Desestiman la denuncia contra los fiscales que ordenaron el desalojo a mapuches

El fiscal del caso Manuel Islas desestimó la denuncia que presentaron representantes de comunidades mapuches contra integrantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) por el desalojo que se realizó en Casa de Gobierno, en julio pasado. Según Islas, el desalojo no constituyó "delito de abuso de autoridad".

La resolución fue firmada este miércoles e implicó el archivo de la denuncia por no constituir delito lo planteado.

Islas afirmó que el accionar del fiscal del caso Diego Azcárate y del fiscal jefe Pablo Vignaroli, quienes ordenaron el desalojo en el contexto de un legajo abierto por el delito de coacción y tras la denuncia de la fiscalía de Estado, “resultó legal y ajustado a derecho”.

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Qué dijo el fiscal respecto a la denuncia contra Azcárate y Vignaroli

En este sentido, indicó que “los fiscales ordenaron una medida menos gravosa, que no requería ningún control de jueces de garantías porque no iba a afectarse ninguna garantía constitucional, sino que la medida apuntaba a identificar a los denunciados e intimarlos a que se vayan del lugar y en caso de desobediencia a esa orden legítima de la autoridad competente, y de manera progresiva, escalonada y razonable utilizar el poder público que legítimamente detenta el Estado a través de la policía provincial, para cumplimentar lo ordenado”.

El representante del MPF planteó que “pudiendo detener en un contexto de presumible flagrancia, los fiscales intervinientes con buen tino, transitaron un sendero menos gravoso de ordenar la identificación e intimar a los denunciados ocupantes para que en el razonable plazo de dos horas se desconcentren del lugar”. Y que, luego, “ante lo que asoma como un quebrantamiento a lo ordenado que no fue observado y ante la negativa a identificarse la Policía en uso de sus atribuciones legales procedió a cumplimentar la orden legítima emitida por escrito y por la autoridad competente”.

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Sebastián Fariña Petersen

Según la denuncia, la orden de desalojo debería tener control de un juez o jueza de garantías, a los que Islas respondió que “lo cierto es que no era necesario el control judicial, porque la medida se llevó a cabo en un espacio público y fue ordenada por fiscales penales que son la autoridad judicial competente para llevar adelante investigaciones penales con celeridad y eficacia, aplicando la Ley para restablecer el orden y la paz social”.

En este contexto, Islas decidió respecto a la denuncia contra ambos fiscales y contra funcionarios de la Fiscalía de Estado, “desestimar la denuncia por no constituir delito de abuso de autoridad reiterado porque actuaron razonablemente en uso de sus facultades y deberes legales de manera correcta”.

El fiscal defendió el accionar de la Policía en el desalojo

La denuncia también cuestionó el accionar de la Policía provincial por supuesta “ilegalidad de la ejecución de la orden de desalojo por el uso excesivo, irracional e innecesario y desproporcionado de la fuerza”.

En este sentido, Islas afirmó que “habiendo visto todos los videos obrantes en el legajo, las imágenes del procedimiento, los informes médicos, fotografías aportadas en la denuncia, he de decir, que el personal interviniente actuó en cumplimiento del deber y el legítimo ejercicio de su autoridad, de modo razonablemente proporcional a las circunstancias del caso, con lo cual su actuar no fue antijurídico, sino adecuado a derecho (concebido en su totalidad)”.

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Además, remarcó que “más allá de las expresiones y términos de la denuncia cuando se observa el procedimiento policial que intenta cuestionar, se ve claramente que hubo un razonable y proporcional uso de la fuerza pública por parte del personal interviniente que actuó en cumplimiento de una orden legítima emitida por autoridad competente -inobservada por los manifestantes-, en el marco de un caso penal concreto. Incluso varios oficiales resultaron heridos producto de la resistencia a cumplir lo ordenado”.

El caso se originó a instancias de una denuncia de la fiscalía de Estado, que planteó que el 15 de julio de 2025 por la mañana, un grupo de personas de distintas comunidades mapuches se encadenó en el ingreso de Casa de Gobierno para reclamar la entrega de personerías jurídicas a dichas comunidades de parte del Ejecutivo.

Con el paso de los días fueron ocupando mayor espacio, afectando la circulación y obstaculizando el ingreso de empleados y funcionarios. Esto con el objetivo de “forzar al Poder Ejecutivo provincial a emitir actos administrativos de acuerdo con sus pretensiones”.

Qué decía la orden de desalojo a mapuches en Casa de Gobierno

El pasado 20 de julio, el fiscal del caso Diego Azcárate y el fiscal jefe Pablo Vignaroli remitieron un oficio al jefe de la Policía provincial “a fin de solicitarle que en forma urgente comisione el personal de la Policía Provincial que resulte necesario para que se constituyan en la sede de la Gobernación Provincial, sita en calles Roca y Rioja de esta ciudad capital y procedan a identificar e intimar a quienes estarían ocupando el espacio público e interrumpiendo parcialmente la circulación y obstaculizando el ingreso de empleados y funcionarios públicos, atribuyéndose representaciones de distintas comunidades mapuches, como así también a cualquier otro ocupante que se encuentren en el lugar, para que dentro del plazo de dos (2) horas se retiren y desocupen completamente el espacio mencionado; todo ello bajo apercibimiento de, una vez vencido el plazo, proceder compulsivamente al desalojo con el auxilio de la fuerza pública, debiendo labrar acta de estilo, que remitirá a esta Unidad Fiscal a la mayor brevedad posible", reza el texto.

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"Se hace saber que, por medio del presente, se autoriza el uso de la fuerza pública para dejar el lugar libre de ocupantes, la cual deberá utilizarse siempre que sea absolutamente necesaria y resguardando de la mayor forma posible la integridad física de las personas, en lo sustancial de menores de edad, para el caso que se encuentren allí", dice la orden respecto a la preservación de los manifestantes.

"Por lo demás, también deberán arbitrar los medios necesarios para sacar del lugar todo tipo de elemento y animales que tampoco puedan permanecer en la vía pública, bajo inventario y/o acta de estilo”, cierra.