Senillosa: pusieron fin a los pagos a presos por limpiar su lugar de encierro y estalló la bronca
A partir de resoluciones de la cartera de Seguridad de Nación, las cárceles federales enfrentan varios cambios. Los internos, enojados, fueron a la justicia.
Los sucesivos cambios impulsados por la cartera de Seguridad de Nación en las cárceles federales no cayeron para nada bien en los internos alojados en el Complejo V de la localidad neuquina de Senillosa y una de las decisiones que generó más molestias fue el punto final que se les puso a pagos que recibían por hacer tareas de limpieza en su lugar de encierro. En un primer momento, los presos buscaron respuestas en el ámbito penitenciario y, luego, recurrieron a recursos de habeas corpus. Sin embargo, los jueces federales de la región se mostraron en sintonía con lo resuelto por el ministerio liderado por Patricia Bullrich.
La última presentación de los internos se llevó a cabo ante la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca. El reclamo fue muy similar a uno que se elevó al juzgado federal 2 de esta capital y que fue descartado. De manera inicial, los presos intentaron poner en duda la constitucionalidad de las resoluciones 1346/2024 y 429/2025, emitidas por el ministerio de Seguridad.
Paralelamente, asistidos por el Ministerio Público de Defensa (MPD), quisieron revalidar los denominados “trabajos de fajina” y que no debían ser considerados simplemente como la limpieza del lugar de encierro. En este marco, insistieron en que correspondía el pago de un salario.
Potenciar las actividades "tratamentales"
Los primeros en atender a los presos quejosos fueron los representantes del Complejo Penitenciario Federal (CPF), que se encargaron de darles precisiones sobre el alcance de las resoluciones ministeriales. A la hora de referirse a una disposición del año pasado, les indicaron que “tenían la obligación de participar en las tareas de mantenimiento, aseo, limpieza e higiene de los espacios propios y comunes del establecimiento penitenciario, con una carga de hasta cinco horas diarias y que esas faenas no serían remuneradas”.
En tanto, aclararon, había otras actividades llamadas “tratamentales” y que forman parte de su futura reinserción social. Por este ítem, si estaba contemplado un pago.
Un primer reclamo se concretó el 14 de abril de este año y la mayoría de los presos de los pabellones A-1 y A-2 decidió sumarse con la expectativa de recibir alguna respuesta de los jueces federales de la región. Frente a esta situación, se programó una audiencia para principios de junio con la presencia de representantes del Ministerio Público de la Defensa y el Cotitular de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación además de integrantes del Ministerio Público Fiscal, del Servicio Penitenciario Federal y del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Evitar la ociosidad
El juez de primera instancia repasó las resoluciones ministeriales y planteó que perseguían evitar la ociosidad de los presos. En cuanto a la inconstitucionalidad, fue contundente y dijo que no las consideraba arbitrarias ni irrazonables, en tanto no se advertía una vulneración al régimen laboral ya que no se cercenaba la posibilidad de los internos de realizar trabajos remunerados.
Ya en segunda instancia, se volvió a valorar el objetivo que persigue la cartera de Seguridad y que es potenciar los talleres “tratamentales para la adquisición de habilidades que a la postre les permitan, una vez recuperada la libertad, conseguir un trabajo con el que ganarse la vida”.
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