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La Justicia acusó a la ex intendenta de un pueblo de Neuquén por abrir un basural a cielo abierto

El vertedero funcionó entre 2022 y 2023 sin autorización del Concejo Deliberante. Afirman que operaba el basural mientras era intendenta de Las Lajas.

La Justicia de Neuquén acusó formalmente a la ex intendenta de Las Lajas, María Angélica Espinosa, por haber abierto y operado un basural a cielo abierto no permitido mientras estaba al frente de la Municipalidad. Según indicaron, el predio no tenía autorización del Concejo Deliberante ni estudios de impacto ambiental, y sirvió para el vertido de residuos y restos de faena animal durante un año y medio, lo que ocasionó años ambientales en la zona.

En una audiencia realizada el lunes en la ciudad de Zapala, el fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid y la asistente letrada Julieta González acusaron a María Angélica Espinosa por haber abierto y operado un basural a cielo abierto entre junio de 2022 y diciembre de 2023, mientras era intendenta de Las Lajas.

De acuerdo con la teoría del caso de la Fiscalía, el basural funcionaba en un predio ubicado a 5 kilómetros de la ciudad y Espinosa habría actuado en contra de leyes nacionales y provinciales de protección ambiental, así como de la Constitución neuquina, al disponer la apertura del vertedero sin autorización del Concejo Deliberante, sin intervención de la Secretaría de Ambiente, ni estudios de impacto ambiental.

Impacto ambiental en Las Lajas

Según la acusación, el predio elegido colinda con la una estancia que, hasta entonces, no presentaba afectación ambiental. La obra incluyó el desmonte de vegetación nativa y la excavación de cuatro cavas de aproximadamente dos metros de profundidad, donde se habrían arrojado residuos sólidos urbanos y restos de faena animal sin cobertura ni compactación. El lugar no contaba con cerramiento ni control de acceso.

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Los representantes del MPF sostuvieron que la disposición de residuos provocó daños ambientales directos, afectando la pastura utilizada para la cría de animales en la estancia vecina, que debió interrumpir esa actividad. Todo ello, mientras en la localidad ya existía un vertedero habilitado para la disposición final de residuos.

Los restos de faena animal quedaron en la agenda mediática en los últimos meses, cuando trascendió que habían utilizado el vertedero municipal para depositar una carga de salmones que no cumplían con las reglamentaciones sanitarias. El actual intendente de Las Lajas, Pablo Cortez, aseguró en abril a LMNeuquén que no volverá a permitir que un cargamento proveniente de un vuelco de camiones con salmones sea depositado en el vertedero local.

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Una gestión con foco en el ambiente

La acusación de la Fiscalía contrasta con el discurso que impulsaba la ex intendenta de Las Lajas, con foco en la protección del ambiente en la localidad. Durante su gestión, sacó lustre a su título de médica veterinaria para protagonizar ella misma campañas de castración masiva y de concientización sobre la tenencia responsable de mascotas.

En 2021, también durante su gestión frente al Poder Ejecutivo local, la intendenta lideró campañas de limpieza del río Agrio. En ese entonces, había declarado a LMNeuquén : “Este operativo de limpieza nos debe servir a todos para crear conciencia y entender como vecinos y turistas que el río no es un basurero sino que es un atractivo que se puede disfrutar durante todo el año y especialmente en verano y que si lo respetamos la naturaleza nos va a seguir bendiciendo con mayores bellezas”.

La acusación

Por estos hechos, Breide Obeid y González le atribuyeron a Espinosa los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público en concurso ideal con el delito de daño, ambos en carácter de autora (artículos 183, 248 y 45 del Código Penal).

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El abogado querellante particular que intervino en representación de la denunciante del caso, adhirió a los hechos, prueba y calificación legal presentada por el MPF. El juez de garantías Lisandro Borgonovo, que estuvo a cargo de la audiencia, tuvo por formulados los cargos de acuerdo a lo solicitado por las partes acusadoras y fijó el plazo para concluir la etapa de investigación en dos meses.

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