Insultó, amenazó y lo echaron del Estado, la deriva de un enfermero violento

El gobierno de Neuquén despidió a otro agente que no cumplió con sus obligaciones básicas. En ese caso no se trata de un ñoqui ni de un policía indisciplinado, sino de hombre que, según dieron por acreditado en el sumario, no respetó las normas elementales de convivencia y profirió insultos y amenazas contra una compañera de trabajo.

La sanción de cesantía de los cuadros de la administración pública provincial recayó sobre el ahora ex agente Juan Pablo Arias quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería en el Hospital San Patricio del Chañar “Dra. Alicia Cruz”, de la Región Sanitaria Vaca Muerta.

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Las dos personas que viajaban en la moto tuvieron que ser trasladadas de urgencia al hospital de El Chañar.

Según consta en el expediente, el sumario se lo iniciaron el 11 de agosto de 2023 a raíz de un hecho que, se entiende, fue la gota que derramó el vaso y que cometió el 4 de julio de ese año. A partir de ahí, le endilgaron la presunta trasgresión de las obligaciones impuestas a los empleados públicos, ya que aquel día habría incurrido en agresiones verbales, amenazas y hostigamiento, “actos de perturbación e intimidación encuadradas en violencia de género”, según dice expresamente en el expediente.

Un violento excluido del Estado

El sumario se inició durante el último tramo del gobierno anterior, pero las actuaciones administrativas se aceleraron por la decisión del gobierno de Rolando Figueroa de erradicar a los ñoquis, delincuentes e indisciplinados a la mayor brevedad posible.

El sumario avanzó rápido. Al ahora ex agente le garantizaron su derecho a defensa, y al término de las investigaciones, los sumariantes dieron por acreditada la responsabilidad administrativa. Concluyeron que ese ex agente no tuvo el respeto ni la cortesía que requieren las relaciones entre compañeros de trabajo.

Se dijo, incluso, que el ex agente reconoció su conducta y no evidenció arrepentimiento. Por lo pronto, el decreto de cesantía dice expresamente lo siguiente: “Resulta acreditado que insultó, se dirigió de manera alterada y violenta en diversas ocasiones, además de amenazar, ignorar los diagramas de trabajo establecidos, las directivas impartidas, y las instrucciones respecto de su adecuación de tareas, siendo la licenciada (…) objeto de ofensas verbales generando una sensación de inseguridad”.

Hospital San Patricio del Chañar

Claudio Espinoza

En el expediente también se dejó constancia de que le endilgaron “un acto de hostigamiento hacia la víctima, considerado por el propio responsable como algo normal y sin intención alguna de remediarlo”.

Reparación a la víctima

La remoción del agresor del ámbito laboral elimina una fuente directa de hostigamiento, amenazas y agresiones. Esto permite a la víctima recuperar un espacio de trabajo libre de intimidación, lo cual es esencial para su bienestar psicológico y profesional.

Más allá del caso puntual, este tipo de sanciones tiene un efecto pedagógico dentro de las instituciones. Envía un mensaje claro a todo el personal: las conductas violentas, discriminatorias o abusivas no serán toleradas. Esto contribuye a generar entornos laborales más seguros, respetuosos y equitativos.

También empodera a las víctimas y testigos, al mostrar que las denuncias pueden derivar en respuestas concretas y efectivas. En contextos donde el silencio y la impunidad han sido históricamente frecuentes, este tipo de decisiones puede abrir caminos hacia una cultura institucional más justa.