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Emergencia en Discapacidad: más de 200 neuquinos perdieron injustamente sus pensiones

Perdieron su pensión por auditorías irregulares y todavía no recuperan el beneficio.

La promulgación de la ley de emergencia en discapacidad por parte del Gobierno nacional fue recibida como una medida largamente esperada por organizaciones y familias de todo el país. Sin embargo, en Neuquén, como en la mayoría de las provincias, el tema mantiene una serie de irregularidades.

El subsecretario de Discapacidad de la provincia, Gustavo Iril, valoró la sanción de la norma, pero advirtió que aún quedan problemas sin resolver: auditorías mal ejecutadas, demoras en los pagos a profesionales y más de 200 neuquinos que perdieron injustamente sus pensiones.

Iril señaló que la ley representa un avance importante porque garantiza la continuidad de las pensiones por invalidez laboral y establece que, a partir del próximo año, los montos de los beneficiarios aumentarán un 5% por encima de la inflación. “Es positivo que el Gobierno nacional haya tomado nota de la necesidad de actualizar los valores y de asegurar derechos”, sostuvo en declaraciones radiales.

ANSES discapacidad

No obstante, remarcó que el anuncio también genera interrogantes: “No está claro de dónde van a salir los fondos para financiar estas mejoras. Es un punto central que todavía no tiene respuesta y que genera incertidumbre en las provincias”.

En paralelo, explicó que las prestaciones a profesionales como psicólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos y psicopedagogos presentan un atraso de alrededor del 100% en sus aranceles. “Si no se recalculan esos montos, las personas con discapacidad quedan relegadas porque los profesionales no pueden sostener la atención con valores tan bajos. No alcanza con prometer aumentos, hay que garantizar la prestación efectiva”, alertó.

Neuquinos afectados por auditorías irregulares

Uno de los aspectos más delicados para la provincia son las consecuencias de las auditorías nacionales sobre pensiones no contributivas. De acuerdo con Iril, más de 200 neuquinos vieron suspendidos sus beneficios debido a domicilios inexistentes que figuraban en los registros nacionales.

Ley Emergencia Discapacidad
El fallo judicial declaró inválido el veto presidencial, tras considerar que los derechos de los niños con discapacidad deben estar por encima de cualquier ajuste económico.

El fallo judicial declaró inválido el veto presidencial, tras considerar que los derechos de los niños con discapacidad deben estar por encima de cualquier ajuste económico.

“En ocho localidades se repitieron direcciones que en la práctica no existían. Como resultado, cientos de personas no pudieron presentarse a la citación y perdieron su pensión. No fue un error administrativo, fue algo hecho con dolo”, denunció el funcionario.

Hasta el momento, unas 38 personas lograron recuperar el beneficio, pero todavía hay más de 160 casos pendientes. “Seguimos acompañando a esas familias porque la situación es profundamente injusta”, aseguró.

El peso de las pensiones en Neuquén

Neuquén registra actualmente 11.780 pensiones no contributivas. Cada una equivale a unos $320.000 mensuales, cifra que incluye el adicional por zona fría. Este ingreso resulta vital para miles de hogares.

“El 70% de una jubilación mínima está representado en estos beneficios. En todos los casos que atendimos, las familias realmente dependen de este dinero. No estamos hablando de un ingreso extra, sino de recursos vitales para la subsistencia”, remarcó Iril.

El subsecretario subrayó que, por esa razón, es imprescindible que las auditorías se realicen de manera justa y con acceso real para los beneficiarios.

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Críticas a la metodología de control

Iril fue tajante al cuestionar la forma en que se llevan adelante las auditorías nacionales. Recordó que en Plottier se citó a 2.500 personas de distintas localidades en apenas cuatro días. “Eso es imposible de cumplir. La gente no puede trasladarse en esas condiciones ni reunir toda la documentación requerida en tan poco tiempo. Ese no es un modo serio ni justo de auditar”, criticó.

El funcionario aclaró que el gobierno provincial acompaña a los beneficiarios y está dispuesto a colaborar con Nación, pero insistió en que los controles deben hacerse con un criterio humano y transparente, sin castigar a quienes realmente necesitan la pensión para sobrevivir.

La falta de nuevas pensiones: otra deuda pendiente

A las irregularidades se suma otra preocupación: desde el 10 de diciembre de 2023, no se otorgaron nuevas pensiones. Según Iril, hay numerosos expedientes completos que todavía esperan resolución.

“Nos consta que existen muchas personas con toda la documentación presentada que cumplen con los requisitos. Sin embargo, siguen sin recibir respuesta. Esa demora debe corregirse, porque hablamos de gente que necesita del Estado hoy, no dentro de meses”, enfatizó.

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El fallo de la Justicia de Catamarca ordenó también que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)  se abstenga de realizar nuevas suspensiones, tras ponderar y el riesgo inminente para la subsistencia de los beneficiarios.

El fallo de la Justicia de Catamarca ordenó también que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se abstenga de realizar nuevas suspensiones, tras ponderar y el riesgo inminente para la subsistencia de los beneficiarios.

El subsecretario explicó que las pensiones no contributivas son un derecho de quienes no pueden insertarse laboralmente y que cada demora prolonga una situación de vulnerabilidad.

Un llamado a la responsabilidad

Finalmente, Iril destacó que Neuquén se encuentra entre las provincias que más acompañan a las familias en este proceso y reiteró el compromiso de seguir reclamando por auditorías justas y actualizaciones reales en las prestaciones.

“Es una buena noticia que se haya promulgado la ley, pero necesitamos que se cumpla de manera efectiva. No alcanza con los anuncios: hace falta garantizar que las pensiones lleguen a quienes las necesitan y que los profesionales puedan trabajar dignamente. Solo así la ley tendrá sentido en la vida real de la gente”, concluyó.

En Neuquén, más de 11.700 personas dependen de las pensiones por discapacidad. La nueva ley abre expectativas, pero las irregularidades en las auditorías, la falta de actualizaciones y la demora en la entrega de nuevos beneficios siguen marcando la agenda local.

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