Por RAMIRO MORALES
La violencia de lo repentino, lo inesperado, lo injusto. Es difícil encontrar palabras a lo que pasó el jueves pasado en la Cooperativa Obrera. Aún a estas horas no se sabe cuál será el saldo de víctimas fatales tras el derrumbe de una losa cargada por una construcción clandestina. El dolor lo empaña todo.
En los próximos días, cuando la angustia se disipe, será tiempo de encontrar responsables. En eso está abocada la Justicia, que ha puesto en marcha toda su estructura como pocas veces se había visto en la historia neuquina. No es para menos: las crónicas recordarán a esa tragedia como la peor que vivió Neuquén en su siglo como ciudad.
El derrumbe de la Cooperativa Obrera es una muestra de la cultura rentística que circula por las venas neuquinas. Desde la devaluación y más intensamente con el alza sostenida de precios a partir de 2008, se generó en la provincia un imparable boom inmobiliario. Los pocos privilegiados para acceder a ese mercado canalizan sus ahorros en ladrillos y los convierten en renta fácil, aprovechando la enorme oferta de inquilinos. A veces, en ese fragor, construyen verdaderas ratoneras disimuladas en la forma de una vivienda. Olvidan que allí vivirán familias.
La tragedia de la Cooperativa mostró el lado más duro y descarnado de esta tendencia. Años atrás hubo otro ejemplo del rostro inhumano de la cultura rentística, cuando se halló a decenas de obreros paraguayos hacinados en el galpón de una empresa constructora. Mano de obra semiesclava para alimentar la máquina de construir. El dueño de la firma gozó de los favores políticos y esquivó penas. Es de esperar que aquí no ocurra lo mismo.
Responsabilidades
¿Qué responsabilidad le cabe al Estado por lo que ocurrió? La pregunta no es menor. Es cierto que en Argentina prepondera la cultura de hacer las cosas mal. Nadie puede decir que desconoce la obligación de sacar un permiso para hacer una obra o una ampliación. Pero al mismo tiempo hay dos millones de metros cuadrados sin declarar, según un relevamiento que hizo Rentas a principio de año.
Ante esta circunstancia, ¿no debería el Estado intensificar sus mecanismos de control? Avisados de que hay cientos de miles de metros cuadrados sin declarar, ¿por qué esperar a la buena voluntad del vecino para que éste registre su obra? Solución de continuidad a la Argentina: ahora sí, después de los muertos, los controles se harán ubicuos, al menos por un tiempo. Qué tema el que no tiene su obra declarada, porque allí caerá ese burocrático y torpe Leviatán con su libreta de multas. Lo hará tarde, como ocurre casi siempre.
Política
En 2006, el intendente Horacio Quiroga quedó al borde del juicio político luego de una tragedia que acabó con la vida de Sofía Pacek, la mujer que murió aplastada cuando cayó una bandeja de contención de un edificio en construcción mientras dormía en una habitación de su casa. Muchos se afanaron en recordar ese caso por estos días. La política seguramente meterá sus pies de nuevo: no son pocos los que salieron a rápidamente a hacer notar que no había manera de que el Municipio no supiera de esta obra, que se realizaba en el corazón de una manzana pero a la vista del público.
Por las dudas, Quiroga salió rápidamente a despegarse del hecho. Su primer contacto con la población, todavía arrancada de su cotidianidad por la tragedia, fue para decir que la obra era clandestina, que el Municipio no la conocía. Fue para descargar culpas sobre el dueño del terreno. Recién ayer aseguró que se abrió un sumario para deslindar posibles responsabilidades.
No se puede juzgar por anticipado. No es lo correcto. Para eso está la Justicia. Tampoco se puede hablar, al menos hasta que avance la causa, de culpas políticas: este caso fue muy distinto al de Cromañón, que terminó con decenas de jóvenes muertos y se llevó puesto al entonces jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra.
Necesidad de justicia
Sí se puede hablar de responsabilidades y mesura. En tiempos de dolor, de impotencia, en momentos donde todo se torna inexplicable, la sociedad, que cada cuatro años va con esperanzas a las urnas a otorgar un mandato, espera que la clase política esté a la altura. El daño que sufrieron las víctimas y sus familias se replicará de alguna manera en el tejido social. Allí deberán estar los líderes para recomponer la situación. Esto sólo será posible si se hace justicia.