Le redujeron el sueldo a un gerente petrolero, se consideró despedido y deberán indemnizarlo con una suma millonaria

Una empresa del rubro hidrocarburífero deberá abonar más de 70 millones de pesos a un gerente que se desempeñó también como su presidente y que, luego de ser desplazado del cargo por la renovación de autoridades de la comisión directiva, se consideró despedido a raíz de una merma del 75% de su sueldo.

El titular del Juzgado Laboral N° 2 de Cutral Co, Eduardo Richter, consideró que la baja significativa de los haberes configura una injuria suficiente para suponer un despido indirecto.

El magistrado destacó que “el caso bajo análisis no configura el que habitualmente debemos resolver, cuando se reclama por diferencias de haberes o indemnizaciones laborales”.

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Claudio Espinoza

En ese sentido, mencionó la “condición especial del accionante” pero también la de quienes integran la comisión directiva de la firma demandada, los cuales “antes que empresarios desconectados de la realidad cotidiana de la sociedad, en sus diversos ámbitos de actuación, son y fueron también trabajadores; y en tanto tales deberían contar con las garantías consagradas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.

El juez tomó su decisión en base a un dictamen pericial contable, al que consideró “concluyente” y en el cual no se halló “ninguna documentación que respalde el motivo por el cual se disminuyeron los haberes, ni se ha mencionado quién tomó esa decisión”.

El gerente pidió que se le pague su sueldo sin descuentos en reiteradas ocasiones

Richter también señaló que “el accionante intimó en forma reiterada a que se le abonen correctamente y sin descuentos, los salarios rebajados a partir de mayo de 2023” y que, en ese sentido, la respuesta de la patronal fue siempre negativa y sin justificación. “Es por ello que la decisión extintiva bajo análisis resultó legítima y se basó en un supuesto de injuria suficiente”, añadió.

Por último, explicó que, en relación al despido indirecto, corresponde a quien lo invoca aportar suficientes elementos a fin de demostrar “la existencia de una injuria capaz de justificar la denuncia del contrato de trabajo”. Y entendió que “la actitud desplegada por la empleadora (reducción unilateral salarial) constituyó un supuesto de injuria hacia los intereses del demandante” suficiente para autorizarlo a darse por despedido.

Cobró una doble indemnización por error, no quiso devolver la plata y lo embargaron por $140 millones

Un exempleado de una importante empresa está en la mira judicial por inconvenientes en una indemnización laboral, tras recibir dos veces una millonaria suma de dinero y se negó a reintegrarlo. Por el caso, la jueza de Garantías ordenó el embargo de bienes por $140 millones tanto a Roberto Sarmiento como a su esposa, mientras avanza la causa en la que está imputado por defraudación.

Empleado, indemnización, San Luis

El exempleado que cobró la doble indemnización por error deberá responder ante la justicia.

El caso se remonta a diciembre pasado, cuando Sarmiento fue despedido tras 15 años de trabajo en la empresa Barrick, hoy Minera Andina del Sol. La compañía le transfirió la indemnización laboral correspondiente de $110.000.000. Días después, debido a un error administrativo en el sector de contaduría, se le volvió a abonar la misma suma, totalizando $220.000.000.

A partir de allí, la empresa intentó recuperar el dinero, pero el hombre no respondió, lo que derivó en la denuncia penal presentada en la UFI Delitos Informáticos y Estafas de San Luis en enero pasado. Según fuentes del caso, el maquinista habría transferido esos 110 millones de pesos a la cuenta de su esposa, lo que la implicó en la investigación.

Por su parte, la querella, representada por Juliana Viscaino, imputó también la hombre por defraudación, delito por el que se establece prisión de un mes a seis años para quien utilice engaños o artilugios para apropiarse de bienes ajenos.

Sarmiento se encuentra en libertad y deberá presentarse cada 30 días en la comisaría de su domicilio en San Luis, además de contar con prohibición de salir del país sin autorización judicial. La magistrado estableció un plazo de 9 meses de Investigación Penal Preparatoria, durante el cual el maquinista cambió de defensa y quedó representado por Horacio Merino.