Son 100 familias que compraron lotes en Bajada de Maida. Investigan una estructura para captar ahorros de trabajadores con promesas de tierras y un fideicomiso.
Soñaban con tener la casa propia, en un lugar al que nadie le había prestado atención hace más de 10 años, en el oeste de la ciudad Neuquén. Se conoce como la urbanización en la Bajada de Maida, en tierras privadas de la sucesión de la familia Fava, que aún no tiene una resolución legal, pero que igual hay algunos intermediarios -empresarios y escribanos- comenzaron a vender lotes a través de un fideicomiso.
La presentación judicial ingresó esta semana al Ministerio Público Fiscal de Neuquén y promete destapar una grave maniobra de presunta estafa con un negocio inmobiliario local, que podría rondar los 2.400 millones de pesos, teniendo en cuenta la venta de más de 300 lotes en el oeste de la ciudad de Neuquén. La Municipalidad de Neuquén nunca lo autorizó y hay una multa de más de 22 millones de pesos por esa infracción.
La denuncia, impulsada por un grupo de abogados querellantes en representación de alrededor de 100 familias damnificadas apunta contra el administrador del Fideicomiso “Las Bardas” y gerente de la firma Rocas Manantiales SRL, acusado de haber creado una estructura aparentemente ficticia para captar ahorros bajo la promesa de lotes que, según la denuncia, “sabía desde un inicio que eran inviables”.
Los hechos denunciados comprometen al empresario, y también -según los abogados- a otras personas físicas y jurídicas que habrían participado en una “maniobra meticulosamente orquestada” para defraudar a familias neuquinas. Incluso se pide que se investigue a un escribano neuquino, quien habría intervenido en la firma de documentos -como la confección de un primer testimonio de escritura- para consolidar el supuesto perjuicio. Según contaron los mismos damnificados, el fideicomiso apunta a que en algún momento prospere la titularidad por la ocupación "veinteañeal" de las tierras con la prescripción adquisitiva.
Lotes en Las Bardas: el sueño de la casa propia convertido en pesadilla
Todo comenzó en 2020, cuando el proyecto “Loteo Las Bardas” se presentó como una oportunidad para que familias trabajadoras pudieran acceder a un terreno en las bardas de Neuquén, con servicios básicos y aprobación municipal. Los denunciados ofrecían una urbanización “modelo” y un mecanismo legal aparentemente sólido, que no lo era tanto. Era un fideicomiso inmobiliario. Sin embargo, la urbanización en esa zona comenzó mucho antes, en 2012.
El problema, según consta en la denuncia a la que accedió LM Neuquén, es que el proyecto ya era inviable desde 2018, cuando un cambio normativo municipal impidió la aprobación del plano de mensura del predio. Es decir, las tierras no se pueden escriturar a cada uno de los compradores y buscaron arma un condominio. “Constituyeron el fideicomiso, sabiendo que el loteo no podía realizarse, ocultando ese impedimento a los compradores”, detallaron en la denuncia. En otras palabras, vendieron terrenos que quizá sabían que nunca iban a poder entregar formalmente.
De acuerdo con la presentación judicial, el ardid tuvo tres etapas en las que cayeron los damnificados, que esperan las escrituras de sus lotes. Una es la captación de los compradores, que ante la necesidad y la jugosa propuesta como inversión se convirtieron en víctimas. Fue de 2020 en adelante, donde se promocionó el fideicomiso como un desarrollo urbanístico seguro. Los compradores, en su mayoría trabajadores que destinaron sus ahorros, firmaron contratos de adhesión y transfirieron importantes sumas de dinero.
El otro aspecto que tiene la denuncia es el sostenimiento de lo que consideran el engaño. Es que durante años, los responsables del fideicomiso habrían sostenido una “escenografía” de avances del loteo, donde exhibieron supuestos progresos en la obra que nunca se materializaron. Los fondos, según la denuncia, se utilizaron sin rendiciones ni aplicación real al proyecto.
