Estafa con planes sociales, el juicio: la "incidencia política" que vincula el fraude con las campañas

Durante la segunda jornada de declaración de la perito contable del Ministerio Público Fiscal (MPF), Agustina Martínez, la Fiscalía buscó demostrar la vinculación que había entre la estafa con planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social y los intereses políticos del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y otras organizaciones sociales.

La contadora y administradora de empresas que trabaja como técnico contable para la Fiscalía de Delitos Económicos ya había declarado el miércoles en una extensa jornada que incluyó un polémico Power Point y detalles de los cheques y las transferencias bancarias de los fondos públicos desviados, que tenían como destino oficial el pago de subsidios de desempleo.

En una segunda presentación, Martínez se sometió a las preguntas de la Fiscalía y también de la defensa, donde se explayó en las conclusiones que incluyó en un extenso informe presentado después de realizar la peritaje contable de más de 190 cuentas bancarias y cientos de archivos secuestrados en el marco de la investigación.

Las irregularidades detectadas

En uno de los puntos, la perito aseguró que existía una “incidencia política“ que funcionaba como un hilo conductor de las inconsistencias detectadas en su informe y que marcan, entre otros puntos, que los montos globales de las transferencias siempre coincidían, aunque había grandes diferencias entre la cantidad de beneficiarios de los planes sociales y lo que realmente se pagaba.

Así, su análisis pudo determinar que había beneficiarios que figuraban en los listados durante varios meses aunque nunca habían cobrado o sólo habían recibido el pago el primer mes, mientras que otras personas cobraban cheques a nombre de terceros.

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Claudio Espinoza

“Las incorrecciones se pueden dar por un error o por fraude, pero llegamos a la conclusión de que no es un error porque el pago total siempre coincidía y porque involucraba a muchas personas y durante mucho tiempo“, dijo en relación a las inconsistencias detectadas que, de haber sido un error administrativo, deberían haberse corregido de manera más inmediata.

La “incidencia política“

La perito utilizó el término “incidencia política“ para explicar por qué su informe considera que había un trasfondo de motivaciones políticas detrás del desvío de dinero.

En primer lugar, se basó en las entrevistas realizadas a las figuras conocidas como “arrepentidos“. Son ex empleados del Ministerio de Desarrollo Social que declararon en jornadas previas del juicio y que fueron sobreseídos de la causa. En las entrevistas que brindaron a la Fiscalía antes del juicio oral y público ya habían afirmado que los listados de beneficiarios llegaban de referentes políticos y barriales.

Esas afirmaciones, que también repitieron durante el juicio, indicaban que el dinero que ellos y otras personas extraían de los cajeros automáticos iba a parar a una caja azul que resguardaba el ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza. Se separaba el dinero en fajos de cien mil pesos y se armaban sobres con distintos destinos.

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Claudio Espinoza

En un segundo paso, el peritaje incluyó el análisis de evidencia digital: cientos de archivos de Excel que tenían registro de pagos e ingresos de dinero. Entre ellos, durante el juicio se expusieron planillas con nombres de beneficiarios que tenían un referente político asociado.

Los propios nombres de las planillas también indicaban la trama política subyacente: algunos se guardaron como “Soiza No Votaron“, “Votos Seguros“, “No afiliados“. Como parte de la evidencia digital analizada, también se incluyeron listados de padrones de afiliados al MPN y listados de mesas electorales.

Como tercer punto de análisis, se observó también una planilla de adhesión a las elecciones del domingo 12 de septiembre de 2021, que corresponden con las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para renovar bancas en el Congreso Nacional.

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Claudio Espinoza

Martínez mencionó que en los listados detectaron personas vinculadas a organizaciones sociales, como el Frente Popular Darío Santillán, FOL o Barrios de Pie, así como la aclaración de suspensión de subsidios para personas que no habían votado en las elecciones.

En dos casos testigos, los beneficiarios habían dejado de cobrar el subsidio de desempleo en octubre de 2021, y el listado incluía la leyenda “Baja. No votó elecciones municipales“. Otros beneficiarios tenían la leyenda “Baja. Trabajador en actividad“.

A dónde iba el dinero

Según las conclusiones del informe presentado por Martínez, existió una “incidencia política“ porque los beneficiarios de los planes sociales estaban supeditados a su afiliación partidaria al MPN, tanto por los registros de su vinculación con un referente como las menciones de “voto seguro“.

Por otro lado, concluyeron que el dinero se destinaba a los propios referentes políticos y barriales, como Esther Villalobos o José Garay. El dinero de la caja azul también se destinaba a solventar gastos de la propia estructura de esta organización a cargo del fraude, lo que se ve en la rendición de pagos de alquiler de camionetas o de adicionales a la Policía para brindarles seguridad.

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Claudio Espinoza

A su vez, también se notó que se hacían pagos de gastos personales de los propios implicados. Uno de los casos más emblemáticos es el de los sobres destinados a El Faraón, en referencia al restaurante que era propiedad del ex director de Planes Sociales, Ricardo Soiza.

Qué dice el informe del MPF

El peritaje contable presentado este miércoles por Martínez dio detalles de las maniobras para desviar los fondos que iban destinados a los desocupados.

Para ello, utilizó información de ARCA, informes bancarios, cheques físicos y digitales, reportes del Banco Provincia del Neuquén (BPN), datos de la Unidad de Servicios Periciales y registros financieros de la base ROL-Nosis. En principio, el relevamiento alcanzó 198 cuentas bancarias vinculadas a beneficiarios y operadores del Ministerio de Desarrollo Social.

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Claudio Espinoza

El informe de Martínez detalló las maniobras y las irregularidades, pero también los números precisos al perjuicio ocasionado al Estado provincial. El perjuicio histórico -es decir, sin actualización monetaria- asciende a $153.377.900, de los cuales $125.412.400 corresponden a extracciones con tarjetas de débito y $27.965.590 a cobros mediante cheques.

Al aplicar el cálculo de actualización a valores actuales -según la tasa efectiva anual del BPN-, el perjuicio total se dispara a $1.947.719.216,40. Este monto refleja la magnitud de los fondos públicos presuntamente desviados en el esquema investigado.

Las conclusiones de la perito subrayan que la mecánica detectada implicó un daño millonario al Estado provincial y que la operatoria se sostuvo en el tiempo mediante un circuito paralelo de pagos, diferencias en nóminas, beneficiarios inexistentes o no registrados y cheques fraccionados para eludir controles bancarios.