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La Legislatura aprobó un crédito de 50 millones de dólares para la emergencia penitenciaria

La ley, impulsada por el gobierno provincial, fue acompañada por el bloque oficialista, aliados y el MPN. El kirchnerismo y la izquierda se opusieron.

La Legislatura sancionó este viernes por la noche y por mayoría la ley 3426 que declara la emergencia penitenciaria en toda la provincia por un plazo de tres años, prorrogable por igual período. La iniciativa, elevada por el gobernador Rolando Figueroa, faculta al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por hasta 50 millones de dólares para hacer frente a la crisis del sistema, la falta de infraestructura de servicios y la superpoblación carcelaria.

La norma fue aprobada anoche en sesión extraordinaria y obtuvo 21 votos positivos aportados por Desarrollo Ciudadano-Comunidad, PRO-NCN, Arriba Neuquén, Avanzar, MPN y Cumplir. Las bancas del FdTN y FITU se pronunciaron en contra.

La emergencia penitenciaria fue fundamentada por el diputado Ernesto Novoa (Desarrollo Ciudadano-Comunidad) calificó la situación carcelaria “sumamente grave”, denunció que, por la superpoblación de las cárceles, en la actualidad se utilizan las comisarias para alojar personas detenidas y condenadas. Expuso que son “deplorables” las condiciones edilicias de los centros penitenciarios. “Debemos dar una respuesta para quienes hayan cometido un perjuicio a la sociedad lo paguen, pero en condiciones dignas”. Advirtió que el sistema alberga a más de mil personas detenidas, en un régimen carcelario con capacidad para 600.

Al respecto, el diputado Francisco Lépore (Avanzar) informó que en lo inmediato se necesitan incorporar 200 plazas nuevas para bajar el cupo de detención de la U11 y descomprimir las comisarias, que alojan a 55 personas privadas de su libertad. Agregó que el financiamiento servirá para afrontar reparaciones, incorporar equipamientos y restaurar servicios en las unidades de detención.

Por el bloque Cumplir, Alberto Bruno señaló que la medida permitirá afrontar las condiciones de hacinamiento y pidió también por una ley de emergencia en seguridad. De igual modo, ponderó la concurrencia de funcionarios de la cartera de Seguridad a la comisión de Hacienda para brindar informes de manera semestral. El diputado Gerardo Gutiérrez (MPN) sugirió que se incorpore al Comité contra la tortura como consultor de los distintos aspectos de la emergencia.

A su turno, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) aseguró que “el Estado no está funcionando” y mencionó por caso las elevadas estadísticas provinciales en femicidios, homicidios, robos y hurtos. En ese sentido, pidió avanzar en una ley de emergencia en seguridad para dotar de mayores recursos a la policía neuquina. Se refirió a la precariedad de las instalaciones carcelarias y reivindicó la necesidad de endeudarse en dólares para la realización de obras de mediano y largo plazo.

A su turno, al argumentar su voto negativo, la diputada Lorena Parrilli (FdTN) cuestionó el endeudamiento en moneda extranjera y dijo que se trata de una práctica habitual del actual gobierno provincial. Su compañero de bloque, Darío Martínez, criticó la falta de precisiones en cuanto a las tasas y plazos del endeudamiento y dijo que, de acuerdo al informe de la cartera de Seguridad de esta mañana, las necesidades carcelarias se podrían cubrir con 22 millones de dólares y no con 50 como lo plantea la ley.

Desde el FIT-U, Gabriela Supiccich coincidió “en el diagnóstico” de la situación carcelaria, con elevados índices de hacinamiento y condiciones indignas de habitabilidad de las unidades, pero advirtió que la ley no dará respuesta a la situación, al tiempo que cuestionó el “cheque en blanco” que constituye el endeudamiento.

Ley impositiva

La Cámara sancionó por mayoría, además de la emergencia penitenciaria, otras tres leyes impulsadas por el oficialismo para incrementar la recaudación provincial mediante suba de tasas y cobros por rescates en accidentes producidos en caminos no habilitados. Desde la oposición, los bloques Frente de Todos y el FIT-U cuestionaron la urgencia en tratar iniciativas que tienen un fin recaudatorio en sesiones extraordinarias, a pocos días del inicio del período ordinario, sin posibilidad de debatirlas y analizarlas en profundidad en el marco de las comisiones.

La ley 3423 modifica el Código Fiscal al incrementar en hasta un 50% determinados importes fijos establecidos en la ley impositiva. La norma fue votada por mayoría con 20 votos positivos de Desarrollo Ciudadano-Comunidad, MPN, Cumplir, PRO-NCN, Arriba Neuquén y Avanzar, mientras que obtuvo 3 votos negativos de los bloques Frente de Todos y FIT-U.

Al explicar la iniciativa, el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) señaló que la ley faculta al Ejecutivo provincial a aumentar los mínimos imponibles para “acompasar” el proceso inflacionario y el aumento de las alícuotas ya dispuestas en el Código Fiscal. Además, indicó que se amplía el alcance de la exención del impuesto inmobiliario para los contribuyentes jubilados y pensionados al elevar de 3 a 5 el salario vital y móvil que se tiene como referencia para acceder al beneficio.

Con igual criterio, el cuerpo aprobó la ley 3424 que establece un “recupero financiero” por asistencia médica o logística de rescate en accidentes o siniestros viales ocasionados por quienes transiten en caminos no habilitados.

La norma logró 21 votos positivos y 4 negativos. A favor lo hicieron los bloques MPN, Desarrollo Ciudadano – Comunidad, PRO-NCN, Arriba Neuquén y Avanzar, mientras que el bloque Cumplir votó en forma dividida, con el voto disidente de la diputada Brenda Buchiniz. El diputado Matías Martínez (Desarrollo Ciudadano – Comunidad) dijo que la propuesta se enmarca en “el uso eficiente y racional de los recursos” para contribuir a lograr “un Estado ordenado”. Desde Avanzar, Francisco Lépore argumentó que todos los proyectos bajo tratamiento son “muy necesarios en un contexto donde el gobierno nacional nos quiere poner de rodillas a los patagónicos”.

En igual sentido, el pleno aprobó también la ley 3425 que modifica los artículos 1° y 3° de la ley 2044 a fin de incorporar el valor JUS como referencia de actualización al momento de abonar las tasas de servicios por actos administrativos que se realicen a través de la Subsecretaría de Trabajo.

Al respecto, Lépore indicó que la iniciativa permite jerarquizar el trabajo que debe realizar el organismo al realizar trámites administrativos que incumben tanto a la parte empleadora como al empleador. Destacó que se trata de una instancia prejudicial que permite llegar a acuerdos entre las partes sin tener que recurrir a la justicia laboral.

Aclaró que, en los últimos años, el servicio que se brinda desde la dependencia bajó en sus prestaciones por falta de recursos. En ese sentido, subrayó que la incorporación del valor JUS permite actualizar el valor de las tasas de una manera más dinámica y equiparar el monto al valor de lo que se abona en el Poder Judicial.

Por su parte, desde el MPN, Ramón Fernández, ponderó el alcance de la medida al recordar que la Subsecretaría funciona desde hace mucho tiempo sin los recursos adecuados y su incidencia en la resolución de conflictos laborales es vital para el trabajador.

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