados Matías Martínez (Comunidad) y Darío Peralta, quienes señalaron que allí se podrán dirimir las diferencias en los puntos en los que no hubo acuerdo.

Por su parte, Brenda Buchiniz (Cumplir) pidió que se incluya también la obligatoriedad de exámenes psicotécnicos entre otros puntos tras adelantar su posición a favor con la idea original.

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La titular del cuerpo, Verónica Lichter (PRO-NCN) coincidió con Bermúdez al señalar que la sanción debe ser la remoción, y lamentó que el despacho avance sin haber consultado a Salud sobre especificidades toxicológicas. Aclaró, sobre este punto, que la idea era realizar la consulta con el texto final, por lo que el pleno decidió remitirlo tras el despacho a fin de que se expida hasta tanto se aborde en la siguiente comisión.

En cuanto a la periodicidad, la redacción consensuada contempla que los exámenes, que deberán ser autofinanciados por la propia persona, se realicen una vez por año “en forma aleatoria”, es decir, sorpresiva. Peralta insistió en que sea, al menos, dos veces al año.

Sobre la contraprueba, que deberá realizarse tras el resultado positivo del análisis, el cuerpo también tuvo opiniones encontradas. La redacción final fijó en cinco días su realización pero, según señalaron desde distintas bancas, el periodo podría reverse durante el tratamiento en la comisión A.

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La diputada provincial por Cumplir-La Libertad Avanza.

Gentileza Legislatura de Neuquén

Quiénes son los eximidos, en la redacción final

En relación con el universo alcanzado, la última redacción sugerida sobre la que debatió el cuerpo hoy, contemplaba desde el gobernador hasta las direcciones generales para la administración pública; los diputados y funcionarios del Poder Legislativo; el presidente y los vocales del Tribunal Superior de Justicia, el Fiscal General y el Defensor General; jueces, fiscales y defensores; consejeros de la Magistratura y presidente y vocales del Tribunal de Cuentas.

Tras considerar que se trata de “una exageración”, Bermúdez solicitó que se acote y desestime a funcionarios con rango menor a secretarios de gobierno. Finalmente, la redacción final también eliminó la posibilidad de aplicar los exámenes a candidatos y faculta al Ejecutivo a designar a la Autoridad de Aplicación.

La medida aplicará tanto para acceder como para permanecer en los cargos públicos, a fin de garantizar el ejercicio de la función con plenas facultades, libre de los efectos de sustancias psicotrópicas ilegales.

La redacción final consensuó varios proyectos en la materia, presentados por diputados y particulares. El despacho continuará su tratamiento en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia (A) y de Hacienda y Presupuesto (B).

Una demanda social que se instala

El proyecto surgió de la unificación de varias propuestas que coincidían en una idea central: quienes manejan los destinos del Estado no pueden estar bajo los efectos de sustancias que alteren su juicio o pongan en riesgo la gestión pública. No se trata solo de una cuestión moral o de imagen, sino de responsabilidad institucional. Quien no puede garantizar estar limpio, no puede estar al mando. Un poco esa es la idea, que tengan una conducta ejemplar.