Por RAMIRO MORALES
Un video que circuló esta semana en los medios de la región se mostró como una síntesis de lo que hoy representan los cortes de ruta en la provincia. Las imágenes mostraron el enorme descontento, rayano con la violencia, que despertó en un grupo de personas el piquete que los estatales montaron en el puente sobre el río Correntoso, en Villa la Angostura. “¿Qué me venís a cortar el puente vos?”, criticó un transeúnte. “¿Por qué no agarran un arma y salen a matar gente? Maten al intendente, maten al gobernador, maten a quien se les cante las bolas, ¡pero no vengan a cortar la calle!”, gritó el hombre.
La postal, de carácter sociológica, da cuenta de un enfrentamiento que no encuentra salida. El enojo del vecino se traduce también en violencia y todo termina envuelto en un espeso clima de quejas, impotencia y bronca.
Ese signo es el primero que define la ratio piquetera en la década del 2010: un divorcio brutal entre los que cortan rutas y el resto de la sociedad, que ya no tolera que se les impida el tránsito y se les imponga un virtual cerco que les impida llegar a sus hogares o hacer, al fin y al cabo, lo que tengan ganan de hacer.
Orígenes
En su génesis más primitiva, el piquete tuvo una lógica muy distinta a la de ahora. En Cutral Co, en los '90, fue un pueblo entero el que se arrojó a la ruta para pedir trabajo. Eran desempleados y no tenían fábrica que ocupar, ni producción que parar. De allí el gesto, primigenio, impulsivo, sanguíneo, de ocupar el asfalto. Las crónicas de aquellas épocas, aún las más críticas, reseñan el enorme apoyo popular con el que contó la medida. La causa aglutinaba porque allí estaba el vecino, el ex ypefiano, el almacenero. Eran los '90. El neoliberalismo arreciaba. Todo se privatizaba. El mercado avanzaba avasallando derechos y fugando dinero al extranjero. La consecuencia fue el 2001: la desintegración total.
Durante los 2000, los piquetes comenzaron a tener bandera. Las organizaciones barriales, en muchos casos únicos resortes institucionales dentro los bolsones de pobreza, capitalizaron la protesta. Fue una estrategia de supervivencia: había que presionar al Estado por planes sociales para enfrentar el desempleo y el hambre. Las agrupaciones políticas conseguían financiarse de esa forma, y sus beneficiarios obtenían un placebo ante la delicada situación social.
La emergencia del kirchnerismo y la recuperación económica cambiaron el escenario. Las grandes manifestaciones sociales, los grandes cortes de ruta, fueron dando paso a protestas segmentadas de diversos tenores.
Segmentación
En Neuquén, los piquetes dejaron de reconocer bandera y trascendieron ideologías: cortaron ruta los gremios; cortaron rutas agrupaciones políticas de izquierda, centro y derecha; cortaron rutas movimientos vinculados al partido gobernante; cortaron ruta ruralistas y empresarios del agro.
No existe una esencia del piquete. Esto es, una razón moral, o legal. Por eso el debate judicial es tan complejo y tan sujeto a diversas variables. Algo de eso hubo esta semana con la absolución de dos dirigentes de ATEN en una causa abierta por el corte del puente entre Neuquén y Cipolletti. Hubo voces a favor y en contra, pero la Justicia se expidió y sentó un precedente. En un punto, el debate sobre la jurisprudencia y los alcances legales se torna gelatinoso. Es que toda decisión sobre el tema tendrá siempre un inevitable matiz político.
La discusión, más que sobre la legalidad, debe ser sobre la legitimidad y es aquí donde los cortes de ruta que impulsan los estatales hacen agua. No hace falta ningún foro ni encuesta de opinión para decir que la enorme mayoría de los neuquinos no quiere piquetes. Ni siquiera muchos de los que apoyan el reclamo de aumento salarial de los estatales lo desea. Después de todo, de los 51 mil agentes públicos, ¿cuántos van a las rutas?
El argumento con el que los gremios se amparan para frenar los alcances legales del tema es que se busca criminalizar la protesta social. Quizás sea este concepto el que haya que revisar. ¿Cuándo una protesta es realmente social? Nadie debatió si había delito en 2001 cuando cientos de miles de argentinos se volcaron a las calles a protestar, pese a que interrumpieron el tránsito.
Y plantear este problema nada tiene que ver con discutir o no la cuestión de fondo que se reclama, que sí puede ser legítima.
Ninguna postura confrontativa sirve. Ni la de los que cortan rutas, ni la de los que se violentan para pedir que se levante. Tampoco sirve la represión pura y dura, tan alentada por algunos y que puede alcanzar consecuencias trágicas como ocurrió con el asesinato de Carlos Fuentealba durante la gestión de Jorge Sobisch.
El debate, el verdadero, el exento de miserias políticas, debe darse a nivel social y los gremios deben ser parte del mismo. Ningún dirigente dueño de un pensamiento racional puede desconocer el enorme malestar que generan en la población los cortes. Ninguno puede dejar de ver el divorcio que generan este tipo de medidas, y cómo los gremios quedan cada vez más aislados de la sociedad. Hace falta un nuevo discurso gremial, más fresco, menos anquilosado, más a tono con lo que el momento político y económico demanda, más democrático y plural.