Planes sociales, el juicio: el informe del "agujero negro" de los desvíos de plata con un monto sorprendente

El tribunal que lleva adelante el juicio por el escándalo de los planes sociales rechazó un planteo conjunto de la defensa para excluir del debate una serie de pruebas, al parecer demoledoras en un PowerPoint, donde se exhibe un "agujero negro" por donde se fugaba el dinero de los subsidios, a cuentas particulares, a través del depósito de cheques y extracciones. No coincidían los datos de los registros bancarios, con el listado de beneficiarios del exministerio de Desarrollo Social.

El informe de la perito contable Agustina Martínez resumió la teoría de la fiscalía, muy cuestionada por la defensa. Es la presunta asociación ilícita y el flujo del dinero involucrado y donde tanto funcionarios como empleados sabían de la maniobra fraudulenta. La defensa empieza a ensayar otra teoría que se verá la semana que viene: es que la mayoría de los testigos y arrepentidos “mienten” y que cambiaron su declaración en acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, para involucrar a las cúpulas políticas, solo en un período de investigación, que va desde septiembre de 2020 a julio de 2022.

El tribunal, compuesto por los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, no hizo lugar en la 18° audiencia de este miércoles al pedido de la defensa e hizo lugar al informe pericial. Sostuvo que no se puede “reabrir el debate” sobre cuestiones ya resueltas en la audiencia de control de acusación. Según los jueces, las partes tuvieron en su momento la oportunidad de impugnar la admisión de estas pruebas y, si consideran que afectan el derecho de defensa, podrán cuestionarlas en instancias posteriores mediante apelación.

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El fiscal del caso Juan Narváez junto a Pablo Vignaroli, en la causa por los planes sociales.

Claudio Espinoza

La perito Martínez, contadora y licenciada en Administración de Empresas, trabaja desde 2022 en el equipo técnico contable del Ministerio Público Fiscal y también tiene vasta experiencia en empresas como CN Sapag y el grupo CBS. En el marco de la causa, se le encomendó una pericia integral para describir la mecánica de la maniobra investigada, identificar los movimientos contables de cada uno de los 14 imputados, analizar su situación financiera y patrimonial, y cuantificar el perjuicio económico.

Planes sociales: el extenso informe sobre cuentas, transferencias y cheques

Para ello, utilizó información de ARCA, informes bancarios, cheques físicos y digitales, reportes del Banco Provincia del Neuquén (BPN), datos de la Unidad de Servicios Periciales y registros financieros de la base ROL-Nosis. En principio, el relevamiento alcanzó 198 cuentas bancarias vinculadas a beneficiarios y operadores del Ministerio de Desarrollo Social.

El informe de Martínez detalló las maniobras y las irregularidades, pero también los números precisos al perjuicio ocasionado al Estado provincial. El perjuicio histórico -es decir, sin actualización monetaria- asciende a $153.377.900, de los cuales $125.412.400 corresponden a extracciones con tarjetas de débito y $27.965.590 a cobros mediante cheques.

Al aplicar el cálculo de actualización a valores actuales -según la tasa efectiva anual del BPN-, el perjuicio total se dispara a $1.947.719.216,40. Este monto refleja la magnitud de los fondos públicos presuntamente desviados en el esquema investigado.

Las conclusiones de la perito subrayan que la mecánica detectada implicó un daño millonario al Estado provincial y que la operatoria se sostuvo en el tiempo mediante un circuito paralelo de pagos, diferencias en nóminas, beneficiarios inexistentes o no registrados y cheques fraccionados para eludir controles bancarios.

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Las defensoras oficiales Carolina Johansen (Valeria Honorio Sergio Cardozo Regidor) y Laura Giuliani (Pablo Sanz).

Claudio Espinoza

En profundidad, según el informe, se detectaron 8.707 extracciones con tarjeta, entre septiembre de 2020 y julio de 2022, por un total de $125.412.400. Hay un dato que refleja además la magnitud del análisis y es que a medida que se iban incrementando las acreditaciones a las cuentas bancarias, cada vez se producían más "extracciones en ráfaga" por parte del grupo de extractores.

Además, de acuerdo con el extenso informe, surgió una diferencia de hasta 1.000 planes entre lo registrado en los listados oficiales (promedio de 4.000 beneficiarios) y lo reflejado en los movimientos bancarios (promedio de 3.000). Esto abrió la pregunta de que los números no cerraban, según esa conciliación bancaria.

Había más beneficiarios y cheques que se sacaban por un sistema contable paralelo llamado "Admix", para la impresión de cheques. El análisis incluyó también 1.648 cheques -por un total de $72.314.800-, de los cuales 596 fueron contabilizados como parte del perjuicio, equivalente a $27.965.500. En ese sentido, se registró un patrón de cheques por $49.000 y $49.500, el monto máximo para cobrar por ventanilla sin alertas automáticas, y otros destinados a empresas como a una concesionaria de autos, a un club deportivo de la ciudad de Neuquén, este último incluso con pagos de $441 mil pesos.

En 2022, el BPN detectaron inconsistencias y se alertó a la Unidad de Información Financiera (UIF) por depósitos de cheques de subsidios en la cuenta de un colaborador identificado como Omar Rodríguez Quesada, presuntamente para “facilitar” el cobro de planes. Ese fue el inicio fuerte de la investigación judicial, además de las extracciones en ráfaga. Los depósitos de cheques de panes sociales a las cuentas sueldo de los exempleados de Desarrollo Social.

En esa mecánica, el informe también las pericias caligráficas revelaron que las firmas en los endosos de los cheques no coincidían con las registradas en la base de datos del banco.

Inconsistencias bancarias

Entre las principales conclusiones de la pericia, Martínez destacó cuatro hallazgos fuertes. La existencia de beneficiarios que nunca cobraron subsidios pese a figurar en las nóminas; casos de personas que sí cobraron pero no estaban registradas oficialmente; discrepancias entre los montos consignados en las nóminas y los pagos efectivamente realizados; y diferencias en la cantidad de pagos efectuados respecto de los registros contables-

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El presidente del tribunal que juzga a los imputados por la causa de la presunta estafa con planes sociales, Juan Manuel Kees.

Claudio Espinoza

La defensa había insistido en que el PowerPoint de la contadora Martínez no debía ser incorporado, con el argumento de que contenía imputaciones y gráficos sobre la supuesta asociación ilícita que excedían la tarea pericial. Sin embargo, el tribunal consideró que la eventual contradicción entre declaraciones en la investigación y la brindada en juicio, no justifica excluir el material, sino que será un elemento más a valorar al momento de dictar la sentencia.

Respecto de los correos electrónicos vinculados a los hechos investigados, los jueces solo admitirán aquellos que tengan “clara vinculación” con la acusación. El resto quedará fuera por referirse a cuestiones ajenas al caso. Es una decisión que deja abierta la puerta a futuras impugnaciones, pero asegura que, al menos en esta instancia, las pruebas más sensibles del juicio seguirán sobre la mesa.