Policías en acción: lealtades socavadas

Por GABRIEL RAFART

A principios del mes de octubre del año pasado sucedió el sorpresivo conflicto protagonizado por cientos de prefectos y gendarmes. Un contingente numeroso ocupó  los accesos a los edificios de sus respectivos comandos. La lealtad hacia el poder de sus mandos –tanto políticos como operacionales– había sido socavada. El reclamo aquel exigía resolver de manera inmediata una escala salarial alterada por una administración que había acordado poner orden a una lógica perversa promovida por un grupo de abogados y agentes retirados canalizada por unos pocos jueces. Todo daba cuenta de un quiebre en la cadena funcional. Aun así, en aquella ocasión esos agentes no declararon una huelga sin tiempo ni coparon los edificios con jefes como rehenes. Desde esta columna se hacía un balance contrario a las proyecciones de tipo apocalípticas que se hicieron en el momento. Se sostenía que si bien en esos cuerpos de seguridad la disciplina se había resquebrajado “sería irreversiblemente recobrada”. Y así sería “porque el mundo que les toca ha sido militarizado hace tiempo”. También se planteaba la necesidad de pensar alguna fórmula institucionalizada que diera visibilidad y canalizara las inevitables demandas de los rebeldes, tanto para ese presente como para el futuro. Ya en ese entonces dentro del Ministerio de Defensa había una corriente de opinión favorable en hallar alguna figura de nuevo tipo que no necesariamente llevara a la entera sindicalización con representación igualitaria y, por supuesto, derecho a huelga. Algunos consideran que ese proceso creativo podría haber arrancado con la apertura de una oficina a ocupar por una suerte de "ombudsman". Cada una de las fuerzas de seguridad tendría ese defensor de “su público” uniformado, a la manera del defensor del consumidor u otras tantos símiles que ya existen para las mas variadas categorías de individuos y funciones sociales. Era cierto en ese momento y más aún en el actual que si no llegaba un tipo de solución semejante, el camino abierto por prefectos y gendarmes tendría un efecto dominó en las restantes policiales territoriales. Todo aquello se decía y el fuego que se apagó pareció olvidar que el mundo policial es un campo en disputa y siempre insatisfecho.
Se puede sostener que con cierta tardanza ese efecto dominó llegó. Al no haberse dado esa transformación “desde arriba” para las fuerzas de seguridad, las consecuencias están a la vista. Si bien aquel conflicto en el edificio centinela se desactivó, es sabido que luego de atender a los arreglos administrativos y salariales se recurrió al instrumental tradicional –poder de mando, recomposición e imposición de la cadena jerárquica y las consecuentes sanciones con retiros anticipados y bajas abruptas–, nunca apareció ese poder estatal inteligente que brindara alguna solución futura para lo que hoy es un emergente disruptivo. Ni siquiera una medida “experimental” se consideró. Sin duda, el gobierno nacional carece de una respuesta estudiada y definitiva, de esas que sí permitieron establecer un protocolo de actuación común para afrontar situaciones de conflicto social en las calles. Hoy la mayor parte de las policías provinciales lo aceptaron, menos la de Neuquén y su par Metropolitana de la administración de Mauricio Macri.
En la semana ese poder dio señales de ese tiempo perdido. Ya van media docena de conflictos; otros están latentes. Aunque esta vez quien derribó la primera pieza fue el poder político de una provincia. También le cabe mucha responsabilidad al eje federal, a sabiendas de que sus cualidades y recursos de intervención en los territorios provinciales siempre requieren mayores exigencias. Y éstas deben ser justificadas. Le asiste la Constitución y la lógica política al jefe de Gabinete, Capitanich, que en sus primeras declaraciones de la mañana del miércoles -cuando el conflicto de la Policía cordobesa estaba desbordado y la situación social parecía dar lugar a un “Cordobazo delictivo- le devolvió el discurso de la autonomía provincial al gobernador José Manuel de la Sota; además de recordarle que faltó el pedido oficioso para la presencia de gendarmes que reemplazaran a la policía en rebeldía. De la Sota actuó apresurado, de un absoluto no pasó sin mediaciones a un rotundo sí, aceptando a modo de rendición incondicional el pliego de exigencias de los uniformados. La táctica elegida para superar el conflicto fue la del bombardero desbordado, muy lejos de la cultura del consenso que propone en su verbo presidenciable. Ese verbo que siempre supone un punto intermedio. Son varios los gobernadores de la cofradía peronista y de los otros, que no necesitan mucho para saber que la manera de resolver la sedición policial puso punto final a la carrera política de su par cordobés al dar lugar a ese efecto dominó. Fueron varios jefes provinciales que fuera del micrófono le recordaron a su par mediterráneo que sin haber sido eyectado de la gobernación vivió un auténtico “navarrazo”, esta vez fuera de los tiempos de vida de Juan Perón. Todo por aceptar el apriete por parte de un tipo de trabajador público que al disponer de armas letales siempre habla con otro lenguaje. Ese que materializa la cruda realidad estatal, el de la coerción. Ese que también habla del monopolio de la violencia legítima y que por ende exige mando y obediencia. La referencia a aquel “azo” sin dudas está lejos del Cordobazo de 1969 o del otro evento criminal que hace al recuerdo del 28 de febrero de 1974, fecha en que el jefe de los comisarios provinciales Antonio Navarro desalojó al gobernador Obregón Cano y a su segundo Atilio López. Para peor, De la Sota salió sin pelos en la lengua para hablar de un genérico bandolero protagonista de los cientos de saqueos organizados. Aquí otra vez falló en su voluntad política por la criminalización ligera de esos eventos del martes y miércoles pasados cuando desde su posición debía haber planteado que la ley había sido quebrada por el mismo universo policial al liberar las ciudades para que ocurrieran los desmanes conocidos.
Como sostiene un especialista en reformas policiales en marcha, para gran parte de las policías de occidente hay que transformar a esas instituciones no sólo dando lugar a una sindicalización o algo parecido, hay que tocar las rutinas de los agentes, el tipo de socialización alterada por el contacto permanente con el crimen organizado, establecer nuevos patrones de control laboral, mayor supervisión y evaluación, y por su puesto restablecer la lealtad hacia la sociedad y el poder político.