Planes sociales: durísimo ataque a una contadora neuquina que analizó el patrimonio de los acusados
La perito sufrió duros contraataques de los defensores que la acusaron de contradicciones y de contestar con evasivas. La inesperada denuncia en la audiencia.
El fiscal Juan Narváez tuvo un encontronazo con el defensor Pablo Gutiérrez.
La audiencia por estafa con planes sociales se transformó este miércoles en un verdadero ring judicial. La contadora del equipo del Ministerio Público Fiscal, Melisa Benítez Jaccod, fue blanco de un duro contraataque por parte de los defensores en el juicio por el millonario fraude. Su informe patrimonial, que señalaba inconsistencias bancarias y modos de vida imposibles de justificar para varios imputados, quedó cuestionado. Y por momentos recibió duros ataques, y una noticia inesperada que se cocinó en el Colegio Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Neuquén.
Fue la última jornada, después de 21 audiencias, donde Fiscalía concluyó la etapa de presentación de pruebas en la causa. Este jueves comienza la ronda de testigos propuestos por la defensa.
La perito había exhibido en la jornada del martes un informe pericial en PowertPoint de 86 páginas, como una segunda parte de un trabajo realizado en conjunto con la contadora Agustina Martínez que les llevó dos años. Ambas son empleadas del Ministerio Público Fiscal, y declararon como peritos "de parte", en una exhibición de datos como transferencias, cheques cobrados y patrimonio de algunos imputados.
Pero algunos temas del expediente judicial no aparecen en la presentación visual, o fuero cuestionado por desactualizados o tendenciosos. Aun así, vale aclarar, que la contadora declaró en carácter de testigo, y juró "decir verdad", con el riesgo de caer en falso testimonio.
Planes sociales: una contadora que la pasó mal con los abogados
En el informe recalcó las inconsistencias patrimoniales de algunos imputados, como la supuesta compra de un lote en fincas del Nogal en Plottier, desvíos de fondos de las extracciones y hasta las compras de elementos para montar un spa en Centenario. Todo bajo la hipótesis de que estas inconsistencias que se detectaron, y "exteriorizaciones patrimoniales" fueron con dinero de las extracciones de los planes sociales. Eso lo evaluarán los jueces.
El primero en cargar fue Pablo Gutiérrez, defensor de los imputados, Tomás Siegenthaler (ex Coordinador Provincial de Administración), Ariel Krom (empleado de planta del exministro de Desarrollo Social), Laura Reznik, (exdirectora general de Finanzas) y Julieta Oviedo (exdirectora de Tesorería), quien con tono firme acusó a la perito de andar con evasivas y esquivar preguntas. Hasta le advirtió que podría pedir un falso testimonio en su contra. “Le he hecho cinco veces la misma pregunta”, insistió el abogado, a lo que la contadora respondió: “Está mezclando conceptos, no entiendo”.
La contadora no nombró a Griselda Cittadini, ni a Rafael García ni a Omar Quezada o Martín Gómez, que trabajaban en el exministro de Desarrollo Social y aportaron datos a la fiscalía, y la teoría de la defensa es que los testigos se contradicen en los testimonios y que los “arrepentidos” (no existe esa figura en realidad) son tan responsables como los acusados en el banquillo.
El abogado le enrostró a la contadora si sabía que Julieta Oviedo contaba con un informe más amplio del Banco Provincia de Neuquén, donde se señalaba la cantidad de beneficiarios y listado de cheques al momento de la rendición, pero la contadora dilataba las respuestas. “Estás desobedeciendo la respuesta, usted tiene la obligación de responder”, le advirtió el abogado, que también tuvo un cruce con el fiscal del caso, Juan Manuel Narváez. El cruce subió de tono hasta que el juez Juan Manuel Kees tuvo que intervenir.
Para la defensa de estos imputados hay algo que no cierra, desde el análisis. Si el auditor Julio Arteaga (que está imputado, pero está en la casa por enfermedad) le dio el visto bueno a los ejercicios contables investigados, y que luego pasaron por la firma de Vanina Barrionuevo (sub contadora general de la provincia) y de Esther Ruiz (ex Contadora general de Neuquén), ¿porqué abrieron de nuevo esos períodos?
Luego fue el turno de Alfredo Cury, abogado de Ricardo Soiza y de si mismo, quien le recordó que había denunciado a Benitez Jaccod en el Colegio de Contadores de Neuquén. "¿Te sentís incómoda con la denuncia que te hice en el Colegio de Contadores?", le dijo Cury.
El abogado cuestionó el informe de la contadora e intentó despegar a Soiza del control total del manejo de planes sociales. Cuestionó que en su informe no apareciera Luciano Palma, a cargo de la Unidad de Gestión de Planes Sociales en 2020, y dejó entrever contradicciones normativas. “Conversemos, conmigo vas a poder hablar bien”, deslizó, a lo que el juez le marcó un límite: “Por favor doctor, ofensas no”.
