Italia pone fin a la ciudadanía automática para bisnietos y tataranietos argentinos

El camino hacia la ciudadanía italiana, históricamente transitado por miles de argentinos con raíces europeas, acaba de sufrir un giro decisivo. La Cámara de Diputados de Italia aprobó este martes una reforma que restringe drásticamente el acceso a la ciudadanía por descendencia, dejando fuera a miles de solicitantes en Argentina y el mundo.

Con 137 votos a favor y 83 en contra, la aprobación del decreto-ley 36 reduce el derecho de sangre —conocido como ius sanguinis— únicamente a hijos y nietos de ciudadanos italianos. Esta decisión marca un antes y un después para quienes hasta ahora veían en su ascendencia italiana una posibilidad concreta de emigrar, estudiar o trabajar en Europa.

La norma ya había sido sancionada en el Senado la semana pasada y solo resta que el presidente Sergio Mattarella estampe su firma para que entre oficialmente en vigencia. La publicación en el Boletín Oficial italiano se espera en las próximas horas.

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Hasta ahora, la ciudadanía podía transmitirse sin límite generacional, siempre que se pudieran presentar las pruebas necesarias. Esto incluía a bisnietos y hasta tataranietos de inmigrantes italianos, algo particularmente común en Argentina, donde se estima que más de la mitad de la población tiene algún vínculo con Italia.

El artículo más polémico de la nueva legislación es el que exige que el ascendiente directo —padre o abuelo— haya tenido únicamente nacionalidad italiana. En términos prácticos, si ese antepasado se naturalizó argentino, como sucedía con frecuencia, los descendientes pierden automáticamente el derecho a solicitar la ciudadanía.

La nueva ley también establece un plazo límite para quienes ya iniciaron el proceso. Solo se considerarán válidas aquellas solicitudes que hayan sido presentadas en tiempo y forma hasta el 27 de marzo de 2025 a las 23:59, hora de Roma. Las carpetas ingresadas después de esa fecha quedarán sujetas a los nuevos requisitos. El corte temporal generó una oleada de preocupación entre miles de argentinos que aún no habían conseguido turno para presentar la documentación.

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Los consulados italianos en Argentina manejan actualmente entre 40.000 y 60.000 expedientes de ciudadanía en trámite. Una gran parte de ellos pertenece a bisnietos que, con esta modificación, quedarían automáticamente excluidos del sistema si no lograron ingresar su carpeta antes del límite.

Desde los estudios jurídicos especializados advierten que muchos solicitantes quedarán atrapados en un limbo legal: no podrán continuar el trámite ni recuperar el dinero y tiempo invertido. “Si no se puede demostrar que el abuelo fue exclusivamente italiano, el expediente será rechazado”, explican.

La reacción ante la nueva ley

El malestar no se hizo esperar. La noticia, que llegó sin aviso previo ni comunicación oficial por parte de los consulados, desató fuertes reacciones en redes sociales y foros de ciudadanía. “Nos están cerrando una puerta que siempre estuvo abierta para los hijos de Italia”, fue uno de los comentarios más repetidos.

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El diputado italo-argentino Franco Tirelli, integrante del Movimiento Asociativo de Italianos en el Exterior, criticó con dureza la reforma. “Se está aplicando una discriminación encubierta, tratando como ciudadanos de segunda a quienes nacieron fuera de Italia. Vamos a llevar el caso ante la Corte Constitucional”, aseguró.

En medio del endurecimiento, hubo una excepción para los hijos menores de edad de ciudadanos italianos. La ley les permite ser inscriptos en los registros consulares si nacieron antes del 27 de marzo de 2025, con un plazo hasta el 31 de mayo de 2026 para completar el trámite. En caso de nacimientos posteriores, los padres tendrán un año para registrar al niño en línea a través del portal oficial Fast It.

La situación también afecta a quienes estaban planeando emigrar a Italia para gestionar la ciudadanía allí. Sin embargo, estos todavía cuentan con una posibilidad: si fijan residencia legal durante al menos dos años en una comuna italiana, podrán solicitar la ciudadanía directamente en ese país, bajo otro régimen.

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En paralelo, abogados tanto en Roma como en Buenos Aires preparan acciones judiciales que buscarán declarar la inconstitucionalidad de la reforma, bajo el argumento de que vulnera el principio de igualdad y discrimina por generación.

Mientras tanto, quienes no lograron turno o no habían reunido toda la documentación, ven cómo se desvanece una oportunidad que, durante décadas, fue vista como un derecho casi natural para los descendientes de italianos en Argentina.