Megacausa Techo Digno: otro intendente rionegrino y un empresario irán a juicio
Junto a los intendentes rionegrinos imputados, se sumó otro de Fernández Oro. Se investiga una malversación de 27 millones de pesos.
Las imputaciones se enmarcan en un acuerdo para la construcción de 404 viviendas en Cipolletti
La megacausa Techo Digno sumó nuevos imputados tras la finalización de la audiencia de control de acusación realizada en los Tribunales de Cipolletti. Se trata de Juan Reggioni, exintendente de Fernández Oro que se enfrentará a un nuevo juicio oral por las presuntas irregularidades en la construcción de viviendas financiadas con fondos nacionales.
En el expediente también está imputado el empresario Néstor Sarasola, quién habría intervenido en las contrataciones vinculadas a la ejecución de las obras del programa habitacional. Con esta imputación, Reggioni se convierte en el tercer intendente rionegrino que irá a juicio por la causa, como los ex intendentes Anibal Tortoriello y Abel Baratti.
El proceso fue confirmado tras la finalización de la audiencia de control de acusación que se llevó adelante en los Tribunales cipoleños, bajo la supervisión de la jueza María Florencia Caruso.
La megacausa Techo Digno comprende una serie de investigaciones abiertas en diferentes municipios de la provincia de Río Negro, en el marco de presuntas maniobras de corrupción en el manejo de fondos destinados a viviendas sociales.
La próxima semana tendrá lugar el inicio del juicio contra el ex intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, el primer jefe comunal que afrontará un proceso de este tipo. Mientras que en marzo de 2026 comenzará otro proceso, en el mismo fuero, contra la ex jefa comunal, María Eugenia Martini. La causa investiga la malversación de fondos nacionales hacia cuentas municipales.
Las condenas previas de Reggioni
Durante la etapa previa al juicio, el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna había impulsado un acuerdo de reparación económica con el empresario Sarasola, como sucedió con los casos en Bariloche y Sierra Grande. Sin embargo, el imputado rechazó la propuesta lo que derivó con el trámite judicial hacia el juicio oral.
De esta forma, la jueza Caruso dio por concluido el control de acusación, que había quedado en cuarto intermedio, y elevó la causa a juicio. Reggioni afrontará este nuevo proceso mientras acumula antecedentes por otras causas de corrupción vinculadas a su gestión como jefe comunal, en las que ya fue condenado en dos oportunidades.
En junio pasado, el exintendente fue sentenciado a dos años y medio de prisión en suspenso por irregularidades en la construcción de viviendas al final de su mandato. Al unificarse esta pena con una anterior, los magistrados resolvieron una condena única de tres años de ejecución condicional, manteniendo su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Su primera condena se dictó en 2019, cuando fue hallado culpable junto a su pareja, Elba Maldonado, su hijo Diego Quintero y Julia Susana Arellano Sánchez por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. En aquel entonces, recibió una pena de un año y medio de prisión en suspenso y la inhabilitación de por vida para ocupar cargos en la administración pública.
Cómo fue la malversación de fondos del plan de viviendas Techo Digno
El acuerdo fue suscripto por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y la Vivienda Federal y la Municipalidad de Cipolletti para la construcción de viviendas que brinden una solución habitacional a los cipoleños. Durante la gestión de Baratti, el gobierno local contrató a las empresas Zoppi Hnos., ECA S.A., Roque Mocciola S.A. y Zigma S.A. para ejecutar la obra.
Desde junio y diciembre de 2015, el municipio destinó pagos de anticipo financiero y certificados de obra por un monto total de $77.395.651 pese a que el monto correcto apenas superaba los $60 millones. “Es decir realizó un sobrepago de $16.551.411,02” detalló la fiscalía.
Desvío de fondos de más de 27 millones de pesos
Respecto de la gestión de Tortoriello, se indicó que en el primer cuatrimestre de 2015 se recibieron 22,8 millones de pesos, equivalentes al 11,26 % del convenio. Los montos debían completarse con $41.768.978,06, pero se abonaron más de $63.673.939,48 lo que representa un sobrepago de $21.904.961,42.
La acusación también sumó el análisis realizado por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPPV) que midió los avances físicos en la obra que resultaron menores a los certificados por las empresas, lo que constituye una sobre certificación. En este sentido se señaló la intervención de la funcionaria responsable del control interno contable, quien suscribió órdenes de pago que excedían los montos certificados.
Mediciones del IPPV reflejaron certificaciones falsas
En noviembre de 2016, la Municipalidad firmó convenios de rescisión con las empresas contratistas, donde reconoció como válidas las mediciones del IPPV. La fiscalía incorporó esos documentos que refuerzan la hipótesis de que las certificaciones previas no reflejaban la realidad de lo construido.
El segundo hecho atribuido a la causa está vinculado a la sustracción de fondos desde la cuenta creada en el Banco Nación para los fondos del programa “Techo Digno ”, que habrían sido transferidos hacia otras cuentas municipales.
Por estos episodios,los ex intendentes Baratti y Tortoriellofueron imputados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con peculado, ambos en carácter de autores. A la ex funcionaria contable y a los empresarios se les atribuyó participación necesaria en administración fraudulenta.
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