Allanaron un kiosco narco por segunda vez en el año y piden derribar la vivienda

Policía y Fiscalía allanaron un kiosco narco de San Martín de los Andes por segunda vez este año y evalúan la posibilidad de derribar la vivienda, que por el momento quedó clausurada. El hombre que manejaba el negocio ilegal quedó en libertad, con algunas restricciones.

El procedimiento fue concretado el jueves por la tarde por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la División Antinarcóticos de la Zona Sur de la Policía, en el barrio Gobernadores Neuquinos. La diligencia estuvo dirigida por el fiscal jefe Gastón Ávila con personal policial y lo autorizó un juez de garantías. En el lugar se encontró una piedra de cocaína de 35 gramos. Además se le encontraron alrededor de 360 mil pesos en efectivo, otros 13 mil pesos chilenos y seis teléfonos celulares.

Sin embargo, esta no era la primera vez que se hallaba droga en ese domicilio.

Por este motivo, en horas del mediodía del viernes, Ávila junto al asistente letrado Fedrico Surá le formularon cargos al hombre por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en calidad de autor.

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El primer juicio directo de la provincia tuvo como protagonistas a funcionarios de San Martín de los Andes.

Además, bajo el argumento de que el acusado continúa vinculado a la actividad de estupefacientes porque su domicilio irregular funciona como centro de venta, requirieron que se le imponga una prisión preventiva de dos meses, sobre la base de la nueva ley de Reiterancia. El juez Maximiliano Bagnat avaló la acusación, pero no así la medida cautelar en base a la nueva normativa.

"El juez dijo que el artículo de reiterancia no es de aplicación automática, y que si no se encuentran reunidos los riesgos procesales de entorpecimiento probatorio o de peligro de fuga, no procede la presión preventiva aunque haya una nueva formulación de cargos", explicó Ávila al finalizar la audiencia. "Esa decisión la tomó pese a que se acreditó desde el MPF que luego de la primera formulación de cargos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización realizada el 14 de mayo último, esta misma persona reiteró la misma conducta, en el mismo lugar, que es una construcción ilegal y tan solo dos meses y medio después de la primera acusación", remarcó.

En la audiencia del viernes, Ávila afirmó que la prisión preventiva era una medida “necesaria y razonable porque en el presente caso existe reiterancia delictiva”, además de especificar que “con el nuevo hecho se corrobora que el acusado continúa vinculado a la actividad de venta de estupefacientes y que su domicilio irregular funciona como centro de expendio de dichas sustancias”.

En su lugar, Bagnat resolvió que se mantengan las medidas cautelares resueltas en la audiencia de formulación de cargos de mayo.

Primer allanamiento

Respecto de la primera requisa que permitió descubrir que en la vivienda funcionaba un kiosco narco, los representantes del MPF indicaron que a instancias de una investigación conjunta de la fiscalía y Antinarcóticos, en mayo pasado el inmueble fue allanado por primera vez y se encontró cocaína, marihuana, dinero en efectivo y anotaciones sobre ventas de estupefacientes, además de 700 mil pesos en efectivo.

Por esto, el 14 de mayo de 2025 se le formularon cargos a "D.A.A" por el delito de tenencia estupefacientes con fines de comercialización y tenencia de arma de fuego de uso civil.

Al momento de esa imputación sobre "D.A.A", el MPF pidió que imponga la prisión preventiva por existir riesgo de entorpecimiento de la investigación. El requerimiento fue rechazado por un juez de garantías, que dispuso como medida cautelar la prohibición al imputado de hablar con los vecinos sobre el caso; la obligación de comparecer los días viernes en la Comisaría 43 y que se implementen rondines policiales para brindar protección a los vecinos del barrio.

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Clausura

Por otro lado, la fiscalía también requirió la aplicación de otra nueva disposición del Código Procesal Penal neuquino, que establece la clausura preventiva y posible derribo de los domicilios que funcionan como bocas de expendio.

Entre los fundamentos para requerir el procedimiento, se mencionó que la casilla allanada -propiedad de "D.A.A"- es de madera y material, está ubicada al fondo de un predio donde hay monoblocks y fue construida de forma ilegal. Además, su único ocupante fue acusado tras el allanamiento del jueves y también cuenta con otra acusación realizada en mayo pasado.

Tras el nuevo allanamiento, la casilla fue consignada y clausurada de forma preventiva, por lo que el MPF en conjunto con las autoridades municipales, empezó a evaluar la posibilidad de derribarla.

“Es un inmueble utilizado para vender drogas, que se encuentra en infracción a las normas municipales de seguridad y edilicias, que además está en un terreno usurpado”, indicó el fiscal jefe Gastón Ávila. “Existe una base legal que le permite a los municipios clausurar casas y negocios, así como demoler construcciones, y en ese sentido, estamos trabajando en conjunto con las autoridades de la ciudad”.

El fiscal jefe remarcó que "trabajamos para establecer la irregularidad en torno a la propiedad y el estado jurídico de dicho bien, con el objetivo de hacer cesar la situación antijurídica”. Y puntualizó que “del inmueble se ha servido quien lo ocupa para vender drogas, y esto de forma reiterante”.