Estafa con planes y sentencia social: la distancia entre la justicia y la opinión pública

Luego de años de investigación, audiencias y expectativa social, la justicia neuquina dio a conocer el veredicto sobre la causa que involucró a más de una docena de imputados por la utilización fraudulenta de tarjetas sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Un caso que estuvo en la agenda pública, en los medios y, sobre todo, en las redes, donde la sociedad ya había emitido su propio veredicto mucho antes de la decisión judicial.

El esquema investigado era claro: a los beneficiarios de las tarjetas de débito se les entregaba apenas un porcentaje mínimo —en algunos casos el 10%, en otros el 20%— mientras que el resto del dinero quedaba en manos de la organización que manejaba los fondos. Durante años, ese relato caló hondo en la opinión pública, instalando la idea de que se trataba de una verdadera asociación ilícita.

Sin embargo, el Tribunal no lo entendió de la misma manera. En el veredicto anticipado señalaron que no hubo pruebas suficientes para encuadrar los hechos como asociación ilícita. La figura finalmente aplicada fue la de administración fraudulenta de fondos públicos, un delito con penas de 2 a 6 años, bastante menor en comparación con la expectativa social que pedía condenas más severas.

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Sebastián Fariña Petersen

De los imputados, dos fueron absueltos y el resto deberá esperar la etapa de imposición de penas. Lo que se defina ahí marcará si hay prisión efectiva o condenas en suspenso. Aunque algunos especialistas advierten que difícilmente se apliquen sanciones altas: los jueces suelen moverse cerca de los mínimos legales, y el tiempo ya cumplido en prisión preventiva por algunos imputados se descuenta de las condenas.

El Tribunal también fue claro al señalar que no dictaría condenas por delitos que los fiscales no lograron probar con evidencia suficiente. Esa diferencia técnica —entre lo que se denunció, lo que se pudo acreditar y lo que el Código Penal contempla— es lo que abre la mayor brecha con la opinión pública.

Porque en la calle, para gran parte de la ciudadanía, estos funcionarios ya eran culpables de integrar una red organizada para robar fondos sociales. Para la justicia, lo probado hasta ahora es un fraude administrativo. Esa tensión deja en evidencia que, aunque los expedientes cierren, el descrédito público persiste.

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Sebastián Fariña Petersen

A este escenario se suma otro matiz clave: el veredicto de hoy es provisorio. La sentencia definitiva será cuando se entreguen los fundamentos escritos y detallados de cada razonamiento. Luego vendrá la etapa de impugnaciones: primero ante el Tribunal de Impugnación y eventualmente ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia. En ese camino, los fiscales tendrán márgenes limitados para recurrir, sobre todo si las penas aplicadas rondan la mitad del máximo posible.

La paradoja del caso es que nueve imputados que no llegaron a juicio aceptaron una pena de tres años en suspenso, reconociendo asociación ilícita. Y ahora, en el juicio oral, podrían recibir sanciones más altas las personas que ocupaban lugares menores en el organigrama del delito. Un desenlace que no solo genera ruido jurídico, sino también indignación social.

Hoy el proceso entra en esa nueva etapa: definir las penas concretas. Pero más allá de lo que ocurra en los tribunales, el veredicto confirma una realidad incómoda: el Poder Judicial no siempre satisface las expectativas sociales. Para una sociedad que vive con desconfianza hacia la política y el manejo de los recursos públicos, la sensación de fraude se mantiene, aunque el Código Penal diga otra cosa.