Compró un departamento, se lo prestó a una amiga por unos meses y ahora no se lo quiere devolver

Mariela es madre de una niña de tres años con Certificado Único de Discapacidad, accedió a un departamentoa estrenar a través del Procrear. Cuando recibió las llaves - en marzo de 2023 -aún tenía vigente un contrato de alquiler hasta julio de 2024 y cancelarlo le implicada mucho dinero, por lo que decidió posponer su mudanza. En ese momento decidió prestarle el departamento a una amiga y todo terminó de la peor manera, ya que nunca quiso devolvérselo. Ahora el caso llegó a la Justicia.

Según consta en la denuncia judicial, una amiga y compañera de trabajo de Mariela estaba recién separada y era víctima de violencia de género, por lo que le pidió ocupar el inmueble hasta que ella se mudara. Dada la delicada situación, la joven aceptó prestárselo bajo un comodato gratuito, con la condición de que se hiciera cargo del pago de las expensas y servicios.

Se trata de un departamento en el complejo Estación Buenos Aires, en Parque Patricios. Un año después, en marzo de 2024, cuando Mariela le pidió a su amiga que le devuelta departamento, ella sorpresivamente se negó. Según relató, la mujer le dijo de manera directa: “No me voy a ir”.

En uno de los intercambios de mensajes de WhatsApp, la ocupante agregó: “No me voy a gastar en escuchar tu audio. Así como ustedes se encaprichan, yo también me voy a encaprichar. Y si pierdo todo, porque es un capricho de ustedes, me tendrán que hacer un juicio de desalojo”.

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La denuncia en manos de la Justicia

En su denuncia, Mariela señaló que la ocupante dejó de pagar expensas y servicios, lo que la obligó a cubrirlos personalmente, por lo que tuvo que iniciar entonces una demanda de desalojo en marzo de 2024. Su abogado Diego Martín Proietti, sostuvo que la ocupación era “clandestina y absolutamente ilegítima”.

El Juzgado Civil N° 67 falló en julio de 2025 a favor de Mariela y ordenó el desalojo en un plazo de diez días. Sin embargo, la demandada apeló la medida. En su defensa, alegó que nunca existió un comodato, sino un contrato de alquiler de 75.000 pesos mensuales.

También afirmó que el departamento presentaba humedad y cañerías rotas, y que al reclamar reparaciones, no obtuvo respuesta. Asimismo, aseguró que el conflicto impactó en su ámbito laboral y que sufrió hostigamientos por parte de Mariela, a quien denunció penalmente.

Según Proietti, la defensa carece de sustento: “Lo que la mujer presentó ante la justicia no eran los pagos del alquilar, sino los pagos de las expensas. Solo mostró dos comprobantes. Su defensa fue insostenible desde el punto de vista legal. ‘No firmé nada, pero estoy alquilando’, dijo cuando en realidad está ocupando una propiedad que no es de ella”.

Tensión vecinal y situación actual

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Desde el balcón del departamento, la ocupante compartió en redes sociales mensajes desafiantes mientras continúa el litigio.

Mientras la Justicia resuelve, la conflictividad se trasladó a la vida cotidiana del complejo. Vecinos denunciaron ruidos permanentes, discusiones y música a volumen elevado, lo que generó reclamos en el chat comunitario.

La ocupante, por su parte, exhibió en redes sociales su postura. En una publicación de Instagram escribió: “Anoche hubo banquete y gracias a una política pública que construyó viviendas sociales para el pueblo pudimos compartirlo con mucho amor”, acompañada por una foto desde el balcón del departamento.

Actualmente, por culpa de su amiga, Mariela debe afrontar el pago de su contrato de alquiler, las cuotas del crédito hipotecario a 20 años del PROCREAR y los gastos judiciales, sin poder disponer de la vivienda adjudicada.

La resolución del caso se encuentra en manos de la Cámara de Apelaciones, que deberá definir si se confirma el desalojo o si prospera la apelación de la demandada. El expediente constituye un antecedente sobre las consecuencias legales y personales que pueden derivar de un acuerdo informal en materia habitacional.