Cerraron el acceso al público y a la prensa en una audiencia, en el juicio por planes sociales: las razones
Uno de los defensores pidió que no se divulgue la información sensible que portarán tres testigos relacionadas con uno de los imputados. Los detalles.
Los jueces Juan Mauel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Gaita hicieron lugar a un pedido de un defensor hacer privada la audiencia.
El juicio por la estafa con planes sociales en Neuquén se cerró al púbico este miércoles, por el pedido de uno de los defensores. Estaba previsto que declararan tres testigos, una psicóloga y dos médicos psiquiatras, en relación con la historia clínica de uno de los imputados. El pedido fue aceptado por el tribunal compuesto por Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Juaita, y se cerró la presencia del público y la prensa.
La decisión está fundada en el derecho de intimidad y de la salud del paciente, para resguardar datos sensibles: es por eso que se pidió no revelar el nombre del imputado, y las causas que llevaron a pedir la privacidad en esta audiencia, como puede ser cualquier dolencia de salud mental.
En Argentina, un paciente tiene derecho a que no se divulgue su información de salud sin su autorización, incluso en un juicio.
Los médicos y establecimientos sanitarios deben mantener la confidencialidad de estos datos sensibles, y si no lo hacen, pueden enfrentar una acción judicial por daños y perjuicios.
Información sensible y proteger el derecho del paciente
Sin embargo, un juez puede ordenar que se entregue información sobre la salud de una persona si se lo solicita para un juicio, o si el paciente está incapacitado y hay un representante legal que lo autorice. En este caso, el tribunal escuchará los testigos, pero sin la presencia del público.
De acuerdo a lo que se pudo saber, había una planteo de la defensa, relacionado con un condicionamiento de salud que tiene uno de los imputados, que no le permitiría desarrollar en su momento las tareas en su lugar laboral. Explica un poco, que además, recibía órdenes directas de un superior.
A todo esto, en la sexta semana del juicio ya empiezan a conocerse las fechas de los alegatos. De acuerdo a lo hablado este lunes ente los jueces, el Ministro Público Fiscal y los defensores, hay una fecha probable de alegatos de la fiscalía, que sería el próximo miércoles 3 septiembre y el próximo lunes 8 serían los alegatos de la defensa. Esto se podría confirmar este viernes.
Liego vendrá una audiencia donde se conocerán las penas, que podría tardar al menos dos semanas. Vale recordar que en este juicio hay 14 impuestos, y tres personas con prisión preventiva, que son el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Souza, el exdirector de Fiscalización, Marcos Osuna y el excoordinador del sector, Pablo Sanz.
El fiscal de Delitos Económicos, Pablo Virgnaroli junto al fiscal del caso, Juan Manuel Narváez, quieren demostrar que no solo hubo defraudación al Estado con un perjuicio económico, sino una asociación ilícita desde el estado provincial para quedarse con dinero de los desocupados, a través de extracciones con tarjetas de débito. El periodo de investigación solo se centró entre septiembre de 2020 y julio de 2022.
Según su teoría del caso se trata de 9.303 operaciones por las cuales se defraudó al Estado Provincial por un monto de $ 153.377.900 -en valores históricos, que representan un valor actualizado de $1.133.790.340.
Cómo se destapó la olla de los planes sociales
En junio de 2022, Esteban Maegna Mendoza envió un correo electrónico al Banco Provincia del Neuquén (BPN) para reclamar por algo que parecía un error. Nunca había recibido su tarjeta de débito, pero su cuenta mostraba extracciones de dinero. La situación derivó en una investigación interna. Y tres años después, su reclamo fue en el punto de partida de una de las mayores estafas con planes sociales de las que se tenga registro en la provincia.
La tarjeta de Mendoza -que él nunca tuvo en sus manos- fue utilizada por terceros en cajeros automáticos, y su caso disparó las alarmas de los sistemas de prevención de fraudes del banco. A partir de ese hecho, se desplegó una investigación que terminó por identificar 198 tarjetas sospechosas, muchas de ellas operadas en simultáneo, con rostros repetidos, en distintas sucursales y cajeros de la provincia.
En el juicio por la megacausa, la defensa de los imputados también sembró dudas sobre la responsabilidad institucional del banco. Según el propio responsable de Prevención de Fraudes, Joaquín Alfieri, no se logró identificar quién fue el empleado del BPN que abrió la cuenta de Mendoza, ni quién entregó su tarjeta de débito a personas que no eran los titulares. Si bien se sobreentiende que el manejo de la tarjeta de débito tiene que ser exclusivamente del titular, eso quedó en duda desde lo legal.
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