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Estafa con planes sociales, el juicio: "Tenés que firmar o se prende fuego la provincia"

Una exfuncionaria del ministerio de Desarrollo Social habló de un sistema paralelo de pago de cheques. La defensa fue incisiva y le enrostró algunas contradicciones.

En la 17ª audiencia del juicio por la millonaria estafa con planes sociales en Neuquén, la declaración de Griselda Cittadini -exdirectora general de Administración del ex Ministerio de Desarrollo Social- dejó momentos de tensión entre la testigo y el contrainterrogarotio de los defensores. Fue la primera vez que la defensa estuvo incisiva y planteó contradicciones más o menos profundas sobre el testimonio de una persona que era parte del sistema burocrático, en el procedimiento administrativo de la emisión de cheques.

La testigo, que en la etapa de instrucción fue sobreseída y pasó a declarar sin estar imputada, reconoció que en 2020 firmó cheques en cuatro oportunidades, entre ellos un paquete con 147 documentos, hasta que decidió no hacerlo más por sospechas en los montos y la operatoria. Eso le valió una pelea con los jefes, y situaciones personales que ventiló en la audiencia.

Todo ocurrió en la época de antes de las tarjetas y reconoció que tenía sospechas de algunas de las operatorias, pero que no las denuncio formalmente ni tampoco de manera interna. Solo se lo dijo a un grupo de empleados y a sus superiores, de expedientes y cheques, que no quería firmar. Eso le trajo discusiones y temas laborales irreconciliables.

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La exdirectora de Administración del Ministerio de Desarrollo Social, Griselda Cittadini, reveló además una fuerte disputa con sus superiores por la metodología de pago de planes sociales. La defensa remarcó algunas contradicciones.

La exdirectora de Administración del Ministerio de Desarrollo Social, Griselda Cittadini, reveló además una fuerte disputa con sus superiores por la metodología de pago de planes sociales. La defensa remarcó algunas contradicciones.

Algunas irregularidades eran facturas que aparentemente estaban fraguadas, (se podrían editar en PDF), con algunas diferencias en sistema y en los montos que se validaban en la AFIP. Contó que muchas se rebotaban, y que la situación derivó en un problema laboral y hasta de denuncias de maltrato con sus jefes, en una relación que no tuvo vuelta atrás.

Planes sociales: sospechas de facturas truchas

“No firmé más cheques porque el monto era llamativo. Nos explicaban que era parte de la metodología que se usaba", dijo Cittadini en la audiencia, quien dijo que ingresó al Estado provincial en 2013 como monotributista para la UPEFE (Unidad Provincial de Enlace y Financiamiento Externo), y que luego siguió en el Ministerio de Educación, para luego desembarcar en el Ministerio de Desarrollo Social. En 2023 obtuvo la planta permanente y actualmente tiene una dirección en el gobierno provincial.

Según su testimonio, al plantear dudas sobre los pagos en ese momento, y sobre la forma paralela en la que se liquidaban los cheques, recibió una advertencia de su superior, el entonces coordinador Tomás Siegenthaler, uno de los imputados en la causa de los planes sociales. En todo momento. Cittadini intentó vincular a Siegenthaler con reuniones en el despacho del ministro Abel Di Luca, imputado en la causa.

“Nos decían que se prendía fuego la provincia si no firmábamos (los cheques)”, dijo la exdirectora de Administración del exministro de Desarrollo Social, quien hoy cumple funciones en la nueva estructura que dirige Lucas Castelli. La frase resonó fuerte en la sala y captó la atención de todos, incluso de los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita.

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El presidente del tribunal que juzga el caso de los planes sociales, Juan Manuel Kees.

El presidente del tribunal que juzga el caso de los planes sociales, Juan Manuel Kees.

Cittadini describió que su función consistía en gestionar expedientes para el pago de los Subsidios Sociales Transitorios (Luciano Palma), los Subsidios por Desocupación (Ricardo Soiza) y los subsidios de Familia. El circuito incluía la redacción de un proyecto de decreto con crédito presupuestario, la firma del exgobernador Omar Gutiérrez y luego la intervención de Contaduría y Tesorería. Los decretos se emitían solo con el monto total, sin detalle de beneficiarios, y los cheques llevaban la leyenda “no a la orden”, lo que impedía su endoso. También se emitían cheques a la orden del portador.

La defensa, más incisiva que en audiencias anteriores, confrontó a la testigo con correos y documentos que, según argumentó, demostraban que sí conocía el alcance de las operaciones y que incluso cargó números de proveedores para el sistema contable Admix, que era un viejo sistema con un servidor aparte, por el cual se imprimían los cheques de los panes sociales. "Era un sistema contable paralelo, donde se imprimían los cheques y se pagaban los planes. Se llegaban a imprimir más de 13 mil cheques en un día, algo que en forma manual sería imposible", dijo.

Qué era el "sistema Admix", de impresión de cheques

Cittadini djjo que el sistema "sistema Admix" era un "sistema arcaico, parecía la Pentium 386 (en referencia a una vieja computadora de décadas. Esto contrastaría con su declaración en Fiscalía de que no sabía si lo que hacía “administrativamente estaba correcto” y que nunca había manipulado ese sistema. Se ventilaron correos electrónicos donde comprueban que tenía conocimiento del sistema.

Otro momento que sorprendió fue cuando Cittadini habló de la conflictiva relación laboral con Siegenthaler, a quien acusó de tener “formas poco felices” de dirigirse a los empleados, "rozando la misoginia", y de concentrar tanto poder que ni siquiera una ministra (en ese entonces en 2020 era Adriana Figueroa) podía cuestionarlo. Incluso contó una anécdota que la ministra no tenía acceso a los viáticos, salvo autorización de Siegenthaler.

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La defensora Carlina Johansen (Valeria Honorio y Cardozo Regidor).

La defensora Carlina Johansen (Valeria Honorio y Cardozo Regidor).

La defensa recalcó que Cittadini nunca denunció las irregularidades mientras ocupaba su cargo y que, a su criterio, no existía ilegalidad probada más allá de algunos casos puntuales, pese a las sospechas de las operatorias.

En ese momento, en el contexto de la pandemia, el ministerio atravesaba múltiples conflictos -desde cortes de ruta hasta problemas sociales urgentes- y las reuniones con Sergenthaler y otros funcionarios no necesariamente estaban ligadas a la operatoria de los planes sociales.

La audiencia cerró con la sensación de que la pulseada entre las partes se endurece a medida que el juicio avanza, y que las contradicciones detectadas en testimonios pueden convertirse en terreno de disputa central en las próximas jornadas.

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