En tato que la defensora oficial Carolina Johansen, de Valeria Honorio y Fernando Cardozo Regidor (el imputado permanece conectado por Zoom por prescripción médica) la presionó sobre por qué no actualizó en su informe lo que sí había mostrado en su PowerPoint: de que no podría acceder al beneficio porque su esposa, Valeria D'Angelo era docente.
Lo de Cardozo Regidor es particular. Está acusado de haber recibido dinero de planes sociales y cheques por 600 mil pesos que no cobró, ya que las extracciones las realizaron terceros con tarjetas a nombre de él. Pero habría muchos en esa situación. ¿Por qué eligieron a Cardozo Regidor para estar sentado entre los acusados y no a otros? Nadie lo explica.
Johansen preguntó su esos 600 mil de la cuenta de Cardozo Regidor, fueron extracciones en ráfaga de Analía Scherer y Javier Bergara, que arreglaron el sobreseimiento con la fiscalía, algo que generó mucha polémica. “No recuerda y la sigan hostigando a la testigo”, dijo Pablo Vignaroli, sobre el contraexamen de la defensora a la contadora.
¿Estaba endeudado con el casino Osuna?
Otro de los que buscó desacreditarla fue Gonzalo Rodríguez, quien intentó despegar al exministro Abel Di Luca, al señalar que no había correos electrónicos contestados, celulares secuestrados ni escuchas que lo vincularan a maniobras ilícitas.
A su vez, Juan Pablo Piombo, defensor de Marcos Osuna, cuestionó la solidez de los datos sobre “listados paralelos” y el origen de las conclusiones sobre endeudamiento y consumos en casinos. No está claro si esos consumos venían de antes del período de investigación y no se aclaró fehacientemente el "alto endeudamiento".
Las preguntas se multiplicaron porque Laura Giuliani, defensora de Pablo Sanz, indagó sobre comprobantes hallados en la en el domicilio de Isabel Montoya, mientras Pablo Sanz objetó que se le atribuyeran vehículos de 2014 y reclamó que el patrimonio de su expareja fue mal evaluado.
La contadora admitió que “la trazabilidad no se puede obtener” y que muchas de sus conclusiones derivaban de criterios de correlato entre consumos y comprobantes. Es decir, que no se pudo comprobar fehacientemente, según los defensores, que el centro de estética en Centenario (estaba ubicado en la calle Costa Rica y Nicaragua) haya sido equipado con el dinero de las extracciones de los planes sociales.
El resultado fue una jornada donde la defensa, en bloque, intentó dejar en off side las presuntas debilidades técnicas y contradicciones en el trabajo de la contadora que, por momentos, se mostró a la defensiva, al responder con evasivas y vacíos de información. Sin embargo, pero no se movió de su postura. La estrategia de los abogados fue golpear la credibilidad de la perito que sostiene gran parte de la acusación por enriquecimiento ilícito y fraude con los planes sociales.
¿Qué dice la denuncia a la contadora?
En el medio del cotrainterrgatorio, el abogado Alfredo Cury formalizó una denuncia ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Neuquén contra la contadora Benítez Jaccod, y se lo recordó durante la audiencia. El planteo apunta al informe técnico-contable que la profesional elaboró en septiembre de 2024 en el marco de la causa que investiga una presunta asociación ilícita en el manejo de planes sociales.
Según Cury, el dictamen -conocido como “Informe Contable 29”- incluyó afirmaciones falsas que lo vinculan con la unidad de gestión de planes sociales y con supuestas funciones en el Ejecutivo provincial que, asegura, no cumplía. “Es una afirmación totalmente antojadiza y falsa. Ni siquiera se tomaron el trabajo de pedir mi legajo en Recursos Humanos”, sostuvo en su presentación.
En su denuncia, el abogado plantea que la contadora excedió sus incumbencias profesionales al valorar escuchas telefónicas, testimonios y elementos de investigación penal que, según él, corresponden a la órbita jurídica y no contable. También cuestiona que en el informe se introdujeran apreciaciones políticas sobre la estructura del Movimiento Popular Neuquino en relación con el manejo de los fondos.
Cury argumenta que la actuación de Benítez Jaccod vulnera la ley nacional 20.488, la ley provincial 671 y el Código de Ética de la profesión, en particular por la falta de independencia que requiere la normativa cuando los profesionales actúan en el ámbito judicial. “Las conclusiones a las que arribaron son inexactas y parciales, elaboradas en favor de su empleador, el Ministerio Público Fiscal”, indicó en el escrito.
La denuncia, del pasado 8 de junio de 2025, solicita al Consejo Profesional que evalúe la conducta de la contadora y determine si incurrió en violaciones éticas y normativas en el ejercicio de su profesión.
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