Juicio por la estafa con planes sociales: seguí la transmisión en vivo del veredicto
El tribunal definirá este martes el grado de responsabilidad de los imputados en la causa por defraudación al Estado provincial.
Este martes se conocerá el veredicto del tribunal tras el juicio por la estafa con planes sociales en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Neuquén. Después de 32 jornadas de audiencias, en uno de los juicios más extensos que tuvo la provincia, los jueces deberán definir qué responsabilidad tuvieron los 12 imputados en el desvío de fondos públicos que estaban destinados al pago de subsidios por desempleo.
El veredicto se podrá trasmitir en vivo, por decisión de los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita, con una salvedad: se acordó no dar a publicidad a nombres que pidieron reserva, acordados entre los fiscales, defensores y jueces.
A las 11,14 de este martes comenzó la transmisión en vivo. El público podrá conocer la decisión del tribunal en una audiencia que se transmitirá en vivo desde la Ciudad Judicial de Neuquén a través del canal oficial de YouTube del Poder Judicial de la provincia.
El titular del tribunal, Juan Manuel Kees, adelantó que buscaban exponer los fundamentos de su veredicto de manera abreviada y que darán más detalles en una sentencia escrita, que será entregada en los 20 días hábiles siguientes, tal como establece el Código Procesal.
Recordaron que el Ministerio Público Fiscal retiró la acusación sobre dos de los 14 imputados, por lo que el tribunal definirá la sentencia de los 12 imputados restantes. Agregaron que en la audiencia sólo se va a comunicar la decisión del tribunal, pero no habrá instancias de debate. Por eso, aquellos que tengan alguna oposición al veredicto podrán realizar luego una impugnación.
El resumen del tribunal: cómo se hizo la estafa
"Se pudo comprobar la existencia de una maniobra delictiva y sistemática en el Ministerio de Desarrollo Social entre septiembre de 2020 a julio de 2022", aseguró Juan Guaita, quien afirmó que distintos funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, incluido el ministro, estaban involucrados en una maniobra que buscaba defraudar a la administración pública y que generó un gran perjuicio a las arcas provinciales.
El juez señaló que se acreditó "una captación y utilización de beneficiarios de planes sociales, es un mecanismos fraudulento que captaban a personas que en condiciones normales podrían recibir un subsidios. Se hizo entre cuatro grupos claramente definidos: los beneficiarios estafados, que reunían los requisitos legales para cobrar el subsidio y sólo recibían una suma reducida de cerca del 10% del monto real. El 90% se quedaba entre los funcionarios de la Dirección de Planes Sociales".
"El segundo grupo es de empleados propios del Ministerio que estaban inscriptos como beneficiarios de planes sociales, y ahí se percibe una maniobra porque, al ser empleados era imposible que fueran beneficiarios de ayudas del Estado", dijo Guaita, quien agregó: "Vemos un tercer grupo de empleados que no sólo cobraban como beneficiarios sino que eran presionados para aportar más personas, que podían cumplir los requisitos o no, incluso familiares".
"El cuarto grupo vemos que se forma con listados armados por punteros políticos, que tenían militantes, en su mayoría del Movimiento Popular Neuquino (MPN)", afirmó. "De estos cuatro grupos siempre se obtenía dinero, se reunía el dinero y los cheques de un patrimonio ilícito en las oficinas de calle Rivadavia", dijo y agregó que ese dinero se guardaba en una caja azul en la oficina de Ricardo Soiza y se dividía en sobres con distintos destinatarios.
"Ha resultado probado que los partícipes en la maniobra se aprovechaban de la vulnerabilidad de los beneficiarios, que tenían situación precaria, vulnerabilidad, personas con discapacidad a cargo y también adultos mayores", dijo el juez y afirmó que la organización abusaba la confianza y hacía engaños sistemáticos para sacar provecho de su vulnerabilidad.
