Por Sebastián Lafón
La estatización de YPF representa un escalón más en la disputa por la hegemonía que planteó el kirchnerismo en los últimos años hacia el interior del bloque del poder.
Surgido al calor del 2001, que marcó una nueva dinámica en el devenir político y social en el país, el kirchnerismo desde que llegó al poder adoptó medidas destinadas a reconciliar a la acorralada clase política de aquel momento con diversos sectores de la sociedad. En principio, podrá discutirse si fue por ese pragmatismo que para los peronistas muchas veces es ley y que reza que la única verdad es la realidad, o bien por el impulso de las convicciones ideológicas, pero lo cierto es que gran parte de aquellas decisiones afectaron intereses protegidos durante décadas.
Los perjudicados fueron los grupos hegemónicos tradicionales, que crecieron al amparo de la última dictadura cívico-militar mediante el modelo rentístico-financiero. Y que sobrevivieron en democracia gracias a la cooptación que efectuaron del partido político en el gobierno de turno, junto con algunos dirigentes opositores y conducciones de organizaciones de la sociedad civil. La sinergia entre estos actores de intereses dispares en teoría, se encendió al calor de los factores materiales.
Con Néstor Kirchner en el poder, esta práctica que era condición “sine qua non” para cualquiera con intenciones de llegar al sillón de Rivadavia, comenzó a resquebrajarse.
Terreno preparado
Visto en perspectiva, el terreno para la expropiación de YPF se preparó. Hay dos etapas dentro del kirchnerismo: la primera, durante la presidencia de Néstor, en la cual el país se desendeudó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y dejó de lado sus recetas, algo que no ocurría desde la incorporación al organismo en 1956; se enterró al ALCA, en un hecho histórico y sin precedentes en la historia del país y Latinoamérica; se decidió como política de Estado no reprimir la protesta social y activar los juicios por la violación de Derechos Humanos durante la última dictadura, además de atender la situación de las fábricas recuperadas por obreros; y se renovó la Corte Suprema de la Nación con miembros de perfil progresista.
La segunda, con Cristina Fernández como conductora, está signada a nivel interno por medidas más profundas y por eso lo de YPF no es un desatino: la Ley de Medios; la Asignación Universal por Hijo; la reestatización de las AFJP; la recuperación de Aerolíneas Argentinas como línea de bandera; el pago de deuda externa con reservas del BCRA y la reforma de la legislación de la entidad; la ley de matrimonio igualitario; y el nuevo estatuto del peón rural, entre otras.
Fue esta segunda etapa, y sobre todo tras el conflicto con el campo, donde más evidente se hicieron las incompatibilidades entre los sectores que disputan la hegemonía en este momento en el país, y que tiene en la vereda de la sociedad civil al monopolio Clarín, secundado por la UIA y las grandes corporaciones del campo; y en la otra al proyecto político encabezado por el kirchnerismo, a cargo de la administración del Estado y respaldado por gran parte de los representantes de los trabajadores, del empresariado medio y diversas organizaciones sociales.
La medida
Ya se sabe: en política, el poder se mide por la capacidad de articular voluntades detrás de designios. Y nunca hay buenos momentos para tomar decisiones difíciles. “La política es caminar entre dos precipicios”, ha dicho el filósofo Ernesto Laclau, y el kirchnerismo ha demostrado que no sufre vértigo -algo que parece exasperar y al mismo tiempo frustrar a sus opositores-. Tiene además la ventaja de contar con un proyecto de poder, lo que permitió tras la muerte de su principal líder, no sólo mantenerse de pie, sino incluso fijar nuevos desafíos.
En términos simbólicos, la estatización de YPF implica un golpe fortísimo al modelo neoliberal que se impuso durante los ’90 y que tuvo en la empresa petrolera una bandera para exhibir. Y en términos materiales, además de tener implícita una autocrítica de la Presidenta hacia su política hidrocarburífera, representa el fortalecimiento y la búsqueda de soberanía energética de un Estado que desde 2003, es liderado para tener un rol protagónico en la economía del país, y por lo tanto, en la vida de todos sus habitantes.