En marzo de 2025, según la denuncia, los damnificados comenzaron a exigir respuestas, y fueron citados a una escribanía para firmar la Escritura Pública N°28, denominada “Acuerdo de Partes y Condominio”. Ese documento, según señalaron los denunciantes, fue el hecho final para lo que consideran que encuadra en una presunta estafa. Bajo presión, se habría obligado a los compradores a aceptar que el fideicomiso era “inviable", y renunciaron expresamente a todo reclamo judicial. A todo esto, los terrenos donde compraron no tienen servicios, y son parte de un terreno rural sin valor comercial en el mercado formal.
La querella solicitó que se investiguen los delitos de estafas reiteradas, administración fraudulenta y asociación ilícita, y que se determine el destino de los fondos aportados. Pidieron además que se cite a declarar a los damnificados al escribano y que se realicen pericias contables sobre los movimientos de Rocas Manantiales SRL.
“Se trató de una organización criminal con roles definidos, continuidad en el tiempo y una estructura societaria montada para defraudar”, afirmaron los abogados en el texto presentado.
Un fideicomiso en la barda de Bajada de Maida
El inmueble en cuestión, identificado con la nomenclatura 09-21-076-5123-0000, nunca habría tenido planos aprobados, ni infraestructura de servicios, ni autorización de urbanización. La denuncia solicita oficios a la Municipalidad de Neuquén para confirmar la falta de permisos y determinar desde cuándo el terreno carece de viabilidad para un loteo.
Algunas de las familias afectadas -que aportaron sus ahorros- siguen sin su terreno, sin escritura y sin respuestas. Lo único que tienen es una cuota parte de un campo sin subdividir y una sensación de que nunca serán los propietarios reales de la tierra.
Los abogados pidieron que la el Ministerio Público Fiscal actúe “con el máximo rigor de la ley” y que investigue a fondo para llegar a una condena. “El fideicomiso fue la fachada perfecta para una estafa masiva. Detrás del sueño de la casa propia, hubo una maniobra fría, planificada y sistemática para robarle a la gente”, sostuvieron.
Una multa por $22 millones: el agua y el rol del EPAS
A este panorama se suma ahora un documento interno de la Oficina de Obras Particulares (OPA), que da cuenta de actas de infracción labradas en mayo de 2024 por “loteos sin planos de mensura ni registro” y “propaganda indebida de loteos sin identificación de expediente”. El informe consigna varios números de infracciones y menciona la responsabilidad solidaria de profesionales y constructores por las multas. Entre los infractores figura Carlos Benavides, con una deuda total superior a 22,6 millones de pesos, según el registro municipal. Esa persona sería la que en su momento tenía un boleto de compraventa con los uno de los hijos de la sucesión Fava.
Estas infracciones confirman que el predio no contaba con autorización ni planos aprobados y que se realizaba propaganda ilegal para captar compradores, exactamente como describen los querellantes en la denuncia penal.
Gisela Álvarez, una de las damnificadas y vocera del grupo, contó a este medio la odisea que viven más de 350 familias desde hace más de una década. “Somos alrededor de trescientas cincuenta familias que compramos los lotes con servicios y a la fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta por parte del fideicomiso. El loteo se arrancó en 2012, y a la actualidad estamos iguales”, sostuvo.
Relató que compró su terreno en 2022 y entregó sus ahorros con la promesa de obras de agua y luz antes de fin de ese año. Pero la realidad no fue la que le prometieron. “Yo entregué 800 mil pesos y me hicieron 36 cuotas, de 110 mil pesos. Me dijeron que para diciembre iban a estar las obras. Pero no había ni luz ni agua. Tuve que comprar agua a los camiones y alquilar generadores. Después trajeron la energía enganchada desde una casita de la cooperativa, con un medidor monofásico que se corta todo el tiempo. Tuve que poner paneles solares”, dijo a este medio.
Aseguró que el barrio sigue sin agua y con conexiones precarias. Incluso denunció que “hicieron una perforación clandestina al caño de EPAS y tiraron un par de mangueras”, sin obras internas ni mantenimiento.
“Armamos una comisión entre vecinos para reclamar. Estuvimos un año pidiendo respuestas y nunca nos atendieron. Se empezaron a contactar más vecinos, incluso algunos que habían comprado en 2012 y nunca les entregaron nada. Nos encontramos con lotes vendidos dos o tres veces, calles fiscales loteadas y partes que ni siquiera figuraban en el plano”, concluyó.
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