Planes sociales: los abogados firmaban todo "a ciegas" y sin consecuencias
El equipo de Legales del exministerio de Desarrollo Social tuvo anomalías en los expedientes. Hasta pagaban primero los planes y luego aparecían los dictámenes.
Alejandro Ponchiardi, abogado y uno de los gerentes ejecutivos del BPN cuando estallaron las irregularidades de los planes sociales en 2022.
Los expedientes que se formaban previo a los decretos para autorizar los pagos de los beneficiarios de planes sociales ya venían "armados", y los abogados poco veían detalles o la "dejaban pasar". Confiaban en toda la cadena burocrática del estado neuquino, pero algo falló. Y la causa por estafa desnudó también cómo funciona, en parte, la burocracia, donde la palabra “control” depende de muchas voluntades.
La jornada 22 del juicio mostró que en distintos niveles de la administración pública y del Banco Provincia del Neuquén (BPN), algunos controles eran bastante laxos, al menos con lo ocurrido con las tarjetas y extracciones de los planes sociales.
Se firmaban dictámenes de manera automática, o mejor dicho, con tantos procesos que los organismos de contralor pasaron de largo. Expedientes que no tenían fecha ni estaban foliados, y hasta se sacaban pagos de planes sociales, mucho antes de que se aprobaran los dictámenes legales. ¿Lo hacían por orden del ministro Abel Di Luca? ¿O por el director de Planes Sociales Ricardo Soiza? O así en realidad funciona la administración pública, cuando se trabaja sobre emergencias.
La coartada de la defensa se viene venir, en el caso de las personas que tienen más responsabilidad política, y lo figuran de manera simple: "¿Se olvidan que Neuquén era un caos, y que cortaban la ruta y la Avenida Argentina? ¿Cómo se arreglaba eso?", deslizan desde el entorno en los pasillos.
Como dijo también una testigo en otra audiencia: "Nos decían que formáramos, sino se prendía fuego la provincia". Y ese era un poco el argumento de porqué las decisiones políticas, entraban a presión para los departamentos legales del Estado provincial.
Planes sociales: la reunión del BPN y la denuncia penal
El primero en declarar fue el abogado Alejandro Ponchiardi, que en 2022 cuando estalló la causa de los planes sociales, era gerente ejecutivo del BPN. Recordó que participó en la confección de la denuncia penal que terminó en el Ministerio Público Fiscal, en el marco de una investigación del área de Prevención de Fraudes, a cargo de Joaquín Alfieri. Sostuvo que el caso era preocupante y que movilizó a todos los gerentes, y que estaban de acuerdo que no era un caso aislado, y que había que acudir a la justicia.
La presentación de la denuncia surgió a partir del reclamo de un cliente, que es el caso cero, Esteban Maegna Mendoza, quien denunciaba que no tenía tarjeta de débito ni fondos acreditados en su cuenta de plan social. Pero no tenía datos consistentes. Es más, había dicho que cobraba una ayuda social de Nación, y luego se comprobó que no, que era del gobierno provincial.
El directorio del banco analizó la situación y resolvió presentar una denuncia penal. Los abogados que intervinieron fueron Juan Manuel Coto y Emanuel Roa Moreno, junto con Rodolfo De la Fuente, de la coordinación de Legales del exministerio de Desarrollo Social. La denuncia quedó firmada el 5 de agosto de 2022.
Ponchiardi admitió que incluso se barajó la posibilidad de que hubiese responsabilidad de empleados del banco, ante la pregunta del defensor Pablo Gutiérrez, aunque se estableció que las firmas en las entregas de tarjetas con las que se hicieron las extracciones, correspondían a los propios clientes, algo que fue confirmado con peritajes caligráficos.
Luego declaró Juan Manuel Coto, abogado penalista y asesor externo del BPN desde 2015. Afirmó que la investigación interna había comenzado antes de la denuncia de Maegna Mendoza, según pudo escuchar de un círculo de gerentes del banco, y que se detectaron irregularidades con la manipulación de tarjetas por parte de ex empleados de Desarrollo Social. Incluso señaló que ya en 2020 se investigaban movimientos sospechosos con cheques, aunque las pesquisas estaban limitadas por el secreto bancario.
Coto relató que al abogado De la Fuente lo enviaron desde el ministerio de Abel Di Luca, al séptimo piso del BPN, sin saber muy bien para qué. Y que en la reunión, cuando le contaron los pormenores y que parte del staff de Desarrollo social estaba involucrado con filmaciones en los cajeros extrayendo dinero con tarjeras de los subsidiados, quedó "atónito". “Era un hecho incontrastable porque sabíamos que eran empleados, pero no sabíamos los nombres”, afirmó Coto.
