Acusaron a los integrantes de la banda narco que vendía drogas a pibes de una escuela

Los integrantes de la banda narco que le vendía drogas a pibes de una escuela fueron acusados y cumplirán prisión pero en sus domicilios. Desde la fiscalía se había reclamado que uno de los principales dealers quede tras las rejas.

Tres mujeres y dos hombres fueron acusados este fin de semana por vender y tener droga de forma organizada en la ciudad de Neuquén. Además, quedaron bajo prisión domiciliaria mientras avanza la investigación.

La acusación la realizó la fiscal de Narcocriminalidad, Eugenia Titanti, junto al asistente letrado Bruno Miciullo y, sobre la base de la investigación realizada en conjunto entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) con la Policía provincial, detallaron el modo en que operaba la banda para vender la droga durante los siete días de la semana y las 24 horas.

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En la audiencia en la Ciudad Judicial, que se realizó este sábado 24 de mayo, la fiscal planteó que la droga fue vendida al menos entre febrero y el 23 de mayo del corriente año, en una vivienda del barrio Atahualpa destinada exclusivamente a esta actividad ilícita. El inmueble operaba frente a la escuela primaria 190 y a una cuadra de la plaza Manuel Huenuqueo.

La capo narco

La acusación comprendió a tres mujeres identificadas por sus iniciales como A.L.E., A.R.B. y S.M.S. También a dos hombres: B.S.A. y M.G.S.

En el caso de A.L.E, "coordinaba la actividad de venta de estupefacientes, dirigiendo a los nombrados, y asignando roles específicos a cada uno ellos", detalló la fiscal del caso junto al asistente letrado.

A.R.B., "realizaba diversas tareas esenciales, entre ellas, tareas de seguridad, el transporte de la sustancia estupefaciente, su posterior fraccionamiento, la gestión del cobro de deudas originadas en la venta de drogas y el mantenimiento de los contactos con los proveedores de las sustancias ilícitas".

En el caso de S.M.S. y B.S.A., "tenían a su cargo el fraccionamiento de la sustancia, como así también la coordinación para su traslado hasta el punto de venta".

En el domicilio particular de ellos, se "preparaban las dosis destinadas a la venta minorista y luego la llevaban al punto de venta de calle Serrano o bien coordinaban tal entrega".

Además, S.M.S. "mantenía comunicación directa y constante con A.L.E. respecto de la preparación, cantidad y calidad de las dosis, empleando para ello un lenguaje codificado, mediante el cual se refería a la droga como 'milanesas' o 'coronas'".

En cuanto al otro hombre, M.G.S. "vendía la sustancia a los consumidores, en calle Intendente Alejo Serrano, en turnos rotativos, organizados por A.L.E.". También, adicionalmente "trasladaba la droga con el propósito de reabastecer el referido punto de expendio".

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El modo en que se comercializaban las drogas en la vivienda destinada a ese fin, era el siguiente: quienes compraban, "arribaban al punto de venta e ingresaban al patio delantero de la vivienda –el cual se encontraba deliberadamente oculto de la vista pública mediante un portón y una puerta, ciegos de chapa color negra– y realizaban el intercambio de los envoltorios -conteniendo cocaína- por dinero, a través de una ventana de reducidas dimensiones. Las transacciones eran notoriamente breves, retirándose los compradores a los pocos segundos de concretada la operación. El pago se efectuaba tanto en dinero en efectivo (discriminado en billetes de baja denominación) como mediante la utilización de dispositivos electrónicos para cobros virtuales, como Mercado Pago".

El dinero recaudado producto de las ventas ilícitas era rendido periódicamente a A.L.E., "quien, a su vez, efectuaba una retribución económica por los turnos de venta y la fragmentación".

En el allanamiento realizado el viernes por personal del MPF y de la Policía provincial, en la casa de A.L.E., se secuestraron $656.100, distribuidos en billetes de mil, dos mil, quinientos, doscientos y cien pesos. Había además una máquina contadora de dinero y comprobantes de depósitos bancarios por $5 millones.

En tanto en el de A.R.B., una piedra de clorhidrato de cocaína por un peso de 44 gramos; cuatro envoltorios con clorhidrato de cocaína que pesaron 3,2 gramos, un auto Ford Fiesta, y cartuchos de arma de fuego de diversos calibres.

En el de S.M.S., 306 envoltorios de clorhidrato de cocaína con un peso de 105 gramos, 300 en envoltorios de nylon negro y 6 en envoltorios transparentes dentro de bolsas individuales de papel madera, 3 envoltorios de clorhidrato de cocaína que arrojaron un peso de 209 gramos; dos balanzas de precisión; diversos recortes de nylon color negro; elementos de corte como un cuchillo; anotaciones sobre cantidades entregadas, y $120.500 en billetes de baja denominación.

Droga y más de 2 millones de pesos

En la casa de B.S.A., había 17 envoltorios en bolsas de nylon transparentes con clorhidrato de cocaína, por 32 gramos; dinero en efectivo por $2.228.800 en billetes de baja denominación; y anotaciones sobre entregas además de una balanza y elementos de corte.

Y a M.G.S. se le encontró 25 envoltorios de nylon color negro, con un peso total de 8,7 gramos de clorhidrato de cocaína; dinero por $571.500 en billetes de baja denominación; un cartucho de escopeta; y anotaciones sobre entregas y rendiciones.

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El delito atribuido por la fiscal del caso a los acusados fue comercio de estupefacientes, agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlos y por realizarse en inmediaciones a un establecimiento escolar y un centro de diversión pública (plaza).

Como medida cautelar, pidió que las tres mujeres y uno de los dos varones permanezcan detenidos con prisión domiciliaria, y que el varón restante, M.G.S., quede bajo prisión preventiva. Lo hizo con el argumento de que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y riesgo de fuga, y por un plazo de cuatro meses.

En simultáneo, pidió al juez la clausura de la casa donde se vendía la droga, sobre la base del artículo 151 del Código Procesal Penal y 23 del Código Penal.

El magistrado que dirigió la audiencia, Luciano Hermosilla, avaló la formulación de cargos. Y resolvió imponer prisión domiciliaria a las cinco personas imputadas.

Sobre el pedido de clausura de la casa, el juez decidió rechazarlo.