La misteriosa desaparición encendió la alarma en Parques Nacionales y ofrece una recompensa millonaria.
La desaparición de Acaí, una hembra de yaguareté en un parque nacional argentino generó preocupación entre equipos de conservación, y provocó la apertura de una causa judicial. El caso expone los riesgos que enfrenta la especie en una de las regiones más desafiantes del país.
Parques Nacionales anunció una recompensa de $250.000.000 para quienes aporten datos precisos que permitan conocer el destino del animal, un paso que refuerza la gravedad de lo sucedido y la urgencia de obtener información confiable.
Acaí fue liberada hace pocas semanas en el Parque Nacional El Impenetrable. Formaba parte de un grupo reducido de yaguaretés monitoreados en El Impenetrable, donde la especie conserva el estatus de Monumento Natural Nacional y Provincial.
Su desaparición se volvió un golpe duro para los programas de recuperación, ya que ocurrió a pocas semanas de su liberación definitiva y pese al sistema de seguimiento satelital que registraba su ubicación casi en tiempo real.
Desde la última señal del collar, captada cerca del río Bermejo, se desplegó un operativo que reunió a personal de Parques Nacionales, especialistas de la Fundación Rewilding Argentina, representantes provinciales y la Justicia Federal. Ese dispositivo incluyó buzos de Bomberos, patrullajes diarios, análisis de geolocalización y tareas de inteligencia en campo. A pesar de ese despliegue, ni el collar ni el cuerpo de la yaguareté aparecieron.
El fiscal federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, detalló que el daño ambiental por la desaparición ronda los $2.700 millones, una cifra que ilustra la importancia biológica del ejemplar para el ecosistema chaqueño. También confirmó allanamientos, incautaciones de celulares y revisión de reportes locales, aunque ninguna medida permitió obtener un indicio concluyente.
Recompensa, colaboración comunitaria y nuevas líneas de análisis
La Administración de Parques Nacionales comunicó este fin de semana, que cualquier persona que aporte datos útiles podrá acceder a una recompensa de $250 millones, siempre que la información conduzca a identificar responsables o a reconstruir la secuencia de hechos. El pedido apunta especialmente a pobladores y trabajadores rurales de la zona, quienes conocen los caminos internos, los cursos de agua y los accesos que suelen utilizar cazadores furtivos o traficantes de fauna.
El protocolo de búsqueda también contempla la revisión de imágenes satelitales, la validación de testimonios y la exploración de posibles encuentros del animal con perros u otras especies domésticas. Según el fiscal, cada pista resulta valiosa porque el entorno es vasto, poco habitado y con condiciones que dificultan cualquier inspección prolongada.
Amad pidió evitar conclusiones anticipadas. “No descarto ninguna hipótesis, pero no puedo afirmar que actuó una banda de cazadores furtivos ni que Acaí está muerta”, señaló en una entrevista radial. Para la Justicia, la prioridad es reconstruir los movimientos previos a la desaparición y establecer si existió intervención humana.
El proyecto de reintroducción y la urgencia de reforzar la protección
Acaí, de 2 años y 8 meses, ingresó al programa de reintroducción el pasado 5 de octubre. Su collar satelital emitía reportes horarios y actualizaciones cada cuatro horas, lo que permitía observar sus desplazamientos en sectores de monte cerrado. Esos primeros movimientos eran considerados normales dentro del proceso de adaptación. Todo cambió el 25 de octubre, cuando el dispositivo dejó de enviar señal.
En un comunicado inicial, Parques Nacionales informó que el collar había aparecido en el Bermejo, pero el fiscal desmintió ese dato y aclaró que no existe evidencia concreta para sostenerlo. La falta de certidumbre profundiza la preocupación entre los equipos que desde hace años trabajan para que el yaguareté recupere presencia estable en el Chaco.
La desaparición ocurre en un contexto donde la especie enfrenta caza furtiva, degradación del hábitat y conflictos con actividades productivas. Por eso, cada ejemplar liberado es resultado de años de preparación, inversión y trabajo articulado entre organismos públicos y organizaciones especializadas.
Hoy, la prioridad es doble: saber qué pasó con Acaí y revisar los protocolos para evitar que un caso similar vuelva a repetirse. Mientras tanto, la recompensa de $250.000.000 busca destrabar el silencio que rodea el hecho y abrir una puerta hacia la verdad.
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