Los trabajadores podrán desafiliarse de los sindicatos desde ARCA

En una movida que marca un giro drástico en la relación entre el Estado, los trabajadores y los sindicatos, el gobierno de Javier Milei anunció una nueva función digital que permite a cualquier empleado desafiliarse de su sindicato de manera directa, sin trámites presenciales ni la necesidad de intermediarios. Esta opción ya se encuentra disponible dentro del sistema de la recientemente creada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que reemplazó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la reestructuración estatal en curso.

La iniciativa, que fue presentada horas previas al Día del Trabajador, forma parte del ambicioso plan de reformas estructurales que promueve el oficialismo con el objetivo de desarticular lo que considera “estructuras corporativas obsoletas” en el sistema gremial argentino. Desde el Ejecutivo explicaron que la nueva función busca poner fin a las denominadas “retenciones forzosas”, es decir, los descuentos aplicados sobre los sueldos de quienes no desean continuar afiliados a organizaciones gremiales.

“Es un avance hacia una auténtica libertad de asociación”, destacaron desde el entorno del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien lidera una serie de políticas destinadas a reducir el tamaño del Estado y limitar la incidencia de los gremios en la vida económica y laboral del país. Según remarcaron funcionarios cercanos al ministro, la medida no impide que los trabajadores se afilien ni limita la actividad sindical, sino que garantiza el derecho de optar libremente.

Desde el oficialismo subrayaron que durante años los trabajadores debieron sostener con sus aportes a estructuras gremiales que, en muchas ocasiones, no los representaban ni respondían a sus intereses. La herramienta digital, aseguran, pone fin a una injusticia histórica que obligaba a los empleados a contribuir con entidades sin contar con mecanismos claros de salida o desafiliación.

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Proyectos a tratar en el Congreso de la Nación

La propuesta de desburocratizar el vínculo entre trabajadores y sindicatos no se limita a esta herramienta. En paralelo, en la Cámara de Diputados se discuten una serie de proyectos que buscan transformar de forma radical el funcionamiento del sistema gremial argentino. Desde distintos bloques, pero en particular desde la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y La Libertad Avanza, se han presentado propuestas que apuntan a limitar privilegios, transparentar las finanzas sindicales y garantizar una mayor participación democrática dentro de los gremios.

Uno de los textos más ambiciosos fue elaborado por el diputado radical Martín Tetaz. Su propuesta aglutina más de treinta iniciativas similares y aboga por eliminar la reelección indefinida de los líderes sindicales, suprimir las cuotas solidarias que afectan a los no afiliados, establecer la representación proporcional de las minorías internas, exigir declaraciones patrimoniales obligatorias y modificar la administración de las obras sociales que manejan los sindicatos.

Por su parte, el diputado Luis Picat también de la UCR, planteó derogar los aportes establecidos por convenios colectivos, al considerar que afectan directamente el salario de los trabajadores y violan el principio de libertad de elección. En la misma línea, Gerardo Milman del PRO propuso terminar con los llamados aportes solidarios, considerados como descuentos arbitrarios sobre empleados no afiliados.

La diputada Marcela Campagnoli (Coalición Cívica), junto a representantes del PRO y del oficialismo, presentó un proyecto que prohíbe a los sindicatos recibir financiamiento de partidos políticos o empleadores, tanto locales como extranjeros. La intención es cortar los vínculos económicos que, según sus impulsores, podrían condicionar la autonomía gremial.

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A su vez, Ricardo López Murphy propuso equiparar las condiciones de los gremios con y sin personería jurídica en cuanto a las retenciones salariales, eliminando por completo los aportes obligatorios. Fabio Quetglas, también de la UCR, fue más allá y sugirió una reestructuración integral: limitar los mandatos a cuatro años, imponer una mayor transparencia contable y publicar de forma abierta los balances de cada organización.

Desde el oficialismo, Marcela Pagano presentó una iniciativa orientada a que los aportes patronales para capacitaciones sindicales sean voluntarios. La diputada argumentó que no debe imponerse a los empleadores la obligación de destinar recursos a programas gremiales si estos no fueron consensuados.

Estas propuestas, vistas en conjunto, constituyen un rediseño profundo del vínculo entre los trabajadores, los sindicatos y el Estado, alineado con la visión del presidente Milei de achicar el aparato estatal y romper con lo que considera estructuras corporativas enquistadas.