Una plaza llevará el nombre “Jorge Oyarzún”, el adolescente de 17 años que murió ahogado hace cuatro años en el río Neuquén luego de que, según la versión de la Policía y de la Justicia, lo atacara una jauría, en circunstancias que nunca se supieron y que la fiscal Sandra González Taboada nunca terminó de esclarecer. La única imputada en la causa, Blanca Castro (dueña de los siete perros involucrados en la muerte), falleció días antes del juicio. El joven desapareció el 25 de mayo de 2010 y fue hallado muerto tres días más tarde. Su cuerpo mutilado apareció en las orillas de un brazo del río Neuquén, que corre detrás del barrio Villa Obrera, a metros de un destacamento policial. Nadie vio nada, nadie supo nada. Todavía hoy las respuestas brillan por su ausencia. El entonces jefe de Policía, Juan Carlos Lepén, hizo una interpretación muy particular sobre la muerte de Jorge: afirmó que días antes un oficial fue atacado por una jauría de perros en la misma zona en la que fue hallado el cadáver. Este ataque, a partir del cual se comprobó que el efectivo sufrió heridas similares a las del adolescente, provocó que la Policía conjeture que la muerte de Oyarzún haya sido consecuencia del ataque de esta jauría. A diferencia de la versión policial y judicial, el licenciado en Criminalística Enrique Prueger aseguró que el joven de Centenario permaneció casi dos días con vida antes de morir en aguas del río. El accionar policial y judicial de la mano de González Taboada dejó mucho que desear. Como solo ejemplo de esta afirmación puede mencionarse que la ropa que Jorge Oyarzún llevaba puesta ese día se tuvo que ir a buscar al basural meses después del crimen.