"Detectamos otras conductas ilícitas que fueron recurrentes, como falsificación de cheques mediante la imitación de firmas de los beneficiarios", aclaró el juez, que agregó que también se falsificaba la firma de "endoso al banco". Aclaró que hubo acciones ilícitas como amenazas o coacciones para garantizar la maniobra sin ser denunciados. Por otro lado, se realizaron contrataciones irregulares por parte de funcionarios públicos, con pagos en negro de honorarios y consumos que se efectuaban con este dinero ilícito y que son clandestinos.
Entre otros puntos, se detectó el depósito de cheques que se emitían a nombres de beneficiarios reales pero con firmas falsificadas. El dinero se recolectaba por otros funcionarios como Pablo Sanz y Marcos Osuna, para terminar guardados en la caja azul, que custodiaba Ricardo Soiza. La segunda modalidad era emitir cheques a favor de los empleados del Ministerio de Desarrollo Social: ellos depositaban los cheques en sus cuentas para extraer el dinero.
El magistrado aclaró que el Banco Provincia de Neuquén (BPN) alertó esta situación y bloqueó las cuentas de los empleados públicos. Así, "la maniobra se adaptó" con depósitos en otros bancos para poder hacerse al dinero. "Los montos eran siempre menores a 50 mil pesos y los cheques siempre provenían de Desarrollo Social", agregó.
Sumó una tercera modalidad, a través de tarjetas de débito. "Estas personas que captaban beneficiarios mutaron la maniobra: lo acompañaban a la sucursal del BPN para que tramitaran la apertura de la cuenta, los esperaban para hacerse de la tarjeta de débito y la clave del beneficiario", señaló el juez. Aclaró que la modalidad fue "muy compleja" e incluyó el reclutamiento de "beneficiarios ficticios".
Recordó una declaración de un testigo que escuchó: "A Ricardo le están pidiendo más plata. Hay que buscar más tarjetas y el testigo aseguró que llegó a usar hasta 20 tarjetas en distintos cajeros. Lo que se llama extracción ráfaga permite vislumbrar que hubo una estandarización de la maniobra".
En cuanto a los fines del dinero, aclaró que los partícipes de la maniobra usaron los fondos para gastos propios que sostenían la estructura de la organización delictiva. "Se pagaban servicios de seguridad, alquiler de vehículos para los funcionarios, también cobertura legal para punteros del MPN y gastos de consumo del local comercial El Faraón", dijo.
En segundo lugar, se notó el desvío de dineros a gastos personales o engrosar el patrimonio de los implicados. En tercer término, el dinero se destinó a una finalidad de "clientelismo político sostenido con fondos públicos, lo que evidencia la gravedad institucional de la maniobra". Para el tribunal, esos montos se destinaba a punteros con el objetivo de "comprar voluntades" en el terreno político.
"La administración fraudulenta en perjuicio al Estado Provincial fue lograda con distintos actos ilícitos por parte de muchas personas maniobras", señaló Guaita y aclaró que se detectaron "distintos niveles de organización y núcleos que posibilitaron concretar la maniobra delictiva.
Los responsables según el tribunal
"Un primer nivel es la Dirección de Planes Sociales a cargo de Ricardo Soiza, que confeccionaba el listado de beneficiarios, captaron las personas, gestionaban los cheques y guardaban el dinero en efectivo", dijo y aclaró que ahí queda acreditada la participación de Soiza, Sanz y Osuna.
"Vemos un nivel del servicio administrativo financiero", dijo y aclaró que "bajo ese manto participan de la maniobra delictiva, usando su competencia administrativa para autorizar los pagos". Así, hay una responsabilidad en los asientos contables. En este nivel se ubican el excoordinador provincial Tomás Siegenthaler, el exdirector de Finanzas Luis Gallo, la exdirectora de Finanzas Laura Reznik y la exdirectora de Tesorería Julieta Oviedo.
Por otro lado, señaló que hay un tercer nivel de responsabilidad y que tiene como figura el ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, que brindó la autorización administrativa para permitir que se pague y luego se desvíe el dinero. Agregó que las decisiones se definían en reuniones entre el ministro y Siegenthaler.
"Los planes sociales son el vehículo para que se puedan apropiar del dinero los partícipes de la maniobra", aseguró el juez. Aclaró que "la mayoría de los beneficiaros se otorgaban a personas sin ninguna intervención de los imputados, mientras que otra parte se desviaba con fines de sostener una industria clientelista.
