Las comunidades Quintriqueo y Melo protestaron en Casa de Gobierno. Tienen cinco días para abandonar un predio. Pidieron a Provincia detener la orden judicial.
Las comunidades mapuche Lof Kinxikew y Melo, en Casa de Gobierno.
En Neuquén dos comunidades mapuche están en alerta por desalojo en Villa La Angostura y este miércoles llevaron el reclamo a Casa de Gobierno. Se trata de las comunidades Quintriqueo y Melo que les dieron cinco días hábiles, desde el viernes, para desalojar las tierras que ocupan y que reivindican en la cordillera. Exigieron al gobierno provincial que no colabore con las fuerzas policiales, ya que la medida afecta a las familias con niños y adultos mayores.
“Nos vinimos hasta aquí, a esta Casa de Gobierno, para decirle a las autoridades que ellos son los únicos que pueden frenar el desalojo. Vinimos a exigir que no actúen contra nuestras comunidades”, dijo Verónica Amancay, lonco del Lof Quintriqueo (Kinxikew) junto a Lucas Melo, durante la protesta, mientras se realizaba un acto con presencia de los seis consejos zonales que integran la Confederación Mapuche del Neuquén.
Los voceros mapuches informaron que ayer presentaron una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde solicita que se garantice el derecho a permanecer en el territorio, amparados en el principio de preexistencia de los pueblos originarios.
Además, recordaron que la causa judicial -una ejecución de sentencia iniciada por una particular- aún está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese sentido, indicaron que el desalojo ordenado por el juez subrogarte, Diego Bonorino se produce en un contexto de altísima tensión.
La respuesta del Gobierno: qué dijo el ministro Tobares
La orden fue librada a pesar de que el Estado argentino, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), ya reconoció en 2023 que el Lof Kinxikew ocupa ese territorio de forma tradicional, actual y pública, y cuenta con personería jurídica desde 2006.
El ministro de Gobierno, Jorge Tobares, respondió por escrito al planteo administrativo de la comunidad Quintriqueo. El martes pasado, reconoció la vigencia de la personería jurídica del Lof y la resolución del INAI que acredita la ocupación tradicional del territorio.
Además, hizo un fuerte llamado a considerar el interés superior de niños y adolescentes, la perspectiva intercultural y la ley provincial 2302 de protección integral de la niñez.
“El cumplimiento de la manda que no reconozca a las infancias mapuches importaría una regresividad en derechos”, señaló el ministro, quien además ofreció como alternativa la intervención de equipos interdisciplinarios para hacer un diagnóstico de la situación social y comunitaria de las familias afectadas por el desalojo.
También propuso la apertura de una mesa de diálogo con mediación de la Subsecretaría de Gobierno, como se ha hecho en otros conflictos territoriales similares, para evitar una escalada de violencia institucional.
Sin embargo, desde la comunidad advierten que la orden de desalojo ya fue librada y podría ejecutarse en cualquier momento, sin que se hayan cumplido los pasos mínimos que el propio gobierno considera necesarios.
El “hecho nuevo” que podría frenar el operativo
En paralelo, el abogado de las comunidades, Luis Virgilio Sánchez, presentó un escrito ante la Justicia neuquina denunciando un hecho nuevo, que es la existencia de esa misma nota del Ministerio de Gobierno, donde se reconoce la necesidad de diagnósticos sociales, acompañamiento institucional y protocolos previos antes de ejecutar la orden de desalojo.
“El juez Bonorino ordenó el desalojo sin garantizar ninguno de esos pasos. Por eso solicitamos la suspensión inmediata del lanzamiento hasta que se cumplan los mecanismos previstos por la ley 2302 y las normas de derechos humanos que protegen a niñas, niños y personas mayores”, sostuvo el abogado en diálogo con LM Neuquén.
También pidió que se convoque a una mesa de diálogo con participación del Ministerio de Gobierno, dado que es la autoridad de aplicación de la ley 2302, y señaló que ni siquiera fue convocada una instancia mínima de mediación entre las partes.
El desalojo fue ordenado en el marco de una ejecución de sentencia impulsada por una particular, María Cristina Broers, contra el lonko Pascual Quintriqueo y la comunidad. La sentencia original fue dictada en 2016, pero recién en los últimos meses el juez Bonorino decidió reactivar la orden.
El caso aún está bajo análisis de la Corte Suprema (en Queja) y que el Estado nacional reconoció la ocupación indígena del predio. Pero la orden de desalojo puede aplicarse igual, debido a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
El propio juez desató la polémica al incluir en su fallo acusaciones personales contra el abogado Virgilio Sánchez, a quien acusó de actuar con falta de ética, de presentar escritos confusos y de intentar manipular al juzgado, con la amenaza explícita de denunciarlo ante el Tribunal de Ética del Colegio de Abogados.
Villa La Angostura en el foco de conflicto nacional
La situación del Lof Quintriqueo se da en un contexto donde crece la judicialización de los reclamos territoriales mapuches en el sur de Neuquén. Hace un mes, el juez Eduardo Egea absolvió a integrantes del Lof Paichil Antriao en otro proceso penal y reconoció el conflicto territorial de fondo como un componente para interpretar la conducta de las comunidades.
Esa misma jornada, el juez Bonorino firmó el fallo que ordena el desalojo de Quintriqueo y atacó al abogado defensor, algo que fue interpretado por las comunidades como una señal de endurecimiento judicial ante los reclamos indígenas.
La Confederación Mapuche del Neuquén elevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y advirtió que una ejecución forzada del desalojo podría representar una violación grave a los tratados internacionales que Argentina suscribió, en especial el Convenio 169 de la OIT.
El conflicto va desde la justicia y ahora toma una dimensión provincial con la nota del ministro Tobares. El gobierno tiene la decisión si permite que se concrete un operativo de desalojo en Villa La Angostura.
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