El tribunal anunciará el veredicto este martes a las 11 en un juicio histórico donde 12 imputados sabrán si los condenan. Expectativa en el ámbito político y judicial.
Los jueces del tribunal de los planes sociales. Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita.
Gran expectativa hay en el mundo de la política y la justicia de Neuquén, por el veredicto que darán este martes a las 11 los jueces de la causa del juicio por la estafa con planes sociales. Es un expediente que destapó la cocina del poder político, la manipulación de los recursos del Estado y la utilización de personas vulnerables como engranajes descartables de una maquinaria de fraude.
Hay 12 imputados, a los que se les atribuye defraudación en perjuicio del Estado por 9.303 hechos y asociación ilícita, este último un delito más complejo sobre el cual los defensores en pleno hicieron sus reparos. ¿Si en la causa Vialidad se desestimó ese delito para Cristina Kirchner, por qué se aplicaría acá en Neuquén?
El veredicto se podrá trasmitir en vivo, por decisión de los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, con una salvedad: se acordó no dar a publicidad a nombres que pidieron reserva, acordados entre los fiscales, defensores y jueces.
Son 39 personas, de las cuales 22 fueron propuestos por las defensas y 17 por parte del Ministerio Público Fiscal. Algunos son los “arrepentidos” de la causa, que recibieron beneficios, por declarar en contra de sus compañeros del ex ministerio de Desarrollo Social, que esperan el veredicto.
Planes sociales: por qué se transmite en vivo y los nombres "prohibidos"
En los alegatos, el tribunal decidió no trasmitir en vivo, debido a que nombró a estas personas. Sin embargo, en el texto final del documento, que se leerá mañana, se omitirán estos nombres. Es por eso que ahora el tribunal adoptó otro criterio, el de dar publicidad en tiempo real al veredicto, con estas condiciones.
Durante casi dos meses se desarrollaron 32 audiencias, desfilaron más de 70 testigos y se ventilaron pruebas que, según la fiscalía, revelan cómo se montó un sistema para desviar fondos millonarios de los programas sociales. Los jueces se tomaron casi todo el tiempo permitido por la ley, y consumieron nueve de los diez días de plazo que les otorga el Código Procesal Penal para elaborar un veredicto.
La fiscalía dividió la trama en dos núcleos. Por un lado, el “grupo Rivadavia”, con epicentro en la vieja Dirección de Planes Sociales de calle Rivadavia 44. Allí se apuntó a Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización; y Marcos Osuna, exjefe de Programas. A ellos se suman Isabel Montoya, Valeria Honorio, Emanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury. Las pruebas contra los tres primeros son las más firmes, incluso Sanz y Osuna admitieron responsabilidad, siendo los únicos que no pidieron absolución por defraudación.
Del otro lado aparece el “grupo Anaya”, integrado por exjefes del Ministerio de Desarrollo Social: el exministro Abel Di Luca, el excoordinador provincial Tomás Siegenthaler, el exdirector de Finanzas Luis Gallo, la exdirectora de Finanzas Laura Reznik y la exdirectora de Tesorería Julieta Oviedo. Contra ellos también declaró una funcionaria arrepentida que fue testigo clave, pieza decisiva para conectar los hilos de la maniobra.
El vínculo entre ambos grupos, según la fiscalía, quedó consolidado con pericias contables y un informe técnico sobre computadoras secuestradas.
Un puente entre dos bandos de la administración pública
Pero ese “puente” fue atacado con dureza por las defensas, que sometieron a los peritos a contrainterrogatorios agresivos en un intento por dinamitar la acusación. La respuesta a si esas pruebas resistieron la carga estará en manos de los jueces, y se conocerá este martes.
En los pasillos judiciales nadie duda de que habrá responsables y en el ámbito político esperan condenas. Incluso algunos abogados defensores reconocen que será inevitable. Tanto es así que ya se especula con fechas para el juicio de cesura, donde se discutirán las penas. Podría recién en febrero de 2026, cuando baje toda la espuma mediática de este caso. En ese escenario, se estima un piso de 4 años de prisión efectiva y un máximo cercano a 10 años.
Más allá de los nombres propios y de los tecnicismos legales, la sentencia del martes tendrá un impacto político ineludible, por el recorte que hizo el Ministro Público Fiscal, que fue de septiembre de 2020 a julio de 2022, en el período que gobernaba el MPN en la provincia.
No está en juego no es solo si tal o cual exfuncionario va preso, sino si la Justicia da un mensaje sobre cómo se administraron fondos que debían llegar a los sectores más golpeados por la pobreza.
La lectura del veredicto podría ser un momento histórico para Neuquén, desde lo político, por las decisiones judiciales y por la expectativa que se generó en un sector social ligado al círculo rojo, y que se informa a través de recortes informativos.
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