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Estafa con planes sociales: ¿Qué imputados aceptaron rebajas de penas?

La cúpula del exministerio de Desarrollo Social rechazó la oferta del juicio abreviado a cambio de una pena y devolver el dinero. ¿Cómo sigue la causa?

Todo indica que los principales sospechosos por la causa por presunta estafa y asociación ilícita en los planes sociales de Neuquén irán a juicio, sin aceptar la oferta de la Fiscalía de Delitos Económicos. Muchos "tienen fe" y buscan la absolución judicial. Se trataba de aceptar el delito y devolver la suma de dinero relevada en la estafa con las tarjetas de débito del BPN, calculada inicialmente en una defraudación por 153 millones de pesos.

El pasado 30 de abril vencía el plazo para que los principales imputados, los referentes de la sindicada organización, acepten el acuerdo, junto con un total de 32 personas imputadas, la mayoría empleados del exministerio de Desarrollo Social.

“Muchos no aceptaron la oferta porque sería mentir, no hay nada en la causa, sólo importa quebrar a los imputados y que señalen a funcionarios más importantes”, dijo a LMNeuquén uno de los defensores en la megacausa.

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Los representantes del Ministerio Público Fiscal, Pablo Vignatoli y Juan Manuel Narváez llevan la megacausa de la estafa de los planes sociales.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal, Pablo Vignatoli y Juan Manuel Narváez llevan la megacausa de la estafa de los planes sociales.

La fecha límite para la audiencia de control de acusación, instancia previa al inicio del juicio, es el 29 de julio. El Ministerio Público Fiscal trabaja para presentarla un mes antes, a fines de junio, antes de la feria judicial. Los principales imputados rechazaron la oferta y, según confirmó el fiscal Pablo Vignaroli, cuatro imputados aceptaron -a través de sus respectivos abogados- los acuerdos ofrecidos.

Planes Sociales: Ricardo Soiza quiere las "disculpas" de la Justicia

Uno de los que rechazó la propuesta es el exdirector de Planes Sociales, Ricardo Soiza, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 10 de julio del año pasado, a quien la Fiscalía propuso 8 años de cárcel efectiva.

Soiza se negó a firmar esa “oferta” y a través de su abogado le mandó a decir a los fiscales Juan Manuel Narvaez y Pablo Vignaroli, que es el mismo Ministerio Público Fiscal de Neuquén el que le debe “pedir disculpas”.

“No les importa buscar la verdad, les importa quebrar a los imputados para que, en la desesperación de liberarse, señales a otros funcionarios más importantes”, dijeron desde la defensa.

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Ricardo Soiza ingresando a una audiencia.

Ricardo Soiza ingresando a una audiencia.

Los otros imputados que declinaron en aceptar la oferta fueron el exdirector de Fiscalización, Pablo Sánz por quien pidieron 6 años de prisión efectiva (está con domiciliaria y es uno de los “arrepentidos, con varias intervenciones mediáticas). También el exdirector de Gestión de Programas, Marcos Osuna, con 7 años de prisión efectiva y con preventiva desde el 10 de julio de 2023 como Soiza.

El exministro Abel di Luca, en libertad

Y además, se suman el ex ministro de Desarrollo Social de Neuquén, Abel Di Luca, que fue uno de los últimos imputados en la causa y por quien pidieron 6 años de prisión efectiva. La Fiscalía no encontró razones para que cumpla con prisión preventiva.

Por último, al excoordinador Tomás Siegenthaler le ofrecieron 5 años de prisión efectiva. El exfuncionario está en libertad.

Pese a que la cúpula de los imputados por la estafa de los planes sociales rechazó la oferta, no se descarta nada antes de julio.

Abel Di Luca ministro Desarrollo Social
El exministro Abel di Luca.

El exministro Abel di Luca.

"Reclutadores" y "extractores"

Sólo los mandos más bajos en la cadena delictiva llegaron a un acuerdo con la Fiscalía de Delitos Económicos, y son conocidos como los “reclutadores” y “extractores”. Se dedicaban a relevar personas indigentes con el fin de ofrecerles un subsidio y las otras son las que acudían a los cajeros, con las tarjetas de los beneficiarios y sacaban el dinero.

Esteban Sampayo, el abogado de Ricardo Soiza fue claro antes del vencimiento de la oferta del Ministerio Público Fiscal. “Nos han hecho un ofrecimiento de ocho años de prisión efectiva, pero Ricardo (Soiza) tendría que asumir la responsabilidad. También al exministro Abel Di Luca le propusieron seis años. Nos ponen una fecha límite para contestar que es el 30 de abril”, sostuvo en diálogo con LMNeuquén.

Pruebas y códigos de silencio

“Lo que hacen es acorralarlos y les ofrecen una salida para no ir a la cárcel, tiene que tirar nombres de otros políticos que cobraban, pero la causa es una gran venta de humo”, interpretó el letrado.

Sostuvo que pese a las pruebas que se presentaron, filmaciones y testimonio de impuestos, la idea del Ministerio Público Fiscal es “meter presos a los funcionarios como una causa política” y dejar libre a los que aparecen “en las filmaciones llenándose los bolsillos de dinero”, continuó con su interpretación.

“De todo lo que se ha hablado no hay nada en contra de Ricardo, que pruebe de lo que lo acusan. Pero sí hay otros imputados que daban las órdenes y que se quedaban con el dinero, estaban acorralados y les ofrecían una salida”, dijo Sampayo.

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Esteban Sampayo y Ricardo Soiza en audiencia.

Esteban Sampayo y Ricardo Soiza en audiencia.

Lo cierto es que la propuesta de la fiscalía, de ocho años de prisión, es producto de la cantidad de pruebas que tienen contra Soiza.

“La causa está floja de papeles, porque pasan cosas que en otras no, no se aplican criterios. Hay un objetivo claro y es político, no hay un interés en conocer la verdad”, referenció Sampayo en una suerte de alegato en el cual destaca cierta lealtad de su cliente para con el partido al advertir que "no va a ventilar otros nombres. Acá, sólo se busca escandalizar con nombres de políticos y listas, pero eso no existe", concluyó el letrado.

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