Por Ramiro Morales
“Se vienen cinco meses difíciles”, dijo el gobernador Jorge Sapag esta semana, en referencia a lo que queda del año. El Gobierno tendrá que lidiar con las demandas salariales de parte de los gremios estatales, y el enfriamiento de la economía, que complica las cuentas del Tesoro. De hecho, ya se proyecta un déficit de 1.000 millones de pesos, una cifra que comienza a preocupar a los técnicos de Economía.
Con ese telón de fondo, el gobernador reveló esta semana que le pidió una asistencia financiera a Nación de 250 millones de pesos. “Es la primera vez en cinco años”, dijo, en referencia a lo que lleva de su mandato. Otros distritos ya obtuvieron tales ayudas a tasas muy bajas, lo que equivale en términos concretos a una asistencia casi sin contraprestaciones. Es que Neuquén no es al única con problemas financieros: existe un déficit consolidado en el conjunto de las provincias que amenaza con tensar las relaciones con el gobierno central.
El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, envió una carta a la presidenta donde reclama la devolución de una vieja deuda. Su par bonaerense, Daniel Scioli, movilizó a sus alfiles para conseguir un aporte, algo que finalmente ocurrió, previo melodrama de idas y vueltas.
Sapag no llegó a esos niveles, pero esta semana endureció su discurso: volvió a reclamar que se autorice una suba en el precio de boca de pozo que se paga por el gas neuquino, algo que repercutiría en el ingreso por regalías. Para colmo, en pleno invierno, el fluido de la cuenca se deriva hacia el sector domiciliario, lo implica menores ingresos ya que se paga más barato.
El mandatario no se quedó en ese hecho. También apuntó hacia el nuevo baluarte del gobierno nacional, la YPF bajo control estatal. Dijo que sin precios atractivos para los hidrocarburos será difícil conseguir inversiones, algo que el propio Miguel Galuccio, titular de la firma, estaría intentando modificar en el corto plazo, aunque sin respuesta política.
Salarios, primer round
El pasado viernes se reunió la mesa técnica que se conformó para canalizar el reclamo gremial. No hubo oferta de parte del Gobierno, lo que llevó a los sindicatos a plantear la posibilidad de medidas de fuerza para la semana que viene.
Los gremios piden que se complete un incremento del 35% anual, lo que significaría otorgar al menos un 15% para el segundo semestre. Serían más de 600 millones de pesos que, según fuentes de Economía, en este momento no existen.
Años anteriores, los incrementos salariales se otorgaban con el dinero que entraba por encima de lo presupuestado, un mecanismo común en cualquier administración pública, donde se tiende a subestimar recursos. Sin embargo, los tres primeros meses del año, y sobre todo abril y mayo, encendieron la luz de alarma: la cantidad de fondos por encima de lo pautado resultó ser magra, a tal punto que para afrontar la primera suba salarial que se dio en el año el Gobierno tuvo que salir a emitir deuda.
Ya hubo una pequeña colocación de letras del Tesoro semanas atrás, pero por estos días descansa en algún escritorio del Ministerio de Economía de la Nación el pedido de permiso para una nueva ronda, con garantía de la Coparticipación Nacional. La firma que resta, un trámite burocrático, lleva a sospechar que existen otras razones por las cuales Neuquén no puede emitir los más de 400 millones de pesos que desea. Quizás en esa línea deba leerse cierto endurecimiento en el discurso de parte de los actores locales hacia la Casa Rosada.
Tierras productivas
Mientras a nivel provincial el tema fondos acapara la escena, en Centenario, esta semana se dio un debate que bien podría servir a modo de metonimia con lo que ocurre en otras localidades del valle. En una sesión nocturna, a puertas cerradas, sin prensa y no exenta de polémica, el Concejo Deliberante de esa localidad aprobó un proyecto de desafectación para más de 400 hectáreas de tierras productivas, que ahora podrán tener otro destino, como el inmobiliario.
Es el mal del valle: tierras que podrían ser implantadas se lotean, alimentando además la especulación inmobiliaria. No menos cierto es que la producción pasa una de sus peores horas y la pequeña escala dejó de ser rentable. ¿Cómo se le pide a un productor que se para sobre tierras que podrían ser un gran negocio que apueste por la fruta, menos previsible, menos rentable y con un horizonte gris?
El debate no es menor y debería instalarse en todos los municipios de forma conjunta. Después de todo, el Estado es uno de los responsables de proteger la actividad productiva genuina.