Dictámenes “a ciegas” y expedientes incompletos
Uno de los testimonios más relevantes fue el de Rodolfo De la Fuente, de Legales de Desarrollo Social, quien explicó que los expedientes llegaban “armados” desde administración, en lo que denominó “planchas”. Es decir, eran modelos de dictámenes a los que solo se les cambiaban algunos datos, como los "IF" que, en el sistema de expedientes electrónicos, son archivos, que están ocultos, como declaraciones juradas. En esos archivos aparecían los nombres de los beneficiarios de planes sociales, pero nadie los revisaba (decían que solo se limitaban a chequear que estén los listados cargados, pero no los detallles) y daban por hecho de que todo estaba bien.
Confesó que no certificaba la cantidad de beneficiarios y que resultaba “imposible controlar cientos de nombres”. Aun así, firmaba los dictámenes con fechas previas a la carga de beneficiarios en el sistema GDE. “El ministro me daba órdenes en todos los expedientes”, señaló, en alusión directa a Abel Di Luca.
También declaró Natalia Bauch, exdirectora provincial de Legales en Desarrollo Social. Relató que eran muchos expedientes y que se distribuía el trabajo entre varios abogados. Reconoció que solo controlaban que el listado de beneficiarios estuviera incluido y que los dictámenes se firmaban “salvo mayor y más elevado criterio”.
En la misma línea, declaró Romina Cornejo, también abogada de Legales. Explicó que desde 2010 trabaja en distintos organismos de la provincia, entre ellos Fiscalía de Estado, Asesoría General de Gobierno y luego Desarrollo Social. Reconoció que se armaban los modelos de resolución para que el ministro Abel Di Luca los firmara, siempre luego de un visto bueno desde Despacho.
Detalló que algunos los listados venían firmados por Ricardo Soiza, lo que bastaba para darles el “ok” desde Legales. El defensor Alfredo Cury la presionó con preguntas sobre por qué no controlaba el expediente cuando era el órgano de aplicación, y ella respondió que era imposible verificar miles de beneficiarios uno por uno. “Salvo mejor o elevado criterio” era la fórmula con la que justificaban la aprobación.
Cury fue más lejos y le preguntó, con tono de chicana, si había hablado del tema con su hermano y con el fiscal Manuel Narváez, a lo que Cornejo respondió que no. Es que la testigo aclaró ante el tribunal y los defensores, que conocía al fiscal del caso, pero que ello no impedía que pueda haber incompatibilidades a la hora del interrogatorio. Y todos en la sala estuvieron de acuerdo.
La contadora también negó haber detectado anomalías en los expedientes, pese a que admitió que algunas certificaciones venían sin fecha y que los listados pasaban de Soiza a otros funcionarios sin foliatura. Sostuvo que pudo haber informado esa situación, si la hubiese advertido, aunque aclaró que todas esas anomalías, pudieron darse por un cambio en el que estaba la administración de la provincia: la migración del expediente papel al electrónico.
Otra de las testigos fue una alta funcionaria del gobierno provincial, que estuvo al frente de la Contaduría General en varias gestiones, incluida la actual. Explicó que se realizaban revisiones de los programas sociales y que se detectaron pagos a empleados públicos, lo que derivó en la instrucción de sumarios por parte de Fiscalía de Estado. Según sus informes, al menos 900 agentes cobraban indebidamente subsidios sociales.
Señaló que en los expedientes de 2022 detectaron desajustes entre la cantidad de beneficiarios y las órdenes de pago, además de expedientes sin fecha ni foliatura. Eso llevó a que se ordenara una auditoría. En ese entonces, estaba Julio Arteaga como auditor de los subsidios por Desocupación Laboral y Claudia Jara, en los subsidios de Familia y los Transitorios. Los auditaron a los tres, por algunas anomalías. “Arteaga nunca detectó inconsistencias en los informes de planes sociales”, subrayó.
Un esquema que se repite
Los testimonios de la defensa, lejos de despegar responsabilidades, describieron un sistema plagado de fallas: pagos que se efectuaban antes de que salieran decretos, listados cargados tardíamente en el GDE y dictámenes que se firmaban “a ciegas”. Una estructura burocrática que se convirtió en la coartada para que, en un período de tiempo de pandemia, los planes sociales de Neuquén funcionaran con irregularidades y escasos controles.
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