Estafa con planes sociales, el juicio: fiscalía y defensas se cruzan por si hubo o no una asociación ilícita

Este jueves, en la quinta semana de audiencias del juicio por la estafa con planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén, la declaración de una perito contable del Ministerio Público Fiscal (MPF) enfrentó a la Fiscalía con las defensas por una conclusión de su informe: buscan determinar si hubo o no una asociación ilícita o una organización que tenía por objetivo desviar fondos de las arcas de la Provincia para otros fines.

La extensa delaración de la perito Agustina Martínez se extendió a lo largo de dos jornadas. En su segunda presentación, fue interragoda por más de cuatro horas tanto por la Fiscalía de Delitos Económicos a la que responde como por las defensas de los 14 imputados en la causa. Además de concluir en la “incidencia política“ que ata las inconsistencias contables con afiliaciones políticas y votos en elecciones 2021, la especialista consideró que existía una organización detrás de los desvíos de fondos.

La perito Martínez, contadora y licenciada en Administración de Empresas, trabaja desde 2022 en el equipo técnico contable del Ministerio Público Fiscal y también tiene vasta experiencia en empresas como CN Sapag y el grupo CBS. En el marco de la causa, se le encomendó una pericia integral para describir la mecánica de la maniobra investigada, identificar los movimientos contables de cada uno de los 14 imputados, analizar su situación financiera y patrimonial, y cuantificar el perjuicio económico.

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Claudio Espinoza

En su segunda presentación en la Ciudad Judicial de Neuquén, Martínez mostró una extensa presentación de PowerPoint, que pudo ser exhibido luego de que el tribunal no admitiera una objeción de las defensas. En una de las filminas mostró la estructura de la organización que cometía las irregularidades y que desentraña los vínculos entre los distintos imputados del caso.

Para la perito, la organización tenía como cabecilla a Ricardo Soiza, el entonces director de Planes Sociales de la provincia de Neuquén. Cuestionada por la Defensa, consideró que el Ministerio de Desarrollo Social tenía autoridades con mayor jerarquía, pero no fueron consideradas como parte de la organización.

De él dependían cuatro personas que tenía el rol de “reclutadores“ de beneficiarios de planes sociales, el abogado Alfredo Cury, y otros empleados de la Dirección, que hoy están imputados. Entre ellos se cuentan Pablo Sanz, Marcos Osuna y Omar Rodríguez Quezada.

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En la base de la pirámide se ubican once personas que formaban aprte de la planta política y cumplían funciones en el Ministerio de Desarrollo Social en el período invetigado. Sólo se consideró a una persona que tenía un contrato eventual y a un empleado de planta permanente. Entre ellos, se cuentan algunos imputados, extractores y también arrepentidos que fueron sobreseídos de la causa.

En un rango aparte aparece Isabel Montoya, la pareja de Pablo Sanz, que ingresó a trabajar a partir de un decreto de designación en junio de 2022, aunque la perito no pudo determinar qué funciones cumplía o a qué oficinas concurría.

Organización o asociación ilícita

Martínez explicó que, para elaborar su informe, trabajó no sólo en los análisis de cheques o transferencias sino que buscó también comprender el funcionamiento de la estructura investigada y el rol que cumplía cada uno de los imputados en la causa. Así, analizó entrevistas e intercambio de correos electrónicos para conocer cómo era la dinámica en las oficinas de Planes Sociales.

Aunque en ningún apartado del informe determinó que existiera una asociación ilícita, sí consideró que existía una organización montada para desviar los fondos de los subsidios de desempleo.

Superar obstáculos, el punto clave

En ese sentido, tuvo en cuenta el concepto de “resiliencia organizacional“, que refiere a la capacidad de las organizaciones, ya sean empresas o entes públicos, para adaptarse a las dificultades y seguir trabajando en pos de su objetivo final.

Así, la especialista mostró que en su análisis del período investigado e incluso en los meses anteriores ya se daban ciertas conductas, que luego se fueron modificando en base a los obstáculos que aparecieron, ya sea por parte del BCRA o del Banco Provincia de Neuquén.

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Mostró una línea de tiempo que indica que, en primer lugar, los imputados cobraban cheques por ventanilla y, antes el crecimiento de los controles, comenzaron a concurrir también a bancos privados en lugar de usar solamente el BPN.

En mayo de 2020, por la pandemia de coronavirus, se adaptaron con empleados depositando sus cheques en el banco y extrayendo el dinero en efectivo. Tras la alerta de BPN y el bloqueo de las cuentas de los empleados en diciembre, se registró que había terceras personas depositando cheques en otros bancos.

En 2021 se inició la operación con tarjetas de débito de beneficiarios, una maniobra ya descripta en el juicio, que implicaba reclutar personas sin empleo a través de referentes barriales, gestionarles un plan social y solicitarles que tramiten una tarjeta de débito y entreguen el plástico con el PIN para luego retirar ellos el dinero de los cajeros y entregarle a los titulares de los subsidios pequeñas sumas en efectivo.

En 2022 se masificó el uso de tarjetas de débito a través de extracciones ráfaga, hasta que una nueva alerta de BPN por prevención de fraude bloqueó a las cuentas de todos los beneficiarios. En ese momento, y como ya fue descripto por otros testigos, los imputados coordinaron el contacto con los beneficiarios para que vuelvan a desbloquear su tarjeta y entreguen un nuevo PIN.

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Consultada por las defensas, Martínez reconoció que Abel Di Luca, el ministro a cargo en el período investigado, no había designado a las personas que formaban parte de la organización. El cabecilla del grupo, que el peritaje identifica con De Soiza, no fue designado por el ministro sino por el gobernador.

La testigo tampoco pudo explicar en qué momento se creó la organización o cómo se comunicaban o planteaban los objetivos, pero sí afirmó que existía un entramada de incidencias políticas detrás de las maniobras.

Para la perito, la organización tenía como objetivo apropiarse de los fondos que debían servir como ayuda social para los desocupados, y consideró que esta resiliencia organizacional permite intuir que no se trató de un error sino una maniobra organizada y que superó obstáculos para seguir desviando el dinero.