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Estafa con planes sociales: empleados públicos dieron detalles sobre cómo se administraba Desarrollo Social

Testigos de la defensa apuntaron contra la ex directora de Administración y explicaron cómo se trabajaba dentro de las oficinas. Nuevos elementos en el caso.

En el día 24 del juicio por la estafa con planes sociales de Neuquén, los testigos citados por las defensas dieron detalles de cómo se trabajaba adentro de las oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, entre el desorden administrativo, un extenso proceso burocrático para aprobar los pagos de los subsidios de desempleo y hasta formas irregulares de contratación de personal.

Tras una gran cantidad de declaraciones de testigos citados por la Fiscalía de Delitos Económicos, las defensas comenzaron este viernes a citar a sus propios testigos y a darle voz a los imputados, como fue el caso de Marcos Osuna. Este lunes, en el inicio de la sexta semana de juicio, empleados administrativos del Ministerio de Desarrollo Social explicaron cómo era el proceso para pagar los planes, aunque pidieron resguardo de su identidad.

Los estatales solicitaron que su imagen y su nombre no sea difundido por los medios de comunicación, ya que actualmente siguen trabajando en el Estado, en otras reparticiones de la provincia de Neuquén, tras la disolución del Ministerio de Desarrollo Sociales. Los testigos fueron consultados por su vínculo con los jefes, imputados en la causa, y aseguraron que el clima de trabajo era bueno y que todos tenían un trato respetuoso con ellos.

Un cruce picante por la Administración

La estrategia de las defensas se basó en desacreditar algunos de los testimonios de los testigos citados por la Fiscalía de Delitos Económicos, con el objetivo de probar que no hubo una asociación ilícita o una asociación con intenciones criminales detrás del desvío de los fondos que estaban destinados al pago de subsidios para desocupados de Neuquén.

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En ese contexto, una de las declaraciones fue aportada por un empleado público que ingresó al Ministerio de Desarrollo Social para ordenar los procesos en la Dirección General de Administración, a cargo entonces de Griselda Cittadini. Según explicó, había mucho desorden en el área y atrasos de entre seis y ocho meses en la rendición del pago de planes sociales.

En su declaración, Cittadini había sido muy crítica con la gestión de la Dirección de Planes Sociales. Citada por la Fiscalía, reconoció que en 2020 firmó cheques en cuatro oportunidades, entre ellos un paquete con 147 documentos, hasta que decidió no hacerlo más por sospechas en los montos y la operatoria. Eso le valió una pelea con los jefes, y situaciones personales que ventiló en la audiencia.

En respuesta, los empleados públicos citados por las defensas cargaron contra la ex directora: aseguraron que el ingreso de un nuevo director fue positivo porque "pedía las cosas bien y no a los gritos" y porque logró ordenar la documentación que tenía una serie de desprolijidades, tanto en la gestión provincial como en la rendición de programas que dependían de Nación.

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La Dirección de Administración estaba a cargo de Tomás Siegenthaler, señalado también como uno de los jefes de la asociación ilícita por la Fiscalía. Él era quien informaba la cantidad de beneficiarios y los montos totales por datos que le brindaba el entonces ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, según explicaron los testigos, que aclararon que no sabían de qué manera obtenía el ministro esa información.

Las irregularidades en Desarrollo Social

Como otras declaraciones en audiencias previas, los empleados del Ministerio señalaron que esta oficina utilizaba un software conocido como Admix que era propio de la repartición y que no permitía hacer cruzamiento de datos con otros sistemas de contabilidad y gestión de documentación digital que se utilizan de forma generalizada en el resto de la administración pública de Neuquén, como Sicopro o GDE.

Una de las testigos aseguró que antes de la pandemia se imprimía una gran cantidad de cheques, que luego se redujeron a unos 50 por mes a partir de la pandemia de coronavirus, que motivó la bancarización de los programas. Aseguró que se entregaban las planchas completas sin cortar, y que se llevaba un acta informal con los números de cheques, pero sin hacer cruzamiento de datos para saber a nombre de quién iban esos cheques.

Una contratación a través de un plan

Una de las testigos, que también pidió resguardo de su identidad, aseguró que ingresó a trabajar al Ministerio de Desarrollo Social a los 17 años, cuando aún era menor de edad. Según indicó, en 2007 le pagaban el sueldo con un sobre con dinero en efectivo que le entregaban cada dos meses, pero más tarde supo que sus ingresos venían de un plan social.

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Agregó que el resto de sus compañeras también recibían sus salarios "por programa"; es decir, que prestaban servicios como empleadas estatales pero recibían sus haberes como programas de desempleo o subsidios. En el caso de la testigo, empezó recibiendo su pago a través de un plan social que se pagaba a nombre de otra persona, porque ella era menor, hasta que cumplió la mayoría de edad y el plan pasó a su nombre.

Un contador que pidió no ser nombrado

La audiencia de este lunes tuvo un extenso cuarto intermedio, ya que el tribunal se reunió para debatir una solicitud de la defensa de Julio Arteaga, auditor de la Contaduría General, que solicitó no ser nombrado durante el juicio ya que fue eximido de participar por cuestiones de salud. Sin embargo, los jueces rechazaron su solicitud por unanimidad, por lo que podrá seguir siendo mencionado por los testigos y las partes.

Según se informó, la Justicia decidió suspender temporalmente el proceso en su contra por razones de salud. La decisión fue tomada por la jueza de Garantías, Carina Álvarez, tras un pedido realizado por la defensa del imputado, al que la fiscalía no se opuso.

De acuerdo con los informes médicos presentados por los abogados de Arteaga, el imputado atraviesa una situación psicofísica delicada que, según los profesionales de la salud, le impide enfrentar un juicio en este momento. Lo contrario podría agravar su estado.

El contador y su rol como auditor fueron mencionados numerosas veces durante el prceso judicial. En la más reciente, se lo acusó de terminar gestionando cheques provenientes de subsidios de desocupados para el Club Pacífico en su momento, donde se desempeñaba como referente del básquet amateur. El hecho, ventilado en el juicio, generó polémica y un descargo del propio club: el tema ocurrió durante la anterior comisión directiva, no la actual.

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