Neuquén en alerta roja por violencia de género: se registra el mayor número de casos con riesgo de femicidio en seis años

La ciudad de Neuquén atraviesa un escenario inédito en materia de violencia de género: 50 mujeres se encuentran bajo código A, es decir, en riesgo alto y permanente de femicidio. La cifra, sin precedentes para la ciudad, obligó a redoblar el trabajo territorial, las articulaciones institucionales y la asistencia directa. Así lo detalló la subsecretaria de las Mujeres del municipio, Alejandra Oehrens, quien advirtió que este aumento marca “el año más complejo desde la creación del área”.

El dato se suma a otro indicador que preocupa: más de 800 intervenciones en lo que va del año. En el mismo período de 2024 la Subsecretaría registraba unas 600. La funcionaria aseguró que el crecimiento refleja una realidad que se aceleró y que el Estado municipal sostiene con recursos propios para evitar nuevas muertes.

La Subsecretaría de las Mujeres fue creada hace seis años, durante la gestión de Mariano Gaido, con el objetivo de abordar la violencia de género de forma integral y territorial. Oehrens explicó que Neuquén es hoy “la única ciudad del país” que conserva un modelo con patrocinio jurídico gratuito, acompañamiento psicológico, asistencia en la ruta crítica, equipos territoriales permanentes y un observatorio propio que registra cada caso.

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Ese trabajo se concentra en Aliwenko, la Casa de las Mujeres, ubicada en Alta Barda, donde se reciben demandas espontáneas, se activan protocolos y se coordina articulación con hospitales, centros de salud, comisarías, fiscalías y otras áreas estatales.

“Cuidamos 50 vidas mañana, tarde y noche para que no las maten. Cada una de esas mujeres vive en riesgo permanente”, remarcó Oehrens en su paso por Bajá La Data. El número triplica a los 16 casos con código A que se contabilizaban a esta misma altura del año pasado.

La importancia de la decisión política y las fallas de la Justicia

Para la funcionaria, el sostén del área no depende solo de presupuesto, sino de una definición política que se mantiene desde su creación. “No alcanza con promover derechos. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la vida. Ese compromiso es lo que mantiene en pie este proyecto”, afirmó.

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El modelo neuquino se basa en un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud, hospitales, centros de salud, la Policía —particularmente con las oficinas de atención primaria de cada comisaría— y el Ministerio Público Fiscal. Con este último firmaron el primer convenio para agilizar el acceso a la fiscalía de género y evitar demoras que, en contextos graves, pueden ser fatales.

Las mujeres en situación de violencia “no pueden esperar lo que decida un juez”, explicó Oehrens, porque “para ellas los minutos cuentan como segundos de vida”.

Aunque la intervención municipal se sostiene en cada caso desde el primer contacto, Oehrens señaló que existe un desfasaje crítico con el sistema penal. “Hay un abismo entre la realidad y la Justicia. No se puede esperar un año para que un juez ordene sacar de la casa a un agresor con más de 20 denuncias”, sostuvo.

Durante ese tiempo, remarcó, las mujeres deambulan por la ciudad con sus hijos a cargo, en pleno riesgo. “El Estado hace un esfuerzo enorme en lo psicológico, en lo emocional, en lo material, para que esa mujer no se suicide, porque muchas de ellas también viven ese riesgo. Pero la respuesta penal no está llegando a tiempo”, advirtió.

violencia de género.

En seis años, la subsecretaría acumuló 54 mil intervenciones, una cifra que marca tanto la magnitud del problema como la capacidad operativa del área, aunque también la falta de acompañamiento de otros sectores estatales.

Quiénes son las mujeres en riesgo extremo y quiénes son los agresores

El Observatorio de la Subsecretaría identificó un patrón común en los 50 casos con riesgo de femicidio: todas las mujeres tienen hijos e hijas a cargo. Esa característica atraviesa a todos los estratos sociales.

“Tenemos víctimas de clase media alta, mujeres de sectores populares, profesionales, parejas de jueces, abogados, periodistas. Hay de todo. Lo único que se repite es que están a cargo de sus niños y niñas”, indicó Oehrens.

El mapa de violencia intrafamiliar muestra focos críticos en Alta Barda, Mercantiles, Copol y 14 de Octubre, todos barrios de clase media o media alta. Allí la Subsecretaría registra indicadores en “alerta roja”. Al mismo tiempo, persisten altos niveles en Valentina Sur, donde la problemática se cruza con narcomenudeo, y también en Valentina Norte Rural y Cuenca XV, con numerosas denuncias de abuso sexual y casos de niñas de entre 12 y 13 años que fueron violadas y hoy tienen hijos.

En los primeros años, los agresores con más presencia eran trabajadores del sector petrolero. Hoy ese perfil se mantiene alto, pero ya no es el único. Oehrens explicó que también intervienen en numerosos casos que involucran a empleados estatales, efectivos de fuerzas policiales y empresarios. “Lo que cambió en los últimos años es que cada vez más mujeres con nivel económico alto se animan a pedir ayuda”, afirmó.

Ese dato también surge durante el acompañamiento territorial: muchas mujeres que vivían con estabilidad material tardan más en lograr independencia emocional o económica y recién ahora se acercan a solicitar asistencia.

Independencia económica: una herramienta para sobrevivir

Uno de los ejes que más fortaleció la Subsecretaría es la autonomía económica de las mujeres. Para eso crearon el programa “Las Mujeres Hacemos”, que comenzó como un proyecto y hoy es una ordenanza municipal. Permite que cada mujer elija un oficio, acceda a capacitación y reciba herramientas e insumos para desarrollar un microemprendimiento dentro de su hogar.

Una mujer con código A no puede trabajar fuera de su casa ni circular libremente. El programa, entonces, se convierte en una herramienta de supervivencia: evita la dependencia del agresor y del Estado.

Hay mujeres que hoy son gasistas matriculadas, electricistas, torneras, modistas, peluqueras o manicuras. Varias formaron un salón colectivo en la zona oeste donde se turnan para trabajar y cuidar a los hijos de todas. “Es una red de sostén entre ellas mismas. Una forma de salir adelante con dignidad”, destacó la subsecretaria.

La urgencia del presente y el desafío del futuro

La funcionaria insistió en que los números por sí solos no alcanzan para dimensionar la gravedad del problema. “No estamos hablando de estadísticas: estamos hablando de vidas”, afirmó. El aumento de los casos en riesgo extremo obliga a reforzar la articulación institucional y a revisar de manera urgente el rol de la Justicia penal.

“Tenemos 50 mujeres que pueden ser asesinadas si el Estado no actúa de manera rápida y coordinada. No hay margen para las demoras”, concluyó Oehrens.

En caso de necesitar ayuda, acercarse a Aliwenko, la Casa de las Mujeres, en calle El Ceibo 426, barrio Alta Barda.