ANSES dio de baja la pensión de una joven con discapacidad irreversible: "Se siente sola y desamparada"

Esperanza tiene 21 años y desde que nació convive con una discapacidad motriz severa. Su diagnóstico médico incluye mielomeningocele, escoliosis e hidrocefalia. Una condición irreversible, reconocida en su momento por el Estado a través de una pensión no contributiva, que además le garantizaba cobertura médica y una mínima estabilidad económica.

Sin embargo, hace unos días su familia se encontró con una situación insólita: la pensión había sido dada de baja sin previo aviso. “Cuando fue a cobrar, se enteró de que no tenía depósito. Encima, en la página de ANSES figuraba como si hubiese cobrado, hasta con un bono extra. Pero en su cuenta bancaria no había nada”, contó su hermana, Daiana Sarmiento, en diálogo con Radio La Red.

La explicación que recibieron en la delegación de ANSES no hizo más que aumentar la indignación. Según relató Daiana, en el sistema aparecía que la discapacidad de Esperanza era “reversible”. Una definición absurda si se tiene en cuenta que los diagnósticos médicos de base son permanentes y constan en la historia clínica desde el nacimiento.

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“Nos dijeron que tenía que volver a empezar todo de cero: presentar certificados, someterse a estudios nuevos, hacer una historia clínica completa otra vez, como si su condición pudiera haberse curado. Es inaudito”, señaló Daiana.

Lo más grave es que en ningún momento la familia recibió una carta documento, un mail oficial o cualquier tipo de notificación para advertir que la pensión sería revisada. “Se supone que deben enviar una comunicación formal para que uno pueda presentar la documentación y evitar la baja. Eso nunca pasó”, agregó.

La baja de la pensión arrastró también la pérdida de la cobertura social que permitía a Esperanza acceder a tratamientos, controles y estudios médicos. En este punto, la hermana remarcó la dureza de lo que implica volver a empezar: “Ella tiene que someterse a una tomografía con contraste que es muy invasiva, a estudios de sangre, a revisiones traumatológicas, cuando ya pasó por 14 cirugías en su vida. Está cansada física y emocionalmente”.

La familia acudió a la Subsecretaría de Discapacidad de la provincia, donde encontraron empatía y asesoramiento. Sin embargo, la respuesta fue clara: hay que reiniciar todo el trámite, presentar certificados desde el nacimiento y atravesar otra vez la burocracia.

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La pensión que Esperanza percibía era de unos 300 mil pesos mensuales, un ingreso modesto pero vital para sostener gastos básicos de alquiler y alimentación. “Nosotros no tenemos papás, somos los hermanos quienes la ayudamos. Ahora ella está con mucha ansiedad, angustia, se siente sola y desamparada porque era su único ingreso. Es muy injusto”, expresó Daiana.

En su testimonio, hizo un fuerte llamado a la conciencia social: “A lo mejor los que no lo viven dicen ‘prefiero tal o cual gobierno’, pero no es así. Están dejando desamparados a los más vulnerables. No se trata de números, se trata de personas de carne y hueso, de seres humanos”.

Un problema que no es aislado

El caso de Esperanza no es único. Mauro, otro joven consultado, relató que su hermano también sufrió la suspensión de la pensión sin aviso previo. “De repente le dejaron de pagar. No recibió notificación alguna. Hizo la presentación de toda la documentación que solicitaron, pero ahora está a la espera de que lo analicen. Y mientras tanto, no cobra nada. No hay plazos estipulados para resolverlo”, denunció.

Esto significa que, aun cumpliendo con los trámites, las familias quedan a la deriva durante semanas o meses sin certezas sobre cuándo se restablecerá el beneficio. La angustia se multiplica, sobre todo porque detrás de cada caso hay tratamientos médicos, alquileres que pagar y una vida cotidiana que no se detiene.

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Más de 2,5 millones de trabajadores informales ya cobraron la primera cuota de $47 mil, los que aun no lo hicieron tienen tiempo hasta mañana para inscribirse.

Falta de auditorías y respuestas oficiales

La gran incógnita es cómo puede ser que el sistema catalogue una discapacidad irreversible como “reversible” sin intervención médica ni auditoría presencial. Tampoco hay constancia de que se hayan realizado revisiones periódicas con profesionales de la salud, como debería ser en estos casos.

“Lo grave es que no hubo una auditoría previa. Simplemente, se dio de baja en el sistema. Nos dijeron que debía haber llegado una notificación, pero jamás ocurrió”, sostuvo Daiana.

Este vacío en el procedimiento genera dudas no solo sobre la transparencia de las decisiones administrativas, sino también sobre el destino de los fondos que en el sistema figuran como cobrados, aunque no llegan a la cuenta de los beneficiarios.

El nuevo recorrido para intentar recuperar la pensión se presenta complejo. Según explicó la familia, deben:

• Conseguir turnos médicos para nuevos estudios.

• Reunir toda la documentación desde el nacimiento.

• Presentar una nota formal en ANSES acompañada de una historia clínica actualizada.

• Esperar que el expediente sea evaluado nuevamente.

Mientras tanto, el tiempo corre en contra de quienes dependen de esos ingresos para sobrevivir. “Más allá de que tiene 21 años, mi hermana está cansada porque vivió demasiadas cosas. Y ahora es volver a empezar como si nunca hubiéramos pasado por esto”, lamentó Daiana.

Daiana insistió en un punto central: “Los funcionarios deben entender que no es solo una cifra en una computadora. Son personas que sienten, que sufren y que necesitan respuestas”.

Según denunciaron ambas familias, los casos de Esperanza y del hermano de Mauro ponen en evidencia las fallas administrativas que dejan a personas con discapacidad sin ingresos ni cobertura, sin aviso previo y sin plazos claros de resolución.