La identidad de los principales destinatarios del dinero nunca salió a la luz
El juez Juan Manuel Kees se expresó en duros términos con el Ministerio Público Fiscal (MPF), al explicar que la parte acusadora no indagó sobre el destino de los fondos de la caja azul, que tenía una precaria contabilidad. "La mayor parte de los fondos no fue para vehículos o un terreno en Plottier sino para dos destinatarios identificados como El Embajador y XXXX", dijo el magistrado y exhortó a los fiscales a avanzar con esta investigación cuando se reclama al tribunal a condenar a todos los responsables de la defraudación.
El tribunal consideró, entonces, que no se va a juzgar a los 12 imputados bajo la calificación de defraudación al Estado con perjuicio a las arcas públicas, pero no por asociación ilícita. El Juez Hermosilla avanzó con la responsabilidad de cada uno de los implicados.
Las justificaciones de las defensas que se descartaron
El juez advirtió que los defensores buscaron justificar estas maniobras por la transición de un sistema administrativo en papel a uno digital o incluso por las restricciones de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, aclaró que sólo se trató de una manera de justificar estos ilícitos.
"También se usó la justificación de la ignorancia o la torpeza de los funcionarios públicos", aclaró el juez. "Se ven omisiones de control pero vemos que hubo una actitud de acción para realizar la maniobra", señaló. También descartó la justificación de los cheques globales. "Se utilizaban en el interior, donde no habían cajeros automáticos, pero eso no escapa de la obligación de rendir el pago", aseguró.
Por otro lado, recordó que los defensores hablaron de la "presión social" que exigía el apuro de los pagos. "Los planes sociales se pagaban mes a mes. Entonces, ¿de dónde era la presión social? ¿de los punteros que querían cobrar?", afirmó. Aclaró también que se probaron maniobras de ocultamiento con frases como "limpiá" o "¿ya limpiaste todo?".
"Se consolidó un patrimonio ilícito que se vio en la caja azul, destinado a gastos de funcionamiento y sostener el clientelismo político. La maniobra se sostuvo en un largo período y generó un grave perjuicio a las arcas provinciales", dijo Guaita y aclaró que "varias defensas ha admitido los ilícitos a lo largo del juicio".
La calificación legal, en debate
A su turno, el juez Kees aclaró que si bien hubo mayor consenso sobre la existencia de estas maniobras ilegales, el debate se dio sobre la calificación legal, ya que el tipo de delito fue cuestionado por las partes.
"En algunas audiencias previas se dictaron sobreseimientos y también hay nueve personas condenadas por estos mismos hechos, en procedimientos abreviados", dijo y aclaró que se realizaron acuerdos plenos, en audiencias que no se produce prueba pero la Fiscalía y los defensores arriban a un acuerdo sobre los hechos, la calificación y la pena. En estos casos, resultaron declaradas culpables por el caso de asociación ilícita con defraudación a la administración pública en más de 9303 hechos.
"En total fueron 9 personas y en todos los casos fue por el mismo cargo, en algunos se hizo mención a los 9 mil hechos y en otros no", dijo Kees. Aclaró que esas menciones no son obligatorias para el tribunal. La Fiscalía diferenció entre los jefes y los que no eran jefes de la asociación ilícita, para los jefes tienen previsto una pena mínima de 5 años, y para los que no son jefes, de 3 años. El juez aclaró que las penas de cinco años tienen una prisión efectiva y no pueden quedar en suspenso.
El juez repasó la jurisprudencia por defraudación a la administración público y el uso de tarjetas de débito sin autorización. "Pudimos observar que las maniobras con las tarjetas de débito fueron muy heterogéneas", afirmó, y recordó que el testigo uno, que no fue citado a declarar, aclaró que no sabía que se había emitido una tarjeta de débito a su nombre, algo que ocurrió en muy pocos casos. "La mayor parte fue de ofrecerle un subsidio a una persona, indicarle que vaya al banco a gestionar la cuenta y retirar la tarjeta y entregar su tarjeta con la clave al reclutador", aseguró.
