Dura acusación de la Fiscalía en el fin del juicio por planes sociales: "Corrían desesperados porque era plata de los punteros"
En los alegatos, los fiscales pidieron la culpabilidad de 12 de 14 imputados y desacreditaron el rol de los defensores. Los detalles.
La Fiscalía desplegó un alegato -donde terminó acusando a 12 de los 14 imputados- en el juicio por la estafa con los planes sociales en Neuquén y apuntó directamente a que la mecánica de las extracciones en los cajeros y el dinero recolectado, que iba a una caja azul, era plata para financiar la estructura partidaria del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Se abonó fuertemente la acusación de asociación ilícita.
Según los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Manuel Narváez, durante dos años (septiembre de 2020 a julio de 2022) se montó un esquema para quedarse con el dinero de los beneficiarios más vulnerables y canalizarlo en una “caja azul”, que manejaba el exdirector de Planes Sociales Ricardo Soiza, que financió la política del partido provincial.
A su vez, y con duras críticas a la defensa, Vignaroli despegó al coordinador de Planes Sociales, quien estaba por arriba de la estructura jerárquica de Soiza y a quien varios intentaron ubicarlo dentro de la estructura delictiva de la asociación ilícita. “No me voy a poner en defensor de Palma, pero no hay pruebas de que haya intervenido. Sí hay pruebas de Osuna, Sanz y Soiza con el Ministerio de Desarrollo Social”, explicó.
Narváez fue el primero en exponer y lo hizo con un tono bastante coloquial, y por momentos, como si fuera un discurso para las masas, en torno a la corrupción política. En tanto que Vignaroli sostuvo que los defensores no habían aportado suficientes pruebas como para despegar a los imputados de las maniobras.
Planes sociales: fiscalía abonó la asociación ilícita
Narváez detalló que la acusación se dividió en seis bloques, una parte de los informes del Banco Provincia del Neuquén (BPN), otro de los beneficiarios, la Dirección de Programas y Planes Sociales, el Ministerio de Desarrollo Social, la Contaduría General y el bloque contable sobre el perjuicio económico a la provincia de Neuquén.
El fiscal recordó que la investigación comenzó con la denuncia de un beneficiario, Esteban Maegna Mendoza, y reveló cómo se manipulaban las cuentas. “Cambiaron de depositar en el BPN a otros bancos, se comprueba la asociación ilícita. Fueron montando hecho mes a mes durante dos años con el objetivo de quedarse con el dinero de los beneficiarios”.
Los pagos salían desde la cuenta 153/2020 del BPN, destinada a planes sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Sin una sucursal para entregar tarjetas de débito, los acusados se apropiaron de ellas en la pandemia y las usaban para extraer el dinero.
Alrededor de 18 testigos relataron cómo se enteraron de que tenían cuentas a su nombre o que sus plásticos eran utilizados sin autorización. Una mujer incluso contó que entregaba su tarjeta y clave a Isabel Montoya, prueba directa de la maniobra.
Según la acusación, el dinero iba a parar primero a manos de Pablo Sanz y Marcos Osuna, quienes lo entregaban a Ricardo Soiza. Desde allí se armaban sobres que llegaban a referentes del MPN, como Esther Villalobos, su pareja de apellido Garay y el contador Julio Arteaga, auditor de los subsidios de Desocupación Laboral.
Vignaroli reforzó la imputación y apuntó a la estructura detrás de la operatoria. “No fue un error administrativo, sino un trámite deliberadamente armado de septiembre de 2020 a julio de 2022. Era muy fácil darse cuenta de lo que estaba pasando”, dijo.
El fiscal diferenció jerarquías y aclaró que Luciano Palma, coordinador del área, no tuvo participación probada, aunque resaltó que Sanz, Osuna y Soiza sí actuaron junto al Ministerio de Desarrollo Social.
Según Vignaroli, Soiza se manejaba con autonomía, y a espaldas de la misma ministra en su momento, Adriana Figueroa, quien, al parecer, no estaba al tanto de ninguna maniobra. Es que Soiza es un viejo conocido en la política, y conocía a los punteros, los desocupados y hasta la vida íntima de los referentes. "Era imprescindible para el sistema político del MPN”, señaló.
La Fiscalía describió también cómo Isabel Montoya pasó de no tener ingresos a adquirir un terreno por 34 mil dólares, un auto y montar un centro de estética en Centenario. Acá el fiscal Narváez fue ácido con la descripción. "¡Qué suerte tuvo Montoya que sin trabajar se pudo comprar un terreno en un barrio y montar un centro de estética, con la plata de la sociedad neuquina!", dijo el fiscal, en un tono de arenga.
También acusó a Valeria Honorio, que habría cobrado cheques y comprado bienes sin justificación patrimonial, y a Victoria Contreras, filmada en cajeros mientras retiraba dinero.
En cuanto a otros acusados, Vignaroli pidió la absolución de Ariel Krom -con diagnóstico psiquiátrico que lo eximió de comprender sus actos- y de Fernando Cardozo Regidor, cuya participación no pudo probarse. Cardozo Regidor estuvo desde el inicio de las audiencias conectado por Zoom, debido a los ataques de ansiedad que manifestó tener antes de llegar al edificio de Ciudad Judicial, según expresaron desde la defensa.
Uno por uno, el pedido de culpabilidad de la Fiscalía
La acusación se cerró con el pedido de condena contra Ricardo Soiza, Pablo Sanz, Marcos Osuna, Abel Di Luca y Tomás Siegenthaler, como jefes de la asociación ilícita y responsables de defraudación por 9.303 hechos. Y Luis María Gallo, Laura Reznik, Julieta Oviedo, Valeria Honorio y Alfredo Cury, como coautores de los mismos delitos.
“Los beneficiarios sabían que corrían desesperados a cobrar porque era plata de los punteros”, resumió Vignaroli, al marcar que el desvío de fondos estatales terminó sosteniendo la estructura política del MPN.
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