El mercado mira con preocupación la falta de habilidad política del Gobierno

El Gobierno enfrentará el último tramo de agosto envuelto en un serio conflicto con el Congreso, el cual con diferentes leyes y rechazos de vetos tratar de marcarle el límite al ajuste y la motosierra de Javier Milei.

Los números que acordó el ministro de Economía, Luis Caputo, para el 2026 indican de alguna manera cuál es la aspiración de ajuste que quiere el Gobierno, mientras que si se lo contrasta con el costo del paquete que impulsa la oposición, surge cual podría ser el nivel de ajuste viable políticamente.

Por que si bien, en términos de técnica económica es bueno que se puedan conseguir niveles altos de superávit fiscal, es cierto que ello opera sobre una sociedad y un escenario político determinado. Unos pueden decir que Argentina tiene que tener 2 puntos de PBI de saldo a favor todos los años, para poder pagar los intereses de la deuda y otros le pueden advertir que no es viable.

El debate sobre el ajuste en discapacidad,luego salpicado por el un escándalo de denuncia de corrupción, es una muestra de lo fácil que es planear un ajuste en un tablero, y lo complicado que es plasmarlo en la realidad.

Para el 2026 Argentina está comprometida ante el FMI a lograr un superávit primario de 2,2% del PBI, y uno financiero de 0%. Eso quiere decir que todo el dinero que logre ahorrar de gasto primario se tiene que ir a pagar intereses de deuda.

Por otro lado, el paquete que impulsa la oposición y los gobernadores de las provincias tenía un costo total del 1,77% según datos de la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC). Eso incluía todo el combo previsional, reparto de ATN e impuesto a los Combustibles, y emergencia para discapacidad. Eso dejaria un margen de 0,43 puntos de superavit.

Pero como el combo jubilatorio no prosperó porque La Libertad Avanza logró la cantidad de diputados necesaria para defender el veto presidencial a la iniciativa, se podría decir que ahí se logró un ahorro de 0,87% del PBI.

La capacidad política, en la mira

Los planes económicos no son solo eficientes por lo que indican los tableros de una planilla de cálculo, sino por la capacidad política de un gobierno de poder llevarlos a cabo.

En 2024 el Gobierno nacional se negó a negociar una Ley de Presupuesto para el 2025, de manera que este año no hay una pauta de ingresos y gastos que haya sido acordada por todos los sectores. El gobierno gasta por decreto. Pero al final de todo la realidad empieza a filtrarse.

Más allá de su ambición como figura disruptiva, el presidente Javier Milei podría haber pactado un presupuesto con superávit algo más bajo y haber conseguido armar mayorías parlamentarias para sostenerlo.

Pero al preferir el camino de la confrontación y poner por encima de las necesidades del programa la interna para absorber todo dirigente no peronista, más que nada del PRO, para construir su propio espacio, dejó de lado el hecho de que necesita el respaldo de esos a los que quiere “chupar” para su espacio.

“Si bien el Congreso viene aportando su parte de volatilidad, tampoco se puede desconocer que el Gobierno tenía una número que le permitía blindar vetos y DNU, y que los perdió al calor de las confrontaciones, las propias internas y el no saber conceder en determinadas cuestiones o hacerlo a destiempo, como fue el caso del Garrahan o la Ley de Emergencia en Discapacidad, con todo lo discutibles que son dichas normas”, señala la consultora Outlier.

Si bien es cierto que la Argentina que dejó Alberto Fernández era de un verdadero descalabro económico y financiero, y que el equipo e Luis Caputo evitó una crisis de graves proporciones, también es cierto que el FMI opera siempre políticamente, mas que tecnicamente. De hecho, hubiera aprobado un programa con menor nivel de ambición técnica, pero con factibilidad política, y ello, incluso, hubiera sido bien visto por los mercados, que hoy solo ver que si hubiera un recambio de gobierno el siguiente podría cambiar de rumbo.