El magistrado afirmó que se usa la figura de "concurso aparente, que consiste en calificar con un solo hecho a diferentes delitos que podrían encuadrarse juntos. No parecen dos delitos distintos sino un solo delito de administración fraudulenta". También se puso en duda quiénes eran las víctimas, si los beneficiarios y el Estado. "Se probó que habían beneficiarios que eran cómplices porque sabían que no reunían los requisitos", afirmó.
"Esto lleva a considerar al tribunal que se trata de un caso de administración fraudulenta que se valió del concurso de aparente de apropiación o uso no autorizado de las tarjetas de débito", señaló Kees.
También hubo un debate sobre la calificación o no de asociación ilícita. El juez recordó que la asociación ilícita requiere la implicación de tres personas o más, algo que ya fue probado en el juicio. Sin embargo, aclaró que "se debate si las personas enjuiciadas tuvieron o no la intención de cometer delitos".
El veredicto final: qué dijo el tribunal
El grupo Rivadavia: Marcos Osuna, Pablo Sanz y Ricardo Soiza. Reconocieron la maniobra pero descartaron ser parte de una asociación ilícita. "Soiza dijo que algo se pudo haber escapado", señaló el juez Hermosilla. Aclaró que las maniobras tienen "abundante prueba y no fue controvertida por los imputados".
Tanto Sanz como Soiza fueron calificados como coautores de la defraudación del Estado. En el caso de Osuna, consideraron que tuvo participación primaria.
Para Emanuel Victoria Contreras, quedó acreditado que tenía tarjetas en su domicilio, que había realizado extracciones y que fue al menos una vez a la calle Rivadavia a buscar cheques. Como realizaba actividades políticas y tenía planillas de "voto seguro", su defensa consideró que condenarlo era criminalizar la actividad política. También fue considerado como partícipe primario.
Para Isabel Montoya, pareja de Pablo Sanz, se acreditó que participó en las extracciones.
Cómo fue el juicio por la estafa con planes sociales
Durante casi dos meses se desarrollaron 32 audiencias, desfilaron más de 70 testigos y se ventilaron pruebas que, según la fiscalía, revelan cómo se montó un sistema para desviar fondos millonarios de los programas sociales. Los jueces se tomaron casi todo el tiempo permitido por la ley, y consumieron nueve de los diez días de plazo que les otorga el Código Procesal Penal para elaborar un veredicto.
La fiscalía dividió la trama en dos núcleos. Por un lado, el “grupo Rivadavia”, con epicentro en la vieja Dirección de Planes Sociales de calle Rivadavia 44. Allí se apuntó a Ricardo Soiza, exdirector de Planes Sociales; Néstor Pablo Sanz, exdirector de Fiscalización; y Marcos Osuna, exjefe de Programas. A ellos se suman Isabel Montoya, Valeria Honorio, Emanuel Victoria Contreras y Alfredo Cury. Las pruebas contra los tres primeros son las más firmes, incluso Sanz y Osuna admitieron responsabilidad, siendo los únicos que no pidieron absolución por defraudación.
Del otro lado aparece el “grupo Anaya”, integrado por exjefes del Ministerio de Desarrollo Social: el exministro Abel Di Luca, el excoordinador provincial Tomás Siegenthaler, el exdirector de Finanzas Luis Gallo, la exdirectora de Finanzas Laura Reznik y la exdirectora de Tesorería Julieta Oviedo. Contra ellos también declaró una funcionaria arrepentida que fue testigo clave, pieza decisiva para conectar los hilos de la maniobra. El vínculo entre ambos grupos, según la fiscalía, quedó consolidado con pericias contables y un informe técnico sobre computadoras secuestradas.
Te puede interesar...
Leé más
Estafa con planes sociales, el juicio: ya hay fecha para conocer el veredicto de la Justicia
Dramático incendio en Vista Alegre Sur: derrumbe y dos vehículos consumidos por el fuego
Un puente, dos ciudades y un mismo corazón: así será la caminata simbólica de este domingo
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario