Por RAMIRO MORALES
Neuquén se sumó a los controles de precios que impulsa el gobierno nacional. Lo hará, según se anunció, a través de inspectores y de grupos militantes, como pidió la Presidenta de la Nación, en las cadenas de supermercados que firmaron un acuerdo para congelar los precios de 500 productos de la canasta familiar.
La dependencia que dirige Moreno informó cuál será el mecanismo a seguir a partir de una denuncia por incumplimiento del congelamiento de precios.
Se espera que la Secretaría actúe en un término no mayor a las 24 horas, una vez formula la denuncia respecto de alguno de los productos que integran las listas de precios.
La medida que se enmarca en el plan “Mirar para cuidar” genera todavía muchas dudas, pero no tiene otro objetivo que el de frenar la inflación que por estos días castiga a la sociedad argentina y pone en jaque a los gobiernos con los reclamos salariales de la administración pública.
La provincia de Neuquén no escapa a esa realidad. Durante los próximos meses, el Gobierno deberá sentarse a negociar un incremento de sueldos con todos los sindicatos estatales en el marco de una coyuntura económica complicada y, por si fuera poco, en medio de un año electoral.
Los precios neuquinos, siempre un poco más “inflados” de lo que marca la inflación por el efecto petróleo, estarán bajo la lupa, no sólo de los inspectores, sino además de los militantes.
Se sabe -de acuerdo a lo informado por las organizaciones sociales y políticas- que durante la semana se organizará la estrategia para comenzar la recorrida por las cadenas nacionales de supermercados que hay en Neuquén. Cuando se constate que algún producto está por encima del precio fijado, se informará inmediatamente a las autoridades nacionales.
¿Tendrá el efecto esperado? Los economistas y las asociaciones de consumidores tienen opiniones divididas al respecto. Algunos sostienen que, por experiencias ya vividas, nunca los controles de precios funcionaron en la Argentina. Sin embargo, hay quienes son más optimistas en lograr un efecto.
El caso Diez
Si en la Argentina estuviera avalada la eutanasia, el caso de Marcelo Diez no hubiera tomado la trascendencia que tomó y que seguramente seguirá tomando. La mayor discusión y polémica no es si este hombre que hace 18 años que está en estado vegetativo merece morir dignamente, sino la forma en que deberían ayudarlo a irse de este mundo, como piden los familiares.
La última manifestación que realizaron ONG y grupos que no quieren que Marcelo Diez muera y las visitas que permitió la gente de Luncec, la institución que lo cuida desde hace casi 10 años, causó un punto de inflexión en el caso Diez.
Las hermanas aseguraron que se había violado la privacidad de Marcelo y por este motivo pidieron el urgente traslado a otro centro asistencial. Fue la lógica reacción a una gran movida mediática que se había logrado a través de las organizaciones que rechazan su muerte y que habían colocado a este hombre como símbolo de la lucha contra la muerte o, si se prefiere, en favor de la vida.
El caso es complejo. Marcelo Diez vive, pero no tiene una vida digna. Está postrado en una cama hace casi 19 años y, según los médicos, su situación es irreversible, más allá de los movimientos que experimenta todos los días y la forma que responde a ciertos estímulos. Tienen razón sus hermanas en pedir que lo dejen morir.
El problema es que no está conectado a aparatos que le permitan prolongar esa vida. Lo único que recibe es alimentación a través de una sonda. Entonces decidir sobre su muerte no es una tarea sencilla, porque Marcelo no se morirá en cuestión de segundos o minutos sino en siete, diez o quince días. Y será un proceso espantoso, por más que él no sienta nada, como aseguran los médicos. Alguien deberá tomar la decisión de no alimentarlo y tendrá que ver cómo todos los días el cuerpo sufre el lento deterioro de la deshidratación hasta que finalmente se muera.
¿Lo decidirá la Justicia? La polémica y el debate seguirá, inevitablemente.