El el funcionario involucrado en el escándalo por supuestas coimas la ANDIS fue acusado por abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario pública. De qué se lo acusa.
Mientras siguen las filtraciones de audios por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y las consecuencias de ello- que derivó en múltiples allanamiento y el apartamiento del cargo de su titular, una nueva denuncia contra su Diego Spagunolo salió a la luz.
En las últimas horas, se conoció la presentación de una denuncia en la provincia de Córdoba contra Spagnuolo, por los delitos de "abuso de autoridad" y "violación de deberes de funcionario público". La misma fue elevada a la justicia por el abogado Pablo Olmos ante la Justicia Federal.
"El delito tiene que ver con haber orquestado todo un aparato dirigido a rechazar de manera sistemática todas las pensiones por discapacidad que estaban siendo sometidas a un proceso de revisión", explicó el letrado en contacto con Radio Con Vos.
Qué se denuncia sobre las irregularidades en pensiones
El abogado sostuvo que a partir de la aparición de los audios, comienza a mostrarse un armado sistemático para darle de baja de manera masiva a las pensiones y que cierren los números.
En esta denuncia, Olmos señaló irregularidades en el sistema de evaluación para determinar el grado de invalidez laboral y el otorgamiento de las pensiones no contributivas de las personas con discapacidad. Y lo habría hecho a partir de "dos instrumentos”, según el abogado.
Según reveló, uno de ellos fue la modificación en enero del denominado "Baremo", una tabla que establece la escala de valores o normas convencionales para evaluar y cuantificar el grado de discapacidad de una persona. En mayo, esos cambios fueron derogados, quedando la normativa sin efecto.
Aún así, desde ANDIS se ordenaron auditorías médicas sobre beneficios ya otorgados a personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Según la denuncia, esta revisión se realizó entonces sin un marco legal vigente para definir objetivamente el nivel de incapacidad laboral de los beneficiarios.
El segundo instrumento al que refiere el abogado Olmos, fue "la falta de una notificación fehaciente a los beneficiarios de las pensiones" para evaluar el alta o baja de una pensión. "Esto lo que ha hecho, especialmente en el interior del país, es que los beneficiarios no se enteren y no pueda ir a las revisaciones", remarcó en diálogo con el programa "Futuro Imperfecto".
Cómo fue el caso en Córdoba
El denunciante explicó que la presentación judicial incluye además un pedido cautelar para que "se reanude el pago habitual de las pensiones hasta que se realice una auditoría adecuada". Y agregó: "En el norte de la provincia de Córdoba, la gente hacía fila durante días enteros para ver si la ANDIS les había enviado una carta. Es decir, estábamos muy lejos de que esas notificaciones llegaran realmente a los domicilios".
Por su parte, Micaela López, trabajadora social de la Junta de Certificación en la ciudad cordobesa de Cruz del Eje, advirtió sobre lo que definió como una "trampa legal" dentro del sistema de auditorías implementado a nivel nacional. "Ahí está la trampa: les quitaron las pensiones solo por no haberse notificado", sostuvo en diálogo con Perfil.
En esa línea, López -quien desarrolla sus tareas en el Hospital Aurelio Crespo, uno de los 25 centros provinciales encargados de evaluar el acceso al sistema de pensiones- relató que "la gente estaba desesperada" porque las cartas documento nunca llegaban a destino. "La modalidad de citación fue deliberadamente maliciosa", afirmó, y añadió: "se enviaban a domicilios antiguos, aun cuando el Estado cuenta con bases de datos actualizadas, como Anses o Mi Argentina".
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