Se viene el control de consumo de drogas a funcionarios del Estado neuquino

El control de consumo de drogas a funcionarios de los tres poderes del estado provincial será un proyecto que la Legislatura de Neuquén comenzará a tratar esta semana. Una de las iniciativas de ley sobre el asunto fue presentada en su momento por los diputados Francisco Lepore (Avanzar) y Claudio Domínguez (MPN), quienes solicitarán en la sesión del miércoles su tratamiento de preferencia en comisión.

Para ello se necesitará el voto de la mayoría del cuerpo, algo que se prevé que sucederá, dado que existen otros tres proyectos sobre la realización de exámenes toxicológicos a funcionarios públicos elaborados por diferentes espacios políticos, y hasta fue un tema que el propio gobernador Rolando Figueroa puso sobre la mesa cuando asistió a la Cámara para dejar inaugurado en marzo el período de sesiones ordinarias.

¿Qué dice el proyecto de ley de Lepore y Domínguez? El artículo primero de esta iniciativa fija la obligación de someterse a exámenes toxicológicos a el gobernador, vice, jefe de gabinete, ministros y demás funcionarios del Ministerio de Seguridad, además de legisladores provinciales y funcionarios del Poder Legislativo.

También a Jueces, fiscales y auxiliares que presten servicios en áreas relacionadas con la lucha contra el narcotráfico y narcomenudeo, personal de la Policía provincial y del servicio penitenciario, y a los Intendentes y concejales de los municipios que adhieran a la norma.

El proyecto establece, entre otros aspectos, que los exámenes se realizarán con el fin de detectar “la presencia de sustancias prohibidas conforme al Decreto nacional 299/2010 o normativa que lo remplace, asegurando la idoneidad y responsabilidad de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones”.

Además, se deberán respetar los “principios de confidencialidad, privacidad, proporcionalidad y no discriminación. La detección de sustancias prohibidas no implicará la cesantía automática, sino que dará lugar a un procedimiento administrativo que evalúe la situación, considerando si se trata de un consumo ocasional, dependencia o uso médico justificado”.

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Examen

El resultado del examen será confidencial y solo podrá ser conocido por la autoridad de aplicación (el Ministerio de Salud) y el funcionario involucrado, salvo que este decida hacerlo público.

Los controles se realizarán de forma obligatoria y aleatoria, con una periodicidad mínima de tres veces al año, en instituciones públicas de salud o en laboratorios autorizados. Las pruebas podrán incluir análisis de orina y/o sangre, rinoscopia cuando corresponda y otros estudios que determine la autoridad de aplicación de la ley.

El funcionario podrá solicitar una contraprueba en caso de duda sobre el resultado, debiendo realizarse en un laboratorio diferente al que efectuó la primera.

El proyecto de ley determina que negarse a realizar el examen será considerado “resultado positivo de manera automática, y habilitará un procedimiento administrativo para determinar las razones de la negativa y su eventual impacto en la función pública”.

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Otros proyectos

El primero de los proyectos sobre el tema lo había presentado en octubre del año pasado el empresario de medios Carlos Eguia, el cual, a grandes rasgos, preveía obligar a los funcionarios y funcionarias a realizarse pruebas toxicológicas una vez por año, a fin de garantizar “idoneidad, integridad física, psicológica e intelectual” en sus funciones públicas.

La medida propuesta alcanza al gobernador y vice, diputados, intendentes, presidentes de comisiones vecinales y concejales.

Entre las sustancias prohibidas figuran el alcohol, cannabis, cocaína, fentanilo, alucinógenos, heroína, ketamina y aquellas sustancias psicoactivas que actúan sobre el sistema nervioso, a excepción de aquellos casos de fármacos que hayan sido recetados por profesionales de la salud.

El segundo proyecto lo presentó en marzo el diputado del PRO, Marcelo Bermúdez, junto a sus pares Mercedes Tulian y Damián Canuto, y que, al igual que el de Lepore y Domínguez, establece la realización obligatoria de controles toxicológicos, periódicos y aleatorios, a funcionarios y funcionarias públicas de los tres poderes del Estado.

Y en la misma línea, una tercera iniciativa de ley la formuló el bloque de Unión por la Patria (UXP), con la diferencia de que los controles, en este caso, se proponen aplicar una vez al año.