Una orden judicial los intima a desocupar la casa lindante a la Comisaría Tercera. "No sé dónde voy a ir a parar con mis hijos", dijo la mujer.
Son horas de mucha angustia y desesperación para una familia que reside hace 20 años en una casa, sobre calle Antártida Argentina, que sería del Estado y linda con la Comisaría Tercera y un polideportivo.
Alejandra Candia, la mujer que vive allí, contó que recibió una orden judicial para desalojar el inmueble en 20 días hábiles. "La desesperación mía es no saber dónde voy a ir a parar con mis hijos", expresó y se quebró.
Vive con su marido con diabetes y sin trabajo hace dos años. "No lo toman en ningún lado", agregó. Tienen un hijo de 14 años que padece esquizofrenia y dos nietas, de 7 y 12. Son hijas de su hijo mayor, quien perdió su fuente de trabajo y "tomó" un terreno con su pareja. "De a poco se están haciendo su casa", indicó Candia.
Ella es único sostén de hogar. Es enfermera en una clínica privada, y aseguró que desde 2013 paga un terreno a la cooperativa del MTD. "Yo no puedo salir a cortar calles, tengo que trabajar", sostuvo.
Cómo ingresó a la vivienda en conflicto
En diálogo con LMNeuquén, compartió su desesperación y recordó cómo fue que ingresó a la vivienda de donde ahora la Justicia la quiere sacar. "Hace 20 años que vivo en esta casa. Entré por la puerta y con llave en mano. Me la alquiló un comisario. Después me enteré que había sido estafada, porque la propiedad era, en realidad, una casa institucional que pertenecería a la Comisaría Tercera", denunció.
Dijo que pagó dos años el alquiler "trucho" de la vivienda y que hasta la fecha tiene los servicios a su nombre. "En una oportunidad me acerqué hasta la Jefatura de Policía, donde me dijeron que no pague más porque la casa no estaba en alquiler. Se ve que no querían que esto sea un escándalo, que se sepa que un comisario me había estafado. Iban a interceder por mí ante Provincia", expresó.
Señaló que el supuesto relato de la mentira consistía en que ella era la esposa del comisario y sus hijos, los de ella. "Fue una estafa y una lucha larga para mí. Son 20 años viviendo acá", enfatizó.
La mujer también se acercó hasta el Ministerio Público Fiscal donde le ratificaron la intimación de la cédula de notificación que recibió. Desesperada, imploró por una prórroga o una reubicación. "Anduve por todos lados pidiendo ayuda, no sé dónde voy a ir a parar", cerró.
La orden judicial fue expedida por la Oficina Procesal Administrativa I donde se insta a las partes a lograr la desocupación del inmueble por la vía pacífica y ordenada, a fin de minimizar los perjudicios, sobre todo "considerando que hay menores residiendo en la vivienda". Caso contrario, también se adelantó en el documento que, de no desocupar la propiedad, en el plazo de 20 días hábiles a partir de la notificación, se librará "el mandamiento de desalojo de la vivienda".
Otra orden de desalojo
Una situación similar se vive por estas horas en la ciudad de Las Lajas, debido a que una familia sería intimada formalmente a desalojar la vivienda que ocupan desde hace 16 años. En el hogar conviven cuatro adultos y un menor de 3 años.
La situación se hizo pública durante la jornada de este martes a partir de una publicación realizada por Celena Monzón en sus redes sociales denunciando que su madre Marina Soledad Soto y todos sus convivientes podrían quedar literalmente en la calle. “En el día de ayer supimos que el hospital pidió una orden de desalojo, con intimación”, escribió la joven. Añadió que “necesito ayuda de nuestra gente de Las Lajas. Ayuda para que no nos quiten esa casa que con tanto esfuerzo arregló y levantó mi mamá. No es justo que la dejen en la calle tampoco por su estado de salud”.
La situación que se está produciendo en esta ciudad es por demás compleja, ya que esa vivienda fue usurpada por la vecina Soto y sus hijos. La casa en cuestión pertenecería al gobierno provincial, teniéndola a su cargo el sistema de salud local.
Al respecto, Marina Soto en contacto con LMNeuquén indicó que “yo adopté la decisión de tomar esta vivienda el día 5 de abril del 2009. Entré junto a mis cuatro hijos menores de edad. La casa estaba abandonada, llena de papeles del banco; muy viejos. No tenía luz, gas ni cloacas. Solo había una canilla de agua potable en el baño”.
Siguiendo con su relato, indicó que “fui a juicio porque me denunciaron desde el hospital en el 2012 y en el 2014 quede sobreseída del caso. Nunca más me llegó una notificación”.
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