Ludopatía en menores: agujeros negros con las apuestas ilegales y alerta de las provincias

A finales del año pasado, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción al proyecto de prevención de ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas en línea.

Entre otros alcances, la norma prohíbe el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios o plataformas de juegos de azar, apuestas de pronósticos y apuestas deportivas en línea. Desde noviembre último, el proyecto espera la sanción definitiva por parte del Senado, que esta semana empezó a debatir el tema en la comisión de Salud.

Los legisladores escucharon un crudo panorama respecto del impacto de la ludopatía en menores. Facundo Bianco, director de la consultora Bienestar Digital, manifestó que creen "fundamental" el proyecto de prevención de ludopatía infantil ante "las apuestas online que aparecieron masivamente hace dos, tres años" y son "un síntoma de época" sobre "la adolescentización de los niños" en "una era donde la tecnología coloniza las infancias".

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Reunión de la comisión de Salud del Senado de la Nación, el miércoles 3 de septiembre.

Al aportar datos sobre diversos estudios realizados, indicó que "el 95% de los chicos escucharon hablar de apuestas" y "4 de cada 10 confirma que apuesta"; mientras que un estudio de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires revela que "1 de cada 4 chicos apuesta", de los cuales "el 13% admite que es muy difícil parar" y "el 28% confiesa que tuvo ansiedad o estrés al no poder realizar una apuesta".

El proyecto que aprobó Diputados avanza con una serie de regulaciones en materia de apuestas virtuales, sin embargo, deja todavía varios agujeros negros en esta problemática que fue advertido por la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA), que también integra la provincia de Neuquén a través del Instituto de Juegos de Azar (IJAN).

La titular de ALEA, Ida López, explicó los avances que consiguieron las provincias en la fiscalización de los sitios de apuestas para evitar la penetración de las plataformas ilegales que tienen en las infancias, una carnada para sus negocios clandestinos con las severas consecuencias que este fenómeno provoca.

En efecto, las reguladoras –IJAN en el caso neuquino-, expresó López, tienen la trazabilidad de cada una de las personas que apuestan en línea, los detalles de cada jugada y datos personales. Además realizan auditorías y evitan que las apuestas se conviertan en un juego patológico. “Quien tiene un trastorno patológico no puede entrar en una plataforma legal, tampoco puede entrar un menor de 18 a jugar a estas plataformas y tal cosa se chequea a diario”, indicó la funcionaria.

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Lo que hacen las provincias es asegurar que todas las plataformas legales posean la denominación “bet.ar”. Por tanto, cuando aparece una plataforma “.com” o “.com. ar” es porque se trata de sitios ilegales y es allí donde “están jugando los menores de edad”, precisó la presidenta de ALEA.

Las herramientas que solicitaron las provincias para neutralizar los sitios de apuestas ilegales tienen que ver con una mayor celeridad para que el ENACOM pueda dar la baja a los sitios una vez detectados en forma automáticas. Actualmente, ese paso requiere una autorización judicial que suele demorar demasiado tiempo. “Cuando se consigue darle la baja, automáticamente aparecen diez más”, indicó López.

Además, ALEA advirtió que el proyecto aprobado en Diputados no permite el bloqueo de las denominadas pasarelas de pago que administran las apuestas y tampoco se hace mención a los influencers que, en las redes sociales, promocionan la utilización de plataformas ilegales entre las infancias y adolescentes.

Según un estudio realizado por las provincias, el mundo de las redes sociales es una de las principales vitrinas por donde los menores se enteran dónde y cómo apostar.

Por último, el diagnóstico que las provincias llevaron al Senado marca lo difícil que será la empresa de aplicar regulaciones sostenibles de los sitios de apuesta, toda vez que el 70 por ciento del juego de azar todavía es ilegal